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Investigación sobre los crímenes de la dictadura

Algo cambia en España

Desde julio de 2007, veintidós asociaciones de memoria histórica y una decena de particulares reclaman una investigación sobre las desapariciones, ‘sacas’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron en España a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado español dentro del marco actual de sus obligaciones por la violación del Derecho Internacional. En un auto de 68 páginas, hecho público el pasado 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para realizar las investigaciones sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española (1936-1939). El juez asegura que observa delitos “de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”, y ha autorizado la exhumación de diecinueve fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca. Baltasar Garzón busca a los responsables de esos crímenes. Y ha solicitado los certificados de defunción del dictador Francisco Franco y otros altos cargos de su régimen. Si no se ha dado razón del paradero de la víctima, el delito de “desaparición” permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy. El juez considera que todo comenzó el 18 de julio de 1936 con el golpe de Estado militar contra la democracia .

por Javier Alfaya, noviembre de 2008

Lo que importa es que se haya producido. Que el juez Baltasar Garzón haya decidido abrir una investigación sobre los crímenes de la dictadura franquista es un acontecimiento que ha sacudido a toda España. Curiosamente ello ha servido también para disminuir el efecto de varios hechos que ponen en cuestión la solidez berroqueña del ultra-conservadurismo español como son los movimientos internos dentro del monolítico Partido Popular. Hechos como la actitud de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) con respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, o las dos sorpresas deparadas por el PP gallego, que despertaron las iras del máximo dirigente nacional del partido, el incombustible Manuel Fraga Iribarne, ex ministro del general Franco: la declaración de defensa del fortalecimiento de la lengua gallega, y la crítica al mantenimiento de los símbolos de la dictadura en numerosas ciudades de España.

En plena exaltación del nacional-madrileñismo –que diría (...)

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