El pasado 24 de abril, el Departamento del Tesoro estadounidense añadió cinco refinerías chinas a su interminable lista de entidades sancionadas tras acusarlas de abastecerse de crudo iraní. La escena se ha vuelto rutinaria: Washington lleva décadas arrogándose el poder de decidir quién puede comerciar con el resto del mundo, y todos se pliegan a sus imposiciones por miedo a ser excluidos de un sistema financiero internacional basado en el dólar.
Pero esa vez las cosas no fueron como estaba previsto. Pekín, que hasta entonces se había conformado con protestas verbales y maniobras discretas para eludir el castigo, anunció que no se sometería a las sanciones y que llevaría a juicio a toda empresa china que las acatara: una decisión que justificaban con la necesidad de “preservar la soberanía, la seguridad, y los intereses de desarrollo del país”.
Dicho de otro modo: impedir que las sanciones estadounidenses alteren unos flujos energéticos que se han vuelto esenciales para la economía regional.
Las refinerías afectadas abastecen de gasolina y queroseno a varios países, y su inclusión en la lista fragilizaría el conjunto de cadenas de suministro de un continente que funciona como un enorme sistema de producción integrado: hidrocarburos del Golfo, componentes chinos o surcoreanos, ensamblaje en Vietnam o en Bangladés. En este conjunto interdependiente, una ruptura duradera de los flujos energéticos —ya debilitados por las tensiones que rodean al estrecho de Ormuz— podría trastornar rápidamente todo el aparato productivo.
Enfrentado a este riesgo, Pekín endurece el tono, en especial ahora que dispone de mecanismos que le permiten atenuar el efecto de las sanciones financieras estadounidenses: sistema de pagos transfronterizos y creciente liquidación de las transacciones petroleras en yuanes, acuerdos entre bancos centrales o proyectos de divisas digitales interoperables. Los cálculos de China, por consiguiente, se ven modificados: un pulso con Estados Unidos se ha vuelto menos oneroso que una perturbación prolongada de los flujos comerciales.
El episodio asesta un nuevo golpe a un sistema de sanciones cada vez más utilizado y cada vez menos eficaz. Y podría abrir camino a estrategias de elusión más sistemáticas, facilitadas por el surgimiento de soluciones alternativas apoyadas por Pekín. “La época en la que Washington dictaba en solitario con quién podía comerciar el mundo y que veía cómo se imponían sus decisiones está llegando a su fin”, se congratula —acaso un poco apresuradamente— un analista crítico con Estados Unidos (The Morning Star, 16 de mayo de 2026). Falta por saber qué orden económico aspira a consolidar China.
Su reacción frente a la Ley de Aceleración Industrial revelada a principios de marzo por Bruselas nos permite hacernos una idea. Impulsada por la Unión Europea como un antídoto contra la desindustrialización, este plan aspira a condicionar los apoyos públicos a exigencias de contenido local y de transferencias tecnológicas, en especial en los sectores de las baterías, los vehículos eléctricos o los paneles solares. Pekín no ha tardado en denunciar una deriva “proteccionista” contraria a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Si la Unión Europea adopta esta normativa y perjudica los intereses de las empresas chinas, a China no le quedará otro remedio que tomar medidas de represalia”, advirtió el Gobierno del gigante asiático. Ahora bien, estos mecanismos no son muy distintos de los que el país ha aplicado durante mucho tiempo para estructurar su propio auge industrial, ni de los que Estados Unidos lleva cerca de diez años poniendo en práctica con creciente celo (léase el artículo de Evgeny Morozov).
Pekín está poniendo en tela de juicio la hegemonía estadounidense, pero también defiende la continuidad de un orden librecambista cuyos contornos fueron determinados por Washington mucho tiempo atrás. Y también ha recuperado su lógica: en el comercio mundial, las reglas importan menos que el poder de quienes las imponen.
