Agosto de 2004. EDF y Gaz de France se transforman en sociedades anónimas, y este cambio de estatuto produce agitación entre los empleados. Los sindicatos de las ex empresas públicas proponen una fusión entre ambos grupos para “fortalecer el servicio público”. La respuesta que oponen en coro las directivas y el Ministerio de Economía y Finanzas es inapelable: la operación es imposible, ya que implicaría unos “costes sociales y económicos enormes”. Entre bambalinas, se afirma que la Comisión Europea habría exigido unas contraprestaciones gigantescas: cesión de activos, de contratos comerciales y de aprovisionamiento. Europa tiene (a veces) buenas espaldas.
Frédéric Imbrecht, secretario general de la Federación de Minas y Energía (FNME) de la Confederación General del Trabajo (CGT), objeta: “en el caso de la fusión E.ON-Ruhrgas, en Alemania en 2003, las contrapartidas no fueron tan importantes”. Los sindicatos advierten sobre la vulnerabilidad de las empresas francesas y se preocupan por las (...)