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Exhibición de la diversidad o construcción de solidaridades

La izquierda caníbal, un síndrome universitario

Las universidades estadounidenses se han convertido en los bastiones privilegiados de un análisis identitario de la sociedad. Por lo tanto, los conflictos ordinarios que surgen en ellas a menudo se interpretan como la expresión de una u otra dominación. A riesgo de que los estudiantes crean que pueden luchar por la justicia social sin salir de sus campus.

por Rick Fantasia, agosto de 2019

La izquierda estadounidense se encuentra en primera línea a la hora de oponerse al presidente Donald Trump, a sus políticas económicas y sociales y a sus declaraciones racistas. Los militantes progresistas, en pocas ocasiones procedentes de las clases populares, con bastante frecuencia con estudios, han adquirido su cultura política en un entorno social que genera más trabajadores cualificados y ejecutivos que empleados y obreros. Como la mayoría de los estadounidenses, tienden a residir en comunidades relativamente homogéneas y se relacionan, sobre todo, con personas que piensan como ellos. En suma, viven en enclaves de confirmación recíproca, en la mayoría de los casos cerca de lugares pensados para ellos (restaurantes y cafés, galerías de arte, museos, salas de conciertos, universidades, etc.). Los establecimientos de enseñanza superior en los que estudiaron también desempeñan un papel que va más allá de la formación profesional. Sus años universitarios les procuran a los futuros ejecutivos superiores contactos y relaciones que les marcarán. Lejos de la autoridad parental, viven una vida independiente en los campus, se abren a nuevas perspectivas, establecen redes de amistades y ganan en madurez sexual (1).

En Estados Unidos, como en muchos otros países, las universidades sirven igualmente como rampas de lanzamiento a las movilizaciones protestatarias. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes desempeñaron un papel decisivo en las luchas por los derechos civiles, por los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, así como en la oposición a la guerra de Vietnam, por no hablar de que los campus sirven tradicionalmente como campamentos base para los movimientos sociales y como campos de entrenamiento para los militantes. Corrientes radicales de orientaciones muy diversas se expandieron por las facultades. Pero, a partir de los años 1980, un prisma predominante se fue imponiendo progresivamente: la santísima trinidad de la identidad social, raza, género y clase. Ese “discurso identitario” ha prosperado en la mayoría de los departamentos de Ciencias Humanas, promovido por el desarrollo del ámbito de los estudios interdisciplinares de los cultural studies (2).

Aunque el enfoque identitario se encuentre muy presente en otras instituciones –las artes, la filantropía, los medios de comunicación–, la universidad sigue siendo su principal bastión. En una época en la que los discursos conservadores predominan en el resto de la sociedad, la enseñanza superior es una de las pocas instituciones en la que las ideas de izquierdas no solo son aceptadas, sino que también son libres para desarrollarse, hasta el punto de ejercer cierta influencia, especialmente en las humanidades (3). Es un poco como si, frente a la ofensiva reaccionaria, profesores y estudiantes hubieran respondido cerrando a cal y canto las puertas de sus universidades para purificar los espacios que aún podían controlar, liberándolos del racismo y de la homofobia que, a su parecer, impregnan la sociedad. En realidad, para encontrar racismo, no tienen que buscar muy lejos: la mayoría de las universidades estadounidenses practicaron en sus orígenes la exclusión racial y sexual. Las más venerables (Harvard, Georgetown, Yale, Brown) incluso se beneficiaron en gran medida del trabajo de los esclavos y del sistema esclavista (4).

Sin embargo, en este momento de obsesión identitaria, este tema despierta poca curiosidad entre los militantes. Prefieren centrarse en las interacciones sociales que tienen lugar en sus campus. Dicha decisión ha provocado polémicas relacionadas con el contenido de los planes de estudios, el desarrollo de las clases o incluso las “microagresiones” que se producirían cotidianamente. Las microagresiones son tensiones o conflictos de baja intensidad que ocurren cuando estudiantes procedentes de medios sociales estigmatizados se sienten dañados por formas de expresión humillantes o insultantes desde su punto de vista, que vienen de personas con una posición de autoridad o de otros estudiantes que, a su parecer, proceden de entornos más favorecidos que el suyo. Un desacuerdo, expresado por el “dominante”, se convierte a menudo en una microagresión para el “dominado”.

Estos pequeños enfrentamientos resultan, al menos en parte, de la dificultad de hacer que convivan estudiantes con perfiles sociales a veces muy alejados. En efecto, en estos últimos años, la mayoría de las universidades privadas más costosas han incrementado sus ayudas financieras para estudiantes de entornos desfavorecidos. Poner a convivir a jóvenes con orígenes sociales dispares, lógicamente, ha aumentado la probabilidad de conflictos interpersonales, a menudo interpretados a través del filtro de las “microagresiones”.

Para evitar los problemas, sobre todo jurídicos, que se derivan de estos conflictos, los administradores de las universidades deben gestionar con mucha mano izquierda la vida de su institución. Un error de comunicación, una mala decisión o una declaración desafortunada pueden tener consecuencias explosivas. Para evitar herir la sensibilidad del otro, se invita a estudiantes, profesores y personal administrativo a participar en talleres y a formarse. Las palabras “tolerancia”, “diferencia” y “sensibilidad” invaden las circulares. En definitiva, un estudiante que quiera que le perciban como militante por la justicia social no necesita recurrir a las prácticas políticas de sus mayores: coordinarse para actuar colectivamente, construir una organización duradera, intentar llegar a personas ajenas a los campus, encontrar puntos de convergencia y de unidad con los demás, incluso persuadirlos de que cambien… Le basta con esgrimir la diferencia como un valor en sí mismo y denunciar la ignorancia y la falta de sensibilidad de aquellos que presentan alguna objeción o que se enfrentan a él.

En los establecimientos más prestigiosos, muchos estudiantes y docentes proceden de la elite. E incluso cuando no es el caso, observan desde las alturas de sus majestuosos campus la pobreza, la decadencia social y la exclusión que reinan en el exterior. Experimentan así un sentimiento de responsabilidad, pero, a veces, también de culpabilidad para con aquellos que se ven excluidos de su mundo. Ahora bien, si se mira a través del prisma de la raza, se percibe la desigualdad con más frecuencia como un “privilegio de blancos” que como el producto de una dominación de clase. Al admitir públicamente sus “privilegios” (de raza, de género, de orientación sexual, etc.), los estudiantes se consideran (al menos de forma parcial) absueltos del beneficio que les procuran, algo así como si se sacaran de la manga una carta de Monopoly de “Salga de la cárcel”. Semejantes prácticas políticas se asemejan a un juego de sociedad en el que se obtendría crédito admitiendo a los demás la conciencia y la vergüenza que se tiene de sus propios privilegios, y alejando (temporalmente) así la acusación de utilizarlos.

Aunque estos comportamientos políticos se encuentran principalmente en los campus, sus efectos se perciben mucho más allá, en particular en las redes sociales. Al permitir actuar en el anonimato, Internet fomenta una especie de “militancia por la justicia social” que adopta la forma de humillación pública de los adversarios y que pretende ganar adeptos no basándose en intereses comunes, sino agitando el miedo a ser estigmatizado a ojos de todos. La humillación en línea aparece como una práctica propiamente social, en el sentido de que aporta a aquel que se entrega a ella reconocimiento y apoyo por parte de los otros adeptos. “En muchos casos –observa un especialista en esta cuestión–, el objetivo de la justicia por la vergüenza parece ser el placer, que se consigue en Internet, de estar acompañado de otras personas que están de acuerdo con nosotros” (5).

Este mecanismo recuerda la cencerrada medieval, un ritual de humillación pública destinado a censurar un comportamiento transgresivo o a hacer respetar las costumbres locales. Las cencerradas situaban en su punto de mira, en la mayoría de los casos, a miembros de la comunidad cuyos matrimonios era juzgados como socialmente inaceptables o que habían cometido adulterio. Durante esta parodia de serenata, la víctima desfilaba por la ciudad, a menudo obligada a montarse al revés en un asno y a llevar ropajes grotescos, bajo los abucheos de los vecinos del pueblo, que expresaban su hostilidad en una cacofonía de ruidos rudimentarios. “Se puede denunciar a la gente por declaraciones y actos de discriminación relacionados con el género, la raza, la discapacidad, etc. –explica el escritor Asam Ahmad–. Como las denuncias tienden a ser públicas, favorecen una militancia universitaria de salón, en la que la denuncia constituye un fin en sí. La nocividad de esta cultura reside no solo en su difusión, sino también en su naturaleza y su puesta en escena. En Twitter o en Facebook, denunciar a alguien no implica una simple interacción entre dos individuos: es un espectáculo que permite a los actores demostrar su elocuencia y su pureza política” (6).

El prisma identitario forjado en las universidades se difunde en la actualidad a través de los discursos y las prácticas políticas de toda la izquierda estadounidense, y determina cada vez más la manera en la que se percibe la sociedad. Para darse cuenta de ello, basta con observar las actividades de Class Action, una pequeña organización sin ánimo de lucro con sede en Boston (Massachusetts). Esta estructura fue fundada por dos mujeres procedentes de entornos sociales opuestos: una creció en una familia burguesa, de la que recibió una buena herencia; la otra viene de un entorno popular y milita desde hace mucho tiempo por la paz y los derechos de las mujeres y de las lesbianas. Con otras cuatro personas de orígenes diversos, formaron un “grupo de diálogo entre clases”, que se ha reunido seis horas cada semana durante seis años (7).

Class Action, muy activa en todo el país, ofrece talleres y sesiones de formación para fundaciones filantrópicas, organizaciones religiosas, escuelas privadas, organizaciones para el cambio social, así como universidades (su sitio web enumera 57 establecimientos de enseñanza superior). Los talleres pretenden alcanzar tres objetivos principales: “construir puentes entre personas de diferentes clases”, ayudar a la gente a superar el dolor psicológico causado por la identidad y la experiencia de clase y reducir el “clasismo” en el mundo laboral y de la enseñanza.

No se podría reprochar a esta organización el ayudar a los ciudadanos a gestionar una situación que, a veces, solo comprenden de forma limitada. Pero nada indica que un trabajo de este tipo permita mejorar el destino de las clases populares. La noción de clase, tal y como se presenta, parece estar disociada de las dinámicas colectivas y de los conflictos que implican las relaciones de clase. Por consiguiente, estas parecen apelar a un tratamiento mediante terapia de grupo a fin de curar unas heridas psicológicas. Asimismo, la reciente invención de la palabra “clasismo”, basada en el modelo de “racismo” y “sexismo”, remite mucho más a las actitudes y a las declaraciones nocivas (esnobismo, desprecio) que a la expropiación material de los trabajadores que deriva, lógicamente, de un orden capitalista. Por lo demás, “construir puentes” entre ricos y pobres no remediará la cuestión de las desigualdades.

No se trata realmente de interseccionalidad, un concepto invocado con demasiada frecuencia para minimizar la perspectiva de clase con el pretexto de que todas las expresiones de identidad y los motivos de división deben estar incluidos en el marco explicativo de todos los fenómenos sociales. Ya que, a diferencia de lo que pasa en Europa, la mayoría de los estadounidenses tienen una concepción rudimentaria de la noción de clase. Se les repite que no es más que una ilusión. Por lo tanto, otras formas de división constituyen espontáneamente, para ellos, una fuente de desigualdades mucho más evidente.

Por ejemplo, perciben la cuestión de la violencia policial como un problema exclusivamente racial; ciertamente, los vídeos que circulan por Internet a menudo muestran a hombres negros agredidos por las fuerzas del orden, lo que inscribe esta violencia en la larga historia del racismo en Estados Unidos. Sin embargo, tal y como subraya el politólogo Cedric Johnson, “el prisma racial no permite explicar la crisis de violencia política actual, en la que los negros se encuentran excesivamente representados pero no conforman la mayoría de las víctimas. En 2015, 1.138 personas murieron a manos de la Policía en Estados Unidos, entre los cuales había 581 blancos, 306 negros, 195 latinos, 24 asiáticos o autóctonos de las islas del Pacífico, 13 amerindios y 27 personas de origen étnico desconocido. (…) Los individuos sin empleo o sin domicilio, aquellos que trabajan en la economía informal o que viven en zonas en las que predomina este tipo de economía son los más susceptibles de ser vigilados, perseguidos y detenidos regularmente. Los militantes de Black Lives Matter [“Las vidas de los negros importan”] postulan que los negros son objeto de una injusticia focalizada, mientras que, en realidad, la violencia del Estado carcelario afecta al conjunto de las clases populares. ¿Por qué unirse a eslóganes políticos que excluyen a algunas víctimas y truncan así la base popular potencial para reformas progresistas?” (8).

Este ejemplo revela los límites de un sistema que parece descartar cualquier posibilidad de solidaridad interracial y que niega, de manera implícita o explícita, su importancia primordial como fuente de poder social para aquellos que cuentan con poco. Mientras que las reivindicaciones identitarias permiten que progrese la participación democrática, las luchas por la inclusión de grupos antes excluidos pierden pertinencia cuando se conciben como la única piedra angular de una estrategia política, en particular en un contexto en el que los propios fundamentos de la inclusión –la regulación del mercado laboral, los derechos sindicales, la estabilización de los flujos migratorios, etc.– están siendo desmantelados. El sentido de una lucha por la inclusión cambia cuando el mundo de la exclusión se extiende, cuando se pueden alegar intereses comunes para alentar una participación más amplia en las luchas militantes. La lucha por la igualdad racial, un objetivo para todos, puede inscribirse entonces en un proyecto más amplio de defensa de los derechos sociales, políticos y económicos de todos.

La solidaridad no es algo evidente (9). Numerosas divisiones, a menudo instauradas por los empleadores, atraviesan el movimiento sindical estadounidense. La patronal, consciente de la fuerza potencial de los obreros y de los empleados, pretende dividir a la mano de obra en el mercado laboral y en las empresas. En Estados Unidos, introducir un sindicato en una unidad de producción, organizar una huelga o negociar un contrato es todo un desafío. Para lograrlo, siempre hay que superar profundas diferencias sociales, ya sean de raza, de nacionalidad, de género, de etnicidad, de sexualidad o de todos estos criterios conjugados. Además, por eso fracasan a menudo los intentos, especialmente porque la legislación tiende a favorecer a los empleadores. Con todo, cuando los sindicatos se organizan para buscar y cultivar puntos en común, consiguen superar con mayor facilidad la implacable fragmentación y el individualismo de la sociedad estadounidense. Ayudan entonces a que los trabajadores se conozcan y a que se construyan solidaridades. Esta dinámica resulta familiar para los militantes sindicales, o la aprenden entonces; de lo contrario, fracasan. Se construyen solidaridades en otros sitios distintos al lugar de trabajo, pero este ejemplo es bastante indicativo del tipo de enfoque que permite conseguirlo.

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(1) Véase “Tráfico de influencias en el mercado académico estadounidense”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2004.

(2) Rogers Brubaker, “Beyond ‘identity’”, en Rogers Brubaker (bajo la dir. de), Ethnicity Without Groups, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2006.

(3) Cf. David L. Kirp, Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line: The Marketing of Higher Education, Harvard University Press, 2003.

(4) Cf. Leslie M. Harris, James T. Campbell y Alfred L. Brophy (bajo la dir. de), Slavery and the University: Histories and Legacies, University of Georgia Press, Athens, 2019; Craig Steven Wilder, Ebony and Ivy: Race, Slavery, and the Troubled History of America’s Universities, Bloomsbury Press, Nueva York, 2013.

(5) Kathryn J. Norlock, “Online shaming”, Social Philosophy Today, n.° 33, Charlottesville (Virginia), 2017.

(6) Asam Ahmad, “A note on call-out culture”, Briarpatch Magazine, Regina (Canadá), 2 de marzo de 2015.

(7) How we got started”, Class Action.

(8) Cedric Johnson, “The Panthers can’t save us now”, Catalyst, vol.1 n.° 1, Nueva York, primavera de 2017.

(9) Cf. Cultures of Solidarity: Consciousness, Action, and Contemporary American Workers, University of California Press, Berkeley, 1988.

Rick Fantasia

Profesor de Sociología en el Smith College en Northampton, Massachusetts. Autor de French Gastronomy and the Magic of Americanism (Temple University Press, Filadelfia, 2018), cuya traducción al francés se publicará en 2020 en la editorial Seuil, París.