Mayo de 2017. La entrada en funciones de Lenín Moreno como presidente de Ecuador provocó un suspiro de alivio entre los progresistas latinoamericanos. Al ganarle al banquero Guillermo Lasso, Moreno acababa de frenar el avance de la derecha en la región tras la elección de Horacio Cartes en Paraguay, en 2013, de Mauricio Macri en Argentina, en 2015, o el nombramiento de Michel Temer en Brasil a raíz de la destitución (más que cuestionada) de Dilma Rousseff, en 2016 (1).
Durante la campaña, Moreno prometió continuar con la “revolución ciudadana” de su predecesor Rafael Correa, una mezcla de desarrollo, de redistribución y de reconstrucción del Estado. También se comprometió a corregir el estilo, considerado agresivo y “verticalista”, del presidente saliente. ¿Su promesa? Organizar un gran diálogo nacional para acabar con la polarización, que habría agotado a una parte de la población. El cuestionamiento del modelo correísta se reforzó con la crisis económica de 2015-2016 y los escándalos de corrupción que alcanzan al entorno del exjefe de Estado. Para Moreno, había llegado la hora del cambio.
Una vez pasadas las elecciones, el país descubría que el “diálogo nacional” no tenía más que un objetivo: operar el acercamiento entre el Palacio de Carondelet (sede del poder ejecutivo) y las elites anticorreístas.
Apenas se había colocado la banda presidencial y Moreno actuaba ya como si su legitimidad dependiera de su capacidad para efectuar una reconciliación tan insólita. El programa que acababa de triunfar en las urnas, y que amenazaría con obstaculizar el “diálogo”, parecía haberse volatilizado.
Restauración del poder de los mercados, alineamiento con la política exterior estadounidense: las primeras medidas de Moreno dejaron estupefacta a la izquierda regional. Y entusiasmaron a la derecha. ¿A quién eligió el nuevo presidente como principal adversario? Al hombre cuya política había prometido continuar y del cual fue vicepresidente durante seis años, de 2007 a 2013: Rafael Correa. Revolución Ciudadana (RC), ese proyecto político progresista que transformó el país, acababa de llevar al poder a un hombre que se esforzaba en deshacerla.
En febrero de 2018, el Gobierno de Moreno organizó un referéndum presentado como indispensable para “luchar contra la corrupción”. Su objetivo real: debilitar al expresidente, aún muy apreciado por una parte de la población. De las siete propuestas sometidas a votación, una prohibía a los mandatarios políticos presentarse más de dos veces para ocupar el mismo cargo; otra permitía destituir a los funcionarios designados para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social considerados allegados del exjefe de Estado. Moreno consiguió su objetivo y salió ganando en gran medida. Correa, al no poder ya presentarse a las elecciones presidenciales de 2021, se vio debilitado. El soplo de aire fresco provocado por la partida de sus allegados transformó el palacio presidencial en un acogedor nido hacia el que se precipitaban los representantes de la elite, de la patronal y de la derecha.
Alianza País (AP), partido fundado por Correa en 2006, se había convertido en el más importante desde el final de la dictadura, en 1979. En 2017, obtuvo la mayoría en el Parlamento, incluso aunque su grupo pasó de 100 escaños en 2013 a 74 (de 137). En el momento más intenso del conflicto entre Correa y Moreno, el Tribunal Electoral decidió situar al partido bajo el control de los allegados del segundo, obligando a sus adversarios políticos a intentar fundar una nueva estructura. No obstante, a esta última le resultó difícil materializarse debido a los obstáculos que las autoridades electorales –ahora cercanas a Moreno– colocan en su camino (2). La implosión de las fuerzas que ayer encarnaban unidas la Revolución Ciudadana facilitó el acercamiento entre las elites y el presidente Moreno, quien nunca ha concebido los partidos y las movilizaciones populares como fuerzas democráticas útiles para la reconstrucción de bloques políticos. Unos meses más tarde, el nombramiento de Richard Martínez, patrón de los patronos ecuatorianos, para el puesto de ministro de Economía reforzaba el pacto que respaldaba el poder de Moreno, pese a que la escisión entre correístas y morenistas le había privado de la mayoría en el Parlamento.
Pero el nuevo clan en el poder no se reduce a las elites tradicionales: también incluye, en un nivel inferior, a intelectuales identificados como “progresistas”, a representantes sindicales y a figuras del movimiento indígena. Esta situación ha sorprendido a una parte de la izquierda regional. En agosto de 2018, por ejemplo, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1980, dirigía una carta pública a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Por aquel entonces, Moreno acababa de ofrecer a la organización su instalación en los locales ecuatorianos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la cual, al unísono con la derecha local, pretende debilitar: “Lenín Moreno, junto a otros mandatarios de países con políticas neoliberales, están buscando destruir estos espacios de integración y participación –escribe Pérez Esquivel–. (…) Los pueblos indígenas del Ecuador siempre estuvieron presentes en la lucha por sus derechos y libertad, y sería lamentable que acepten este ofrecimiento que busca desproteger las democracias de nuestros pueblos. La CONAIE no puede desconocer que el rol clave que tuvo la UNASUR para evitar y denunciar golpes de Estado en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Honduras, entre otros” (3). Su misiva sigue sin respuesta.
El nuevo presidente, al haber vuelto a situar los intereses patronales y el sector reaccionario de las organizaciones sociales y sindicales bajo la protección del Estado –una iniciativa a la que siempre se negó Correa–, consigue gobernar con un partido sin cohesión política, sin base electoral y sin apoyo popular. El poder desarrolla la idea de que la explicación de la crisis que atraviesa el país se encontraría en el “despilfarro populista”. Martínez gira el timón a la derecha: objetivo de superávit presupuestario primario, liberalización comercial, flexibilización del código laboral. La ley orgánica para el fomento productivo, aprobada en agosto de 2018, impone la austeridad a la vez que erradica las políticas de desarrollo y de redistribución del mandato anterior.
En el ámbito del sistema impositivo, el texto prevé una amnistía para los particulares morosos, así como una serie de obsequios destinados a las grandes empresas, con el pretexto de “favorecer el regreso de los inversores”. La ley, presentada como una medida destinada a financiar el Estado, valida la insubordinación fiscal de los poderosos. Además, se ha suprimido el primer artículo de la ley orgánica para la defensa de los derechos laborales. Permitía que las autoridades emprendieran acciones legales contra los empresarios que hubieran atentado contra los intereses de sus asalariados ocultando recursos o vaciando los talleres de máquinas.
Al tratarse de políticas de desarrollo, el poder renuncia a gravar las extraordinarias subidas del precio de las materias primas o las repatriaciones de divisas. Igual que el Gobierno brasileño, se prohíbe que el gasto público aumente más del 3% al año y restringe el déficit presupuestario solamente al reembolso de los intereses de la deuda. La inversión ha desaparecido de la caja de herramientas de las políticas públicas; las privatizaciones, por el contrario, se facilitan a través de subvenciones garantizadas en varios años. El poder, sin dudar a la hora de trasgredir la Constitución, adopta el sistema internacional de arbitraje para la resolución de litigios en todas las inversiones extranjeras (4).
Además de su participación en el debilitamiento de la UNASUR y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Moreno propone la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico, una organización librecambista que reúne a los Estados latinoamericanos dirigidos por conservadores. Se pronuncia contra el asilo concedido a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, atrincherado en la Embajada de Ecuador en Londres por temor a ser extraditado a Estados Unidos (véase "En defensa de Julian Assange").
La “debacle populista” que denuncian los neoliberales ecuatorianos parece difícil de demostrar: entre 2007 y 2016, el índice de pobreza disminuyó del 37% al 23% y el producto interior bruto aumentó un 68%. No obstante, se valieron de ello para reorganizar la sociedad con el fin de complacer a los mercados internacionales. Pero los principios de su nueva economía se asemejan en gran medida a las antiguas lógicas rentistas que mantenían la oligarquía de antaño.
En un país que acababa de atravesar un largo ciclo de hegemonía de la corriente progresista encarnado por Correa, habrá hecho falta una profunda transformación de la relación de fuerzas y de los mecanismos de legitimación del poder para que semejante giro suscite tan poca resistencia. ¿Cómo explicar la instauración de este “neoliberalismo por sorpresa”?
Esta expresión fue acuñada en 2001 por la intelectual Susan Stokes (5). Por aquel entonces intentaba analizar el déficit de legitimidad democrática de Gobiernos latinoamericanos que, como el de Moreno en la actualidad, habían llegado al poder con un programa diametralmente opuesto a las recetas liberales tradicionales y que, sin embargo, las habían aplicado al pie de la letra. En el Perú de los años 1990, Alberto Fujimori superó las dificultades –con tal ingenio que consiguió resultar elegido de nuevo– prometiendo seguridad y orden (frente a la amenaza de la guerrilla Sendero Luminoso) a cambio de un ajuste estructural. El Ecuador de 2018, por su parte, presenta su viraje neoliberal como la consecuencia de la “crisis moral del correísmo”. La batalla contra la corrupción se convierte, en este caso, en el principal mecanismo de legitimación de la confianza en el mercado.
La lucha contra la “corrupción” conjuga dos elementos complementarios: el activismo político de la Justicia e intensas campañas mediáticas con el objetivo de enturbiar la memoria colectiva. Las maniobras contra el correísmo se multiplican en un circuito que alimenta las decisiones gubernamentales y, a la vez, la polémica en las redes sociales y las portadas de los periódicos. Ya no se trata de juzgar a sospechosos, sino de erigir a los tribunales en instancias legítimas para evaluar la pertinencia de esta o de aquella política. Mientras el exvicepresidente Jorge Glas –acusado de asociación ilícita– se encuentra en prisión y Correa, que vive en Bélgica, es objeto de una orden de detención internacional (6), el poder está consiguiendo poco a poco poner en duda los logros de lo que los ecuatorianos, sin embargo, habían bautizado como la “década ganada” de 2007-2017: crecimiento económico, reducción de la pobreza y de las desigualdades, etc.
El relato que justifica la operación judicial y mediática consigue imponer una idea: el “Estado sobredimensionado y opaco” asociado a la izquierda es incapaz de albergar la ética más elemental. Por lo tanto, conduciría automáticamente al derroche y a la crisis. El poder y los medios de comunicación ecuatorianos pronto se unirán al coro regional explicando que las políticas redistributivas de la izquierda llevaron a la corrupción (7) y sugiriendo al mismo tiempo que la austeridad sería, en estas condiciones, un imperativo moral.
No obstante, se plantea una cuestión: ¿habría sido posible la operación si Moreno no hubiera podido sacar provecho de una crisis real en el seno de la Revolución Ciudadana? La impunidad de la que habían disfrutado hasta entonces los responsables de malversaciones llevó a una parte de la población a darle la razón al Gobierno. De manera que, pese a la naturaleza arbitraria de la campaña anticorreísta, la lucha contra la corrupción se ha erigido hoy en día en un importante problema público. En semejante contexto, ¿pueden los progresistas limitarse a explicar sus decepciones con la “traición de Moreno”? Esta estrategia, que ignora la exigencia popular de integridad, debilitaría las afirmaciones de todos aquellos que intentan demostrar que el neoliberalismo no es un remedio a los supuestos excesos de la izquierda, sino un proyecto político desigual.
El bando progresista se encuentra dividido entre una izquierda que se opone a Correa y un correísmo aún militante, pero debilitado por los ataques político-judiciales del poder y por su propia incapacidad para la autocrítica. Por consiguiente, la posibilidad de un nuevo viraje a la izquierda parece incierta. La derecha, aunque comparte el poder de facto, no ha ganado unas elecciones presidenciales desde 1998; un hundimiento de la popularidad del régimen actual podría socavar sus esperanzas de volver al poder por las urnas. En ese supuesto, y al igual que el expresidente brasileño Michel Temer, Moreno habría conseguido devorar a aquellos que lo han llevado al poder y, al mismo tiempo, a aquellos que han apoyado su cruzada antipopular. Hoy en día, todo el mundo sabe cómo continúa la historia en Brasil.
