Se podría afirmar que si la Unión Europea (UE) fuera candidata a la Unión Europea, sería rechazada porque no cumpliría los criterios democráticos que se han exigido a los nuevos Estados miembro. En particular, esto se debe a los enormes poderes de los que gozan sus instituciones, que quedan fuera del control de los electores –la Comisión, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Banco Central Europeo–, y asimismo a la confusión entre los poderes ejecutivo y legislativo que encarna el Consejo. La mayoría de los ciudadanos apenas entiende esta compleja arquitectura, lo cual les ha llevado a percibirla como una entidad ajena, más amenazadora que protectora.
Este sentimiento se confirma al constatar las políticas nacionales que se han llevado a cabo “en nombre de Europa” –en realidad en nombre del neoliberalismo– y las cuales se traducen en la mayor parte de los casos en retrocesos en el (...)