Una referencia explícita de la Ley de Memoria Histórica, en su preámbulo, y un reciente homenaje en Madrid a los “capitanes de la democracia”, han puesto sobre el tapete nuevamente la exclusión de las Fuerzas Armadas de los militares que, en los comienzos de los años setenta, se sumaron a la lucha por las libertades en España.Y otra vez se han escuchado las voces de quienes, como el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jímenez de Parga no han dejado de afirmar que “la democracia española tiene una deuda pendiente con la UMD”. Treinta y tantos años después, el sacrificio que los Gobiernos democráticos hicieron de sus mejores militares, de aquéllos que se rebelaron contra la función de represores de las libertades que Franco les había asignado, es una herida que continúa abierta en la democracia española.
La UMD había sido fundada el 1 de septiembre de 1974. Es decir, pocos meses después de que, el 25 de abril, la “revolución de los claveles”, protagonizada por el MFA (Movimento das Forças Armadas), pusiera fin a la dictadura creada en Portugal en 1933, por Oliveira Salazar y continuada por Marcelo Caetano.
Nació en una reunión clandestina, celebrada en Barcelona, por doce militares de profundas convicciones democráticas: un comandante, Luis Otero, y once capitanes: Guillermo Reinlein, Julio Busquets, Gabriel Cardona, Antonio Miralles, José Sagrado, Santiago Perinat, Juan Diego, José Julve, Enrique López Amor, Jesús Martín Consuegra y Julián Delgado. Todos ellos habían sido formados en la Academia General Militar, procedían de familias de ideología franquista, casi todos ellos con hondas raíces en la institución militar, y poseían una preparación superior a la de los jefes y oficiales del Ejército de Franco, tanto por su especialidad puramente castrense como por contar con una licenciatura universitaria, las más de las veces en Derecho.
Sus planteamientos fueron, sin duda, espoleados por el ejemplo de sus compañeros de armas portugueses y por el imparable ascenso de la lucha de la oposición democrática. El que fue último secretario general de la UMD, el capitán Jesús Martín Consuegra, lo diría sin ambages: “Cogimos el último tren. Nos justificamos a nosotros mismos. Si no lo hubiéramos hecho no podríamos mirarnos la cara en el espejo”.
La posición de la UMD partía de la denuncia del papel que la dictadura de Franco había asignado al Ejército y de la exposición de lo que tendría que ser la función de los militares en una democracia, por la que decididamente apostaban. Y así lo expresaban en el punto primero del “Ideario”, elaborado por sus doce fundadores y aprobado en Asamblea general el 28 de diciembre del mismo año:“El completo divorcio existente entre la España real y el sistema totalitario que la gobierna, preocupado únicamente por su permanencia, están haciendo jugar a las Fuerzas Armadas el papel de guardián de los intereses del actual régimen. La UMD, aspira a que las Fuerzas Armadas se pongan exclusivamente al servicio del pueblo, recobrando su prestigio y dignidad”.
A partir de ahí, su propósito se dirigía a neutralizar las posibles intentonas de sacar al Ejército a la calle para frenar el advenimiento de la democracia. Como diría el entonces capitán José Fortes, “se trataba de echar agua a la pólvora golpista de los militares franquistas”. Esta actitud es la que el capitán Fernando Reinlein ha subrayado, en su obra Militares rebeldes, al señalar que “la UMD se mantendría en el centro de gravedad de la oposición democrática pero debía ser la sociedad civil quien protagonizara la transición”.
Desde su fundación, la organización de los militares demócratas españoles fue creciendo de forma realmente espectacular. Antes de que concluyera 1974, tenía grupos organizados en Barcelona, Madrid, Gerona, Galicia, Andalucía, Baleares y Canarias y contaba con miembros no sólo en los tres Ejércitos sino también en la Guardia Civil y la Policía Armada. Al final de sus tres años de existencia, llegó a sumar 150 afiliados. Y a ellos habría que añadir un amplio número de simpatizantes que mostraban su acuerdo con el Ideario de la UMD.
La UMD se alineó junto a los postulados democráticos de los partidos políticos de la oposición al franquismo pero sin que sus miembros se integraran en ellos. Su Ideario subrayaba en su punto segundo que “en la UMD no tienen cabida los que estén al servicio de partidos políticos, lo mismo del Gobierno que de la oposición”. Y esta declaración la mantuvieron a rajatabla sus afiliados. Cuando los capitanes Julio Busquets y Carlos San Juan, optaron por presentarse a las primeras elecciones democráticas en las listas del PSOE, pidieron primero la baja en la UMD para no empañar la independencia de la organización. Todo lo contrario de lo que los servicios de la inteligencia militar del franquismo, el SIBE, dirigidos por el general Saénz de Tejada, muy próximo al “búnker” militar, propalaba por los cuarteles para tratar de desprestigiarlos.
La existencia de la UMD saltó con fuerza a las páginas de los periódicos españoles y extranjeros al comienzo del verano de 1975, cuando nueve de sus principales dirigentes fueron detenidos. Meses antes, habían sufrido represalias otros varios miembros de la organización: en primer lugar, el comandante Vidal, que años antes había sido expulsado de los cursos de Estado Mayor, acusado de tener familiares en la oposición. Integrado en la UMD, los servicios de la inteligencia militar lo intentaron involucrar en el atentado de la calle del Correo, de Madrid, basándose en que su teléfono figuraba en la agenda del marido de la actriz Mary Paz Ballesteros, implicada en tal hecho.
Permaneció detenido varios días sin auto de procesamiento y sin que se facilitara noticia alguna a su familia.Y fue puesto en libertad gracias a las gestiones de otro militar demócrata ,simpatizante de la UMD, el capitán José Altozano, que en aquellos años ejercía ya de abogado. Tanto uno como otro sufrieron represalias: Altozano fue arrestado catorce días y Vidal fue destinado al Sahara, lo que aprovechó para ampliar la UMD, en colaboración con el capitán Rafael Tejero, otro militar de arraigadas convicciones democráticas que ya en los años sesenta, estando destinado como teniente en el CIR (Centro de Instrucción de Reclutas) de Córdoba, había sido represaliado por su amistad con el psiquiatra Carlos Castilla del Pino y con un recluta universitario, el actual juez Juan José del Águila. Fue, acusado de “alternar con inferiores en lugares públicos”. En el trasfondo de esta ridícula acusación se hallaba el hecho de que tanto Castilla del Pino como Del Águila eran conocidos por su militancia comunista. Poco después, otros dos “húmedos”, los capitanes Busquets y Julve fueron arrestados también por solidarizarse con otro represaliado, el capitán Molina, que se había negado a vigilar a los ferroviarios.
Las detenciones de dirigentes de la UMD comenzaron con un ritual horario habitual de la dictadura franquista: al alba. En la madrugada del 29 de junio de 1975, militares del servicio de inteligencia SIBE, detuvieron en sus domicilios a un jefe y cinco oficiales: el comandante de Ingenieros Luis Otero y los capitanes Fermín Ibarra, Antonio García Márquez, José Fortes, Fernando Reinlein y Restituto Valero, perteneciente al Estado Mayor, conocido en los medios castrenses como “el niño del Alcázar”, por haber nacido en este acuartelamiento durante la guerra civil. Al alba también del día siguiente, al capitán de Estado Mayor Manuel Fernández Lago, militar con un historial de gran prestigio y que, pese a haberse dado de baja en la UMD con anterioridad a su detención, prefirió seguir la suerte de sus compañeros y silenciar este hecho al juez. Después les sucedería lo mismo a los capitanes Abel Ruiz Cillero, Jesús Martín Consuegra, Enrique López Amor, Juan Diego, Arturo Gurriarán y Antonio Herrero Robles, sobrino del teniente general Gutiérrez Mellado, que tenía a su cargo toda la documentación de la organización, que fue confiscada. Todos ellos fueron encarcelados en prisiones militares y procesados bajo la acusación de un delito de “proposición para la sedición”.
El “búnker” de las Fuerzas Armadas redobló su persecución de los militares demócratas que, con su presencia, habían echado abajo el mito de un Ejército fascista monolítico, sin vestigio alguno de aspiraciones democráticas. Pero, al mismo tiempo, se debatía entre su objetivo de continuar las detenciones y procesamientos y su temor a que tales hechos reflejasen ante la opinión pública la importancia real de la UMD en los cuarteles. A este criterio respondió el hecho de que el capitán general de Cataluña, en su calidad de máxima autoridad judicial militar de su región, pusiera en libertad y sobreseyera el procesamiento de los capitanes López Amor, Diego y Gurriarán.
No obstante, la campaña de desprestigio contra la UMD no cesó en ningún momento, a través de notas que los servicios de inteligencia hicieron circular por los cuarteles. Para contrarrestarla, compareció en Rueda de Prensa, en París, el 13 de octubre de 1975, el capitán de Aviación José Ignacio Domínguez, sobrino de Sánchez Juliá, directivo de la Asociación Católica de Propagandistas, uno de los sostenes ideológicos de la dictadura de Franco. También él tenía que figurar entre los militares detenidos y procesados. Pero evitó la detención, por encontrarse de vacaciones fuera de Madrid. Desde entonces, se convirtió en portavoz de la UMD en el extranjero, experiencia que reflejó, poco después, en su libro Cuando yo era un exiliado.
Los días 8 y 9 de Marzo de 1976, nueve de los militares demócratas detenidos fueron sometidos a Consejo de Guerra en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares, de Madrid. Una auténtica farsa porque habían sido privados de la defensa legal que requerían. Meses antes, la jurisdicción militar había rechazado de plano su defensa por abogados civiles. Todos los letrados eran, además, personalidades de prestigio de la oposición democrática: entre ellos, el que sería presidente del Congreso de los Diputados, el democristiano Fernando Álvarez de Miranda; el dirigente socialista y después alcalde de la capital española Enrique Tierno Galván; el monárquico Jaime Miralles; el ex ministro de Educación Joaquín Ruiz-Jímenez; y el catedrático Manuel Jímenez de Parga. Significativamente, Jímenez de Parga, en aquellos años titular de la cátedra de Derecho Político en Barcelona, en cuyo equipo trabajaba el fundador de la UMD, Julio Busquets, había abandonado las Fuerzas Armadas a las que pertenecía como jurídico, tras ser represaliado por sus ideas democráticas.
Privados de sus defensores civiles, los militares demócratas fueron enjuiciados en una total indefensión jurídica sometidos, además, a los insultos de militares de los servicios de inteligencia sentados entre el público asistente al Consejo de Guerra. Para el letrado Jaime Miralles no había duda alguna: “el honor estaba sentado en el banquillo”.
El Consejo de Guerra dictó sentencia con fecha 10 de marzo de 1975. Y dictó la condena de los nueve encausados como “autores de un delito de conspiración para la rebelión militar”: ocho años de prisión para el comandante Otero, siete para el capitán Ibarra, cinco para los capitanes Valero y Fernández Lago; cuatro para los capitanes Martín Consuegra, Fortes y Reinlein; tres para el capitán García Márquez y dos para el capitán Ruiz Cillero. Todos ellos cumplieron sus condenas en prisiones militares. El comandante Otero, en Palma de Mallorca, alejado de su familia. Y contra él se dirigió de forma realmente insidiosa la represión del franquismo sin Franco, haciéndole objeto de descalificaciones de todo tipo.
Sin embargo, la persecución contra la UMD no se limitó a estas condenas. Fidel Gómez, Brigada del Ejército del Aire, doctor en Ciencias Políticas y autor de la tesis La UMD y la transición política, lo resume con claridad: “De todos los miembros de la UMD solamente algunos, muy pocos, de los que escaparon a las sospechas del mando, alcanzaron el generalato. El resto fue perseguido y represaliado, entonces y hasta bien pasados los años, con la democracia consolidada en nuestro país. Desde Consejos de Honor, postergaciones para el ascenso y aislamientos en puestos burocráticos, fueron instrumentos utilizados para esa represión y advertencia al resto del cuerpo social de los mandos militares”. Sin llegar a ser detenidos, procesados y condenados, muchos militares, afiliados a la UMD o simpatizantes, vieron truncadas sus carreras por mantener en todo momento sus valores democráticos. Entre ellos, el entonces capitán Alejandro Lastres, que dedica su condición de abogado a la rehabilitación de muchos militares profesionales de la II República, como el general Vicente Rojo, al que el franquismo únicamente había reconocido el grado de coronel.
En el verano de 1976, un indulto decretado por el Gobierno de Adolfo Suárez, permitió abandonar la prisión al comandante Otero y a sus compañeros. Sin embargo, ninguno de ellos pudo reincorporarse a las Fuerzas Armadas. El indulto no eliminaba las penas accesorias: su expulsión del Ejército. Un año después, la primera Ley de Amnistía de la etapa democrática ahondaba aún más en esta discriminación: excluyó por completo a los militares de la UMD. El entonces vicepresidente del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, se opuso totalmente a su reingreso. Y así lo anunció en su despacho, rodeado de altos mandos militares, a Rafael Arias-Salgado, ministro de Relaciones con las Cortes del Gobierno Suárez: las Fuerzas Armadas jamás aceptarían una amnistía para los “húmedos”. Una clara expresión de que, a pesar de que España había recobrado la democracia, quienes habían protagonizado el golpe de Estado de 1936 pretendían mantener la “autonomía militar” respecto al poder civil, surgido de las urnas, y dictar sus propias normas. Y todo un exponente del poder que los militares más contrarios a la democracia mantuvieron durante la transición y que les permitió llegar incólumes hasta la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La UMD se disolvió el 26 de junio de 1977, once días después de las primeras elecciones democráticas. Fue una decisión adoptada por sus propios afiliados, “por pura coherencia, para no servir de coartada a otras organizaciones de signo contrario, así como para no ser un obstáculo en el camino emprendido por España hacia la libertad democrática”, en palabras del hoy teniente coronel y periodista Fernando Reinlein.
Sin embargo, un año después, en 1978, el mismo año en que fue aprobada la primera Constitución democrática, la jurisdicción militar dictaba todavía sentencias condenatorias contra militares de la UMD: los capitanes José Ignacio Domínguez y Antonio Herreros. “Se da la paradoja de que mientras nuestros antiguos ‘aliados’ elaboraban la Constitución, a mí me condenaban por haber actuado junto a ellos en defensa de la democracia”, subraya el capitán Domínguez. No obstante, la persecución ejercida contra él no se detuvo ahí: en 1989, el Ministerio de Defensa le abrió un expediente con resultas de condena por haber “desprestigiado a las Fuerzas Armadas” en sus declaraciones a la Prensa en 1975. Por su parte, el Consejo de Guerra ante el que compareció el capitán Herreros hizo caso omiso de la brillante defensa del también miembro de la UMD y abogado, capitán Alejandro Lastres: fue condenado a cinco años de prisión que sufrió en completa soledad, sin que fuera trasladado junto a sus otros compañeros detenidos.
La ampliación de La Ley de Amnistía tardó en llegar nada menos que diez años. En 1987, la firme actitud del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, frente al Ministro de Defensa, Narcís Serra, permitió a los militares de la UMD reintegrarse a las Fuerzas Armadas pero se les negaron los destinos con mando en tropa. Su reincorporación fue puramente simbólica y humillante: de hecho, se les obligó a pasar a la reserva. Su marginación de los puestos con mando en tropa no fue sólo una decisión realmente injustificable: dejó muchos cuarteles en poder de militares golpistas, que, de esta forma, se vieron reforzados hasta el 23-F, y privó a las Fuerzas Armadas españolas de sus jefes y oficiales mejor preparados, impidiendo, además, su contribución directa a los planes de reformas de la institución castrense. Una gran temeridad y despilfarro de capacidades para la naciente democracia española.
Un reciente libro del teniente coronel Fernando Reinlein La UMD treinta años después. La transición uniformada, editada por el Foro Milicia y Democracia, rememora la valiosa contribución de los militares demócratas al proceso de conquista de las libertades en España y recoge las opiniones, especialmente críticas, de algunos de sus miembros más destacados en torno al trato que les dispensaron los distintos gobiernos democráticos. Entre otras, la del hoy coronel de Ingenieros retirado Luis Otero: “La peor incorrección cometida estuvo a cargo del PSOE en sus catorce años de Gobierno, especialmente en los comienzos con su aplastante mayoría absoluta, al prescindir de la UMD en las necesarias reformas de las Fuerzas Armadas, manteniendo a sus miembros en activo en puestos marginales, impidiendo a éstos ejercer su profesión aún entonces e, incluso, apartando de cualquier relación con los temas militares a los antiguos miembros de la UMD Busquets y San Juan. Fue incorrecta por haber desaprovechado la fuerza renovadora que suponían los planeamientos y la disponibilidad de la UMD para haber llevado a la institución militar al cauce democrático con mucha mayor claridad ideológica e, incluso, menos traumática (recuérdese el 23-F y otras revueltas internas) que por el camino de la ambigüedad elegida”.
Frente a todo esto, el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, y miembro durante el franquismo de la organización clandestina Justicia Democrática, plantea la deuda de la democracia española con los militares de la UMD: “Para borrar el lamentable texto de la Ley de Amnistía, en el que se hace referencia a la imposibilidad de aplicarla íntegramente a los condenados por pertenecer a la UMD, se debería cerrar este capítulo con una proposición no de Ley en la que se reconozca el valor cívico, militar y democrático de los que decidieron dar los pasos necesarios para llevar a España hacia una democracia”.
No en vano, como ha escrito Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE “en el corazón de los demócratas españoles estos hombres, que arriesgaron su libertad y su carrera sin pedir nada por su sacrificio, son ciudadanos de honor, héroes de la resistencia antifranquista. Un ejército con jefes y oficiales como ellos sería la mayor garantía para la democracia española”.
