Desde su llegada al Parlamento en marzo de 2016, los 390 diputados de la Liga Nacional para la Democracia (LND, el partido liderado por Aung San Suu Kyi) se alojan en los monótonos edificios de un antiguo cuartel del Ejército en Naypyidó, la capital birmana. En las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 2015, su formación se hizo con el 75% de los escaños. A las 08:20h., como todos los días durante las sesiones parlamentarias, se ponen su vestimenta: traje de su región en el caso de los diputados de las minorías étnicas; khaung paung, el turbante tradicional, en el caso de sus homólogos bamar. Cuando están listos, todos cierran con candado las puertas de sus rudimentarias habitaciones. Nada de llegar tarde. Unidades de policías motorizados les esperan. Los funcionarios del Ministerio del Interior se aseguran de que se montan en el minibús antes de escoltarlos hasta el Parlamento.
En las gigantescas avenidas con aspecto marcial, su convoy parece bastante vulnerable. Los cordones militares situados al comienzo de las vías que conducen a la Cámara se vuelven a cerrar a su paso. Hay que garantizar la seguridad de los nuevos diputados, afirman los soldados de guardia. Pero, ¿qué amenaza pesaría sobre estos representantes triunfalmente electos? “El Ejército”, responde el diputado Win Htein, fiel a Suu Kyi, consciente de la paradoja que sugiere su respuesta. “En cualquier momento se nos puede llevar a prisión –afirma con ironía–. Esta idea nos vino a la cabeza los primeros días en los que subíamos a esos autobuses”.
Esta imagen cotidiana ilustra la situación que tiene lugar en Birmania (oficialmente, República de la Unión de Myanmar), la de una democracia incipiente limitada por una Junta Militar que desde 1962 dirigía el país bajo diferentes formas y acrónimos alambicados. Se trata de una evolución más que de una revolución, subraya la periodista Myint Zaw: “Los militares tomaron la iniciativa del cambio. Y son ineludibles”. En efecto, la dictadura ya no existe como tal, pero este primer Gobierno civil tiene que contentarse con una Constitución redactada en 2008 por y para el Ejército.
No obstante, los birmanos cuentan con Suu Kyi, opositora histórica y adulada. Su retrato se vende en puestos callejeros junto al de su padre, el general Aung San –héroe de la independencia asesinado cuando ella tenía dos años–, y el del nuevo presidente, Htin Kyaw. Las mismas frases se repiten una y otra vez: “Aung San Suu Kyi es nuestra madre”; “Confío en ella”; “Ella lucha por nuestro país”. Ahora Suu Kyi tiene que mostrarse a la altura de estas expectativas.
Llevó a cabo su primer “golpe” político en abril de 2016, durante la entrada en funciones del Gobierno civil. El artículo 59 de la Constitución –hecho a medida para ello– le prohibía acceder a la presidencia porque sus dos hijos son británicos. Esto no fue ningún problema: apoyándose en su mayoría en el Parlamento, y a pesar de la oposición de todos los diputados militares, fue nombrada asesora de Estado –un puesto especialmente creado para permitirle dirigir “desde la cúpula” el Gobierno del discreto y conciliador Htin Kyaw, un amigo muy cercano–. De la misma manera se atribuyó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esta concentración de poderes no agrada entre sus aliados. “Una única cabeza no puede resolver los problemas”, alerta Lut Latt Soe, directora del periódico The People’s Age e hija de uno de los fundadores de la LND. Todo se decide “desde arriba”, confirman varios asesores. Algunos denuncian el “culto a la personalidad” en torno a una mujer con fama de “poco conciliadora”, tajante y a la que “le cuesta escuchar”. Estas asperezas emborronan poco a poco su imagen, transmitida durante mucho tiempo en Occidente, de “Nelson Mandela de Asia” y de defensora de los derechos humanos.
A pesar de que algunos diputados de la LND se quejan al ver que su papel se reduce a una “asamblea donde se toman decisiones sin ningún tipo de debate previo”, el diputado Win Htein reivindica la disciplina casi militar que impone a los representantes electos: “La obediencia es absolutamente necesaria. Es por el bien de la construcción democrática y de la reconciliación nacional. La situación sigue siendo muy delicada. Debemos asegurar la cohesión frente a los militares”.
- UN PHOTO/KIBAE PARK.- Oleada de estudiantes femeninas cuando regresan a casa del colegio en Tachilek, Birmania, 13 de junio de 2012.
Por el momento, Suu Kyi mantiene una relación diplomática con estos últimos. Negociar con el Tatmadaw (el Ejército) es esencial para avanzar en la crucial cuestión de la paz con todos los movimientos étnicos armados. Pero, ¿cómo lograr la paz cuando el país no ha conocido más que la guerra desde la independencia en 1948? (1). Suu Kyi, con una actitud voluntarista, convocó, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2016, una conferencia llamada de “Panlong del siglo XXI” –en referencia a aquella organizada por su padre en 1947, la cual trazó los contornos de una unión birmana–. Puesto que “sin paz, no podemos responder a las necesidades de los ciudadanos”, afirmó durante la inauguración de los debates.
Las aspiraciones se resumen en una frase: “Ropa, comida y techo”
En el Palacio de Congresos de Naypyidó, representantes del Ejército, del Gobierno y de los grupos étnicos se sucedieron unos tras otros en la tribuna, donde cada uno de ellos expuso su visión de una Birmania federal. No obstante, este primer encuentro se asemejaba más a un diálogo de sordos que al inicio de las negociaciones para definir un futuro común. Los emisarios del poderoso Ejército wa, presentados como “observadores” y no como “participantes de pleno derecho”, se retiraron de la conferencia (2). Otros tres grupos armados se encontraban ausentes (3) porque se negaron a renunciar a la lucha armada tal y como lo exigían los generales como requisito previo a las discusiones –una petición irreal, ya que la desconfianza hacia los militares sigue siendo importante–. “La cuestión del reconocimiento es fundamental”, considera Min Zin, director del Instituto para la Estrategia y la Política de Myanmar (4). Así, durante la conferencia, los miembros de grupos armados étnicos mostraron su desacuerdo por el hecho de que sus grados no fueran señalados como sí lo eran los de sus homólogos del Tatmadaw, que participaban con sus uniformes de gala.
Efectivamente, el federalismo, un proyecto antaño vilipendiado por el Ejército –el cual se consideraba garante de la cohesión del país–, se encuentra en la actualidad a la orden del día. Pero cada uno interpreta este término a su manera. “Nos arriesgamos a ver aparecer una federación de Estados trazados sobre bases étnicas –explica Carine Jaquet, especialista en Birmania–. Una reproducción de lo que la mayoría bamar impuso a las minorías durante décadas”. Algunos proponen volver a trazar el mapa del país formando un Estado bamar compuesto por regiones en las que viviría mayoritariamente población bamar. Una manera de asegurar una atribución más justa de los recursos entre todos los componentes étnicos del país.
Cada seis meses, los delegados tienen que reunirse. Pero, para el periodista Bertil Lintner, este proceso se asemeja más a “una ópera en la que todos se consideran la diva y en la que nadie quiere cantar en el coro” (5). “En el pasado –observa Min Zin–, se veía a la Junta Militar como el enemigo común. Hoy, el Tatmadaw trabaja en colaboración con el Gobierno en el proceso de paz” (6). Se sospecha que la propia Suu Kyi muestra debilidad frente a la institución militar, fundada por su padre. Así, en noviembre de 2015, realizó un llamamiento para detener los combates cuando cuatro Ejércitos de la Alianza del Norte atacaron algunas dependencias policiales en el estado Shan. Pero se quedó callada con respecto a las ofensivas del Tatmadaw. “El Ejército cambia de forma importante la dinámica de las relaciones en el ámbito de las antiguas fuerzas democráticas –Carine Jaquet va más allá–. Antaño se podía borrar la división étnica en beneficio de una visión común”. En la actualidad, esto se ha acabado.
La LND dispone de un estrecho margen de maniobra. El Gobierno civil no controla las Fuerzas Armadas ni la función pública en su conjunto. Se le escapan los ministerios clave de Defensa, de Asuntos Fronterizos y del Interior: están reservados a los militares. ¿Cómo puede el Gobierno insuflar o hacer aplicar su política si la lealtad de los funcionarios se le escapa de las manos?
Unos meses después de su entrada en funciones, a algunos ministros de la LND aún les cuesta imponer sus puntos de vista. Así, en el Ministerio de Información, Pe Myint pasa por un novato. Se le nota torpe, perdido en su inmenso despacho. Su agenda la organizan los funcionarios, quienes ya trabajaban para su predecesor. Además, el jefe de la administración del Ministerio, en el puesto desde hace quince años, está convencido de que no tendrá lugar ningún cambio fundamental con este Gobierno. “Los ex dirigentes daban órdenes más claras debido a su mentalidad militar”, lamenta. Pero asegura: “Nosotros, los funcionarios, votamos a la LND”.
Con el levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses, anunciado en septiembre de 2016 durante la visita oficial de Suu Kyi a Washington y efectivo desde octubre, el Gobierno ha perdido un medio para presionar a los generales. Se había prohibido a 104 personalidades obtener visados o realizar actividades comerciales, al igual que a las empresas que poseían algunos militares y sus socios, aquellos a los que los birmanos llaman los cronies (“acólitos”) (7). Aung Zaw, director de la página web de información The Irrawaddy, critica con dureza la decisión estadounidense, la cual juzga como prematura: “Ahora lo han ganado todo”.
- UN PHOTO/DAVID OHANA.- Una madre y su hijo en el campo Thea Chaung en las afueras de Sittwe, Estado de Rakáin. 5 de diciembre de 2012.
Durante años, el Ejército aseguró el enriquecimiento de la cúpula militar mediante el desarrollo de consorcios implicados en todos los sectores de la economía. Un auténtico Estado dentro del Estado (8). La extracción del gas, de las piedras preciosas y de los recursos naturales de las zonas donde viven las minorías étnicas sirvió como maná. En el estado kachin, por ejemplo, el jade aseguraría 31.000 millones de dólares de rentas según la organización Global Witness –un botín en el corazón del conflicto–. Una parte de las minas de jade estaría controlada por los miembros de mayor rango de la antigua Junta Militar, entre ellos el general Than Shwe. A su vez, la venta de piedras preciosas serviría para financiar el Ejército kachin, que lucha contra el Tatmadaw por la defensa de la soberanía de esta etnia sobre esos recursos. El Gobierno de Suu Kyi desea volver a examinar todas las licencias concedidas para la extracción minera en ese estado. “Una forma de asegurar mayor transparencia –comenta Carine Jaquet–. Esto podría abrir un espacio de discusión beneficioso”. Pero con el levantamiento de las sanciones, las empresas vinculadas al Ejército podrán asociarse a inversores occidentales. Una muy buena noticia para sus accionistas –los miembros de la institución militar–.
“Antes, todos vivíamos con temor”
Por su parte, Min Zin insiste en los peligros de desequilibrio en la repartición de la riqueza: “Si hablamos constantemente de paz sin prestar atención a la pobreza surgirán los problemas. La división entre ricos y pobres es aterradora” (9). Sólo una tercera parte de la población tiene acceso a la electricidad. En el barrio de Hlaing Thar Yar, en el oeste de Rangún –la antigua capital–, las aspiraciones se resumen, efectivamente, en una frase: “Sar wat nay yeikt”, “Comida, ropa y techo”. La expresión se repite una y otra vez en las conversaciones de los desplazados del delta de Irrawaddy, devastado en 2008 por el ciclón Nargis, que causó la muerte de 130.000 personas.
Se instalaron en terrenos baldíos en los suburbios de la metrópolis. Desde el alba, las calles se llenan de pequeños grupos: hombres y mujeres jóvenes esperan, en cuclillas, el camión que los recoge para llevarlos a su fábrica. Una breve parada basta para que los obreros alcancen el estribo y se agarren al vehículo ya repleto. Se van para trabajar durante doce horas. En las cabañas, los más mayores se ocupan de niños que corretean por las acequias.
“Este nuevo Gobierno debe decretar un aumento del salario”, considera el obrero Than Ei. “Ahora nos van a escuchar. Nos hemos enterado de que nuestras viviendas no serán desplazadas –quiere creer Tin Myint, que llegó al barrio en 2010–. Estamos aliviados. Antes vivíamos siempre con miedo”. Su vecino, Aung Zaw, también espera mucho de este nuevo Gobierno, que tiene “un poco más de margen de maniobra. La injusticia va a acabarse”. “No sé mucho de política –afirma, por su parte, Tun Wai, un habitante del barrio–. Lo que me importa es que la corrupción disminuya”. Mi Chai y su marido, Maung Gyi, defienden los derechos de los marginados. Militan a favor de una sociedad más justa, la continuación lógica de su compromiso pasado en contra de la Junta Militar. Sonríen con amargura cuando oyen cómo Suu Kyi exhorta a sus ex camaradas “a dejar de ‘ser tan radicales’”, es decir, a volver al redil y a dejar su activismo de antaño. Una conminación mal percibida. “¿Cómo podríamos dejar de batallar mientras queda tanto por hacer? Aún no estamos en una democracia. El voto no es suficiente”, considera Maung Gyi.
El 70% de los 51 millones de birmanos vive de la agricultura. Pero la confiscación de las tierras para proyectos de desarrollo o por parte de empresas cronies eleva el número de campesinos sin recursos. Según Sein Win, diputado de la LND responsable de este asunto y citado por la agencia Reuters, de uno a dos millones de hectáreas de terrenos agrícolas habrían sido confiscados. El acaparamiento de las tierras se aceleró durante los años 2000. El nuevo Gobierno ha prometido devolvérselas a los propietarios expoliados en un año, de aquí a abril de 2017. Todo un desafío...
“Tenemos que ofrecer empleos y también formar a nuestra mano de obra –declara Ko Ko Gyi, uno de los dirigentes de Generación 88, el movimiento juvenil para la democracia–. Temo que las empresas extranjeras o las organizaciones no gubernamentales que se instalan, atraídas por las recientes evoluciones de nuestro país, monopolicen los recursos humanos en detrimento de los inversores y de los proyectos locales”.
Nadie sabe en qué situación se encontrará Birmania en 2020, cuando finalice el mandato del presidente Htin Kyaw y el de su asesora de Estado. “Mientras no se enmiende la Constitución de 2008, no podremos hablar de una auténtica democracia”, recuerda el periodista Myint Zaw. Parece que este objetivo, presentado como una prioridad por la LND, ha pasado a un segundo plano. Activistas de movimientos sociales e intelectuales temen que se establezca un pacto de elites entre el partido de Suu Kyi y los herederos de la Junta Miliar, en detrimento de una población pobre y poco instruida. ¿Sólo puede la LND decepcionar? Se han previsto elecciones legislativas parciales para el 1 de abril de 2017. Una prueba.
Thein Lwin, diputado, escritor y representante electo por la LND en el Parlamento regional de Rangún, invita a analizar la historia reciente para avanzar mejor: “La dictadura que sufrimos durante décadas no está ligada a una intervención extranjera. Es una señal de la enfermedad de nuestra sociedad. Tenemos que comprender sus causas. Esta forma de proceder es indispensable para hacer que nuestro país progrese hacia la democracia. Será un largo proceso –como cuando una persona sufre un cáncer–”.
Inacción frente a la intolerancia religiosa
“El miedo, la angustia, la violencia están enraizados en nuestra sociedad”, añade la escritora y directora del Pen Club Ma Thida. Así, según ella, la violencia perpetrada desde 2012 contra la minoría musulmana, en particular contra los rohingyas (10), es consecuencia del pasado: “Se oprime al más débil por temor al más fuerte. La furia que no podía expresarse antaño por miedo a la Junta Militar se libera sin reservas. La avivan los rumores que se expanden por las redes sociales”. Además, Suu Kyi se muestra muy timorata ante la creciente intolerancia religiosa. Mientras que se acusa al Ejército de limpieza étnica en Arakan, ella se molesta por las recurrentes críticas de la “comunidad internacional” sobre el destino de los rohingyas.
La asesora de Estado tendrá 72 años en junio de 2017. Agotada por su estancia en Estados Unidos y en el Reino Unido en septiembre de 2016, tuvo que suspender sus actividades durante varios días después de su regreso. ¿Qué pasará cuando desaparezca? A la LND se le reprocha, sobre todo, el haber apartado de las listas de candidatos para las elecciones de 2015 a miembros de Generación 88. “Habrían podido hacerle sombra a Aung San Suu Kyi –admite Win Htein–. Ni hablar de aceptar a personalidades que podrían crear un partido en el seno del partido”. Reconoce que Suu Kyi no ha previsto a quién le pasará el relevo: “¿Y qué? La LND se construyó para ella y en torno a ella. Quizás nos encontramos rindiendo culto a su personalidad, pero es nuestra manera de funcionar. Cuando desaparezca, otro partido deberá constituirse”.
“Nos cuesta dibujar un sueño común”, observa Ma Thida, citando a Miguel Ángel, quien decía que intuía la obra venidera en la piedra que se disponía a esculpir. En Naypyidó, a dos pasos del “cuartel” donde viven los diputados, un habitante que votó por primera vez en noviembre de 2015 intenta dar muestras de tranquilidad: “Al menos ahora podemos criticar”.
