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Cómo sustraer los medios de comunicación de la influencia del dinero y del Estado

Proyecto para una prensa libre

Mientras la prensa francesa titubea, se afirma la exigencia de un modelo radicalmente distinto. ¿Cuál será el pliego de condiciones? Producir una información de calidad alejada tanto de la ley del mercado como de las presiones del poder; no hacer diferencia entre el soporte digital y el papel; desarrollar un modo de financiamiento sólido y justo. Sorprendentemente, las herramientas necesarias para la puesta en marcha de un sistema semejante están ante nuestros ojos.

por Pierre Rimbert, diciembre de 2014

En otra época, los nuevos ricos, con el fin de consolidar su integración en la buena sociedad, se compraban una finca para la cría de caballos o la caza, un coche antiguo o una casa en Cabourg. Ahora, para afirmar su estatus, se compran un diario. Bernard Arnault y François Pinault, segunda y tercera fortunas de Francia, tienen desde hace tiempo cada uno el suyo, respectivamente Les Echos y Le Point, y recientemente se les han unido Xavier Niel y Patrick Drahi, industriales de las telecomunicaciones y responsables de reflotar respectivamente Le Monde (finales de 2009) y Libération (en 2014). Financieros y filántropos, inauguraron su gestión con una reducción drástica de los gastos. Paradoja: aunque los recursos técnicos e intelectuales necesarios para producir y difundir una información de calidad abundan, la prensa impresa y digital, con algunas raras excepciones, se tambalea, incapaz de controlar la degradación de sus contenidos y estabilizar su base económica.

Si nos remitimos a las tres últimas décadas, se puede observar una secuencia casi siempre idéntica. Un periódico, o un grupo de prensa, golpeado por la bajada de las ventas o la disminución de sus ingresos publicitarios, busca capitales; la llegada de un inversor viene acompañada por un plan social y la reducción de los medios de redacción; la publicación vuelve a arrancar con una mayor dependencia del polo económico. “Conocemos el capitalismo lo suficiente como para saber que no hay separación entre control y propiedad”, explicaban los redactores de The Wall Street Journal (1 de agosto de 2007) tras la compra del diario económico por Rupert Murdoch. Y la rutina se reanuda, hasta la crisis siguiente.

Libération fue comprado sucesivamente por Jérôme Seydoux en 1995, por Edouard de Rothschild en 2005, y después por Bruno Ledoux y Drahi en 2013-2014, como si se estuvieran pasando una patata caliente –aunque sus columnas evocan más bien un puré tibio–. En Le Monde, las reestructuraciones de capital se encadenan a un ritmo casi quinquenal: 1985, 1991, 1995, 1998, 2004, 2009. En el espacio de una década, Les Echos, Le Figaro, L’Express, Marianne, Le Nouvel Observateur, así como también una retahíla de diarios regionales y semanarios locales, tendieron sus brazos hacia el mismo horizonte, la misma ilusión: comprar su supervivencia a cambio de un nuevo propietario. Para La Tribune y France-Soir, el telón ya ha caído.

De creer a los analistas predominantes de la prensa, dos factores favorecen la repetición de estos siniestros. El primero estaría relacionado con el peso aplastante del Sindicato del Libro, que arrastraría el inconveniente de querer hacer que se pague a los trabajadores dedicados a la impresión y a la distribución casi tan bien como a los ejecutivos. El segundo se remontaría al periodo de la posguerra y a los famosos decretos de 1944: el propietario de un diario de información general y política no puede poseer otra publicación de la misma categoría. Dicho de otro modo, el Estado prohíbe la concentración de la prensa más sensible en el plano ideológico y político. Esta disposición, conforme a las preconizaciones del Consejo Nacional de la Resistencia, fue transgredida por personajes como Robert Hersant, que construyó un imperio comprando diarios regionales a golpe de millones ganados en la prensa de revistas magazines, no afectada por los decretos. Entre otros efectos perversos, explican los opositores de la regulación, estas disposiciones habrían engendrado una subcapitalización estructural de la prensa francesa. Así, los periódicos estarían padeciendo la ausencia de importantes grupos mediáticos, como Springer y Bertelsmann en Alemania, Pearson en el Reino Unido o News Corporation de Murdoch, capaces de absorber los impactos de la coyuntura. Semejante desventaja habría abierto el camino a los aficionados a las vedettes, que se compran un periódico no como activo sino como mecanismo de influencia (1).

Ni las derivas de la prensa controlada por Murdoch ni las reestructuraciones del capitalismo mediático al otro lado del Rhin han mermado la certeza de los directivos de la prensa francesa: cada una de sus dificultades, piensan, llama a una solución financiera ad hoc. Y qué importa la suerte de la competencia si se consigue restaurar por un tiempo los fondos propios. Con el aumento del poder de lo digital y la evaporación de los ingresos publicitarios, se vuelve difícil escapar a la evidencia: el verdadero problema se plantea no a escala de una publicación en particular, sino del conjunto de la producción de información; el problema no proviene de una subcapitalización sino, precisamente, de los impedimentos que ejerce la misma capitalización.

Semejante ceguera se basa en una ambivalencia de hace dos siglos: la información es pensada como un bien público pero se produce como una mercancía. Sustrato indispensable para la formación de juicios políticos, la información contribuye a forjar espíritus libres, imaginarios colectivos, grupos movilizados. Es el arma que debe estar en todas las manos. Y como ninguna sociedad emancipada podría privarse de ella, la Asamblea Constituyente de 1789 proclama que “la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre” y que “todo ciudadano puede por lo tanto hablar, escribir, imprimir libremente” (2). Lamentablemente el legislador, siempre más cómodo en la poesía de las ideas que en la prosa de lo cotidiano, no sacralizó los medios de comunicación para llevar a cabo sus ambiciones. Investigar, corregir, formatear, almacenar, ilustrar, maquetar, administrar y, en lo que concierne a la prensa impresa, fabricar y distribuir, es caro. Y así, rápidamente el derecho “universal” de “difundir, sin consideraciones de fronteras, las informaciones y las ideas por el medio de la expresión que sea” (3) se transforma en un privilegio –el de un puñado de industriales lo suficientemente ricos como para comprar los grandes medios de información–.

Con el paso del tiempo, el doble carácter idealmente colectivo y concretamente mercantil de la información se ha sedimentado bajo la forma de una tensión entre el mercado y el Estado. El primero produce y difunde, pero su lógica de captación de audiencia arrastra la calidad al fondo. El segundo regula, con un celo que debilita, y subvenciona, pero sin discernimiento: 1.500 millones de euros concedidos cada año al sector en Francia. Para los periódicos de información política y general, los subsidios representan más del 19% del volumen de negocios. La pervivencia de estas ayudas públicas masivas pero pasivas expresa el reconocimiento implícito de una situación derogatoria del derecho común de los negocios: no más que la educación o la salud, la información de calidad no se podría expandir bajo el peso de la oferta y la demanda. Desviada del interés general hacia los conglomerados comerciales, el modelo mixto expira (4).

¿Sobre qué bases económicas construir un nuevo sistema respetuoso con los requisitos mínimos que imponen las lecciones de la historia: una información concebida como bien público que escaparía simultáneamente a las limitaciones económicas y a las presiones políticas del Estado?

La pregunta fustiga las imaginaciones desde hace lustros: nacionalización de las infraestructuras propuesta por Léon Blum en 1928, creación de sociedades de prensa sin fines lucrativos como la sociedad de redactores en los años 1970 (5), instauración de una fundación nacional. A diferencia de los soñadores, y mientras el empuje digital lleva al sistema al borde del colapso, los sucesivos Gobiernos limitan su audacia a poner parches.

Paradójicamente, imaginar una refundación perenne de los medios escritos de interés general no requiere un esfuerzo de imaginación sobrehumano. Tres elementos permiten configurar un marco. El primero consiste en diferenciar radicalmente la prensa de información con vocación de alimentar el debate público de la prensa dedicada al entretenimiento. Aunque ambos géneros tienen la misma dignidad, sólo el primero representa un papel clave en el ejercicio por parte de todos de la res publica, lo que fundamenta su legitimidad para percibir financiación de la colectividad. De las 4.726 publicaciones editadas en Francia en 2012, poco más de 500 respondían a la calificación de prensa nacional o local de información política y general, de las cuales 75 eran diarios y cerca de 300 semanarios. El resto combina las publicaciones especializadas con las destinadas al gran público o las técnicas, un océano de papel en el que 838 publicaciones trimestrales de entretenimiento y 181 mensuales consagradas a los servicios comerciales se codean con un puñado de periódicos que aspiran a subir a primera categoría.

La Administración fiscal francesa reconoce además implícitamente la distinción en el artículo 39 bis A del Código de Impuestos, ya que este circunscribe la exoneración sobre los beneficios a las empresas “que explotan ya sea un diario, una publicación de periodicidad como máximo mensual consagrada en gran parte a la información política y general, un servicio de prensa digital (…) consagrado en gran parte a la información política y general”. Vayamos un poco más lejos: los títulos consagrados al ocio asumirán su estatus de mercancía, mientras que aquellos dedicados a la información reivindicarán el de bien colectivo, con sus servidumbres y su… Servicio cojmún.

Porque el segundo principio del modelo propuesto descansa en la creación de un servicio mutualizado de infraestructuras de producción y de distribución de la información. Del periodista al quiosquero o a la página web, la prensa forma una cadena humana y técnica. Situados en el centro del proceso, los trabajadores intelectuales ignoran sin problemas a los otros eslabones, hasta tal punto que la división técnica y social del trabajo que se puso en práctica tras la Segunda Guerra Mundial ha ido poco a poco ratificando la separación de las actividades de impresión, difusión, gestión de las suscripciones (generalmente externalizadas), desarrollo informático… en fin, de la producción del periódico propiamente dicha. Esta dispersión conduce a un punto muerto.

El Servicio común proporcionaría a los periódicos –impresos o digitales– no sólo las imprentas, el papel, los servicios de mensajería que entregan los paquetes, e incluso parte de los quioscos, sino también los locales, los servidores, las herramientas de almacenaje y de difusión, y los medios de investigación y desarrollo. Proveería a todas las empresas de prensa de interés general de los servicios administrativos, contables, jurídicos y comerciales, y desarrollaría una plataforma común de suscripciones, pago y gestión de bases de datos. Remuneraría a técnicos, programadores y autodidactas de la informática que, siempre permaneciendo integrados en el seno de cada publicación, colaborarían para mejorar las aplicaciones, aumentar la calidad y la potencia del quiosco online, garantizar la seguridad de los datos personales, mejorar la accesibilidad de los sitios web e inventar nuevas concepciones gráficas. El Servicio integraría el sector de arriba a abajo: englobaría las infraestructuras de la Agencia France-Presse y se haría cargo del salario, llevado finalmente a un nivel decente, de los quiosqueros. Igualmente, financiaría el de los correctores, redactores, maquetistas y diseñadores gráficos, cuyos puestos se ven actualmente amenazados por la carrera hacia la automatización pero sin los cuales un texto tiene el aspecto de un río gris.

En estas condiciones, la masa salarial de las empresas de prensa se reduciría sólo a los periodistas –aunque esta excepción, que apunta esencialmente a eliminar desde la raíz la sospecha de sovietismo que semejante organización colectiva no podría dejar de despertar entre los defensores de la irreductible individualidad de los redactores, está encaminada a ser reabsorbida–. Mientras tanto, la diferencia de empleador no afectaría a los colectivos de trabajo, ya que los equipos no estarían separados en función de su modo de remuneración sino que todos trabajarían bajo el mismo techo.

En materia de impresión, administración y logística, la mutualización generaría una importante economía de escala. Por lo demás, su principio no representa una innovación conceptual inédita: muchos servicios e industrias de red mutualizan infraestructuras costosas en su construcción y en su mantenimiento (telecomunicaciones, transporte, energía). La competencia está en una fase descendente entre los actores; todos usan la misma red, que forma lo que los economistas llaman un “monopolio natural” –cada compañía aérea no construye su propio aeropuerto–. Por el lado digital, el Servicio se concilia con el estilo de trabajo colaborativo de los programadores de software, acostumbrados a compartir sus hallazgos; su centralización y sus medios les hacen cumplir con la obligación de seguridad y confidencialidad de los datos personales con mayor facilidad que en la configuración actual, donde se acumulan decenas de subcontratas privadas. En el momento en que los gigantes de Internet transforman estas informaciones en mercancías, este hecho deja de ser meramente anecdótico.

¿A quién beneficiaría la mutualización y en qué condiciones? A toda la prensa de información de interés general, sin distinción de opinión, de prestigio o de tamaño, siempre y cuando sus editores adoptasen el estatus de empresa sin fines de lucro (las ganancias no se reparten entre los accionistas), no tengan más de una publicación en cada tipo de periodicidad (diario, semanario, etc.) y prohíban cualquier tipo de publicidad tanto en sus columnas como en sus pantallas. Es decir no sólo el anuncio clásico, los banners o los vídeos emergentes, sino también los diferentes mecanismos de publicidad redaccional que los servicios de marketing promueven en el seno de las redacciones. No hay en esto ninguna intención de reducir la información a una cáscara seca sin pulpa, sin sorpresa ni imaginación. Sino más bien asegurarse de que responda al deseo de los redactores y al interés de los lectores más que a las exigencias de los anunciantes. La introducción de este modelo traería sin lugar a dudas un buen soplo de aire fresco: crear o retomar un periódico o un sitio web de información sería más fácil, dado que los gastos se limitarían a los salarios de los periodistas, y el resto sería suministrado por el Servicio. Finalmente provista de recursos, la prensa “alternativa” podría salirse de la marginación.

¿Cómo financiar el Servicio? Es el tercer y último pilar del sistema, el punto donde se aprecia la credibilidad del conjunto. En nuestro esquema, los ingresos por ventas cubren tanto los salarios de los periodistas como una parte de los gastos mutualizados (alrededor de la mitad, leer el esquema). Queda por encontrar una fuente permanente que reemplace al mismo tiempo las ayudas públicas, suprimidas, y la publicidad, abolida. Se descartan desde el principio dos soluciones que con frecuencia se mencionan en este tipo de circunstancias. El impuesto, por un lado, que presenta el riesgo de someter la información a una tutela política demasiado directa, y por otro, la filantropía, de la que dependen por ejemplo la plataforma de investigación ProPublica y la organización First Look Media, que subordinan la suerte de la información a la generosidad de algunos millonarios.

El modo de financiamiento que no debe nada ni al mercado ni al Estado ya existe, está ante nuestros ojos: la cotización social. Su poder y su solidez estuvieron en la base del éxito de la Seguridad Social y aseguraron el pago durante décadas de las pensiones de jubilación. El sociólogo y economista Bernard Friot (6) ve en ello al mismo tiempo el resultado de las luchas sociales pasadas y el embrión de una sociedad finalmente apartada de las fuerzas del mercado. Los gobernantes se ensañan con esta prueba alegando que “el todos para uno” funciona tan bien como “el cada uno a lo suyo”. Al contrario que el impuesto, la cotización socializa una parte de la riqueza producida por el trabajo antes de que se paguen los salarios y se remunere el capital. Desembolsado en las cajas (de sanidad, de pensiones, de familia), ni entra en los presupuestos del Estado ni funciona como soporte especulativo. ¿Por qué, defiende Friot, no extender este esquema al conjunto de la economía? A la espera de que la relación de fuerzas políticas permita la realización de un proyecto semejante, se encara holgadamente una aplicación sectorial: la creación de una cotización para la información financiará el Servicio. En el fondo, ¿no es lógico que esta conquista social se haga cargo de los costes de un bien colectivo?

Además, este esfuerzo no sería el único. Nuestros cálculos para Francia (leer “Una cotización social para la información”) muestran que las necesidades anuales de financiamiento ascienden a 1.900 millones de euros, una cifra a comparar con los 1.600 millones en ayudas a la prensa, que serán suprimidas. Esta cantidad corresponde a una tasa de cotización para la información de 0,1% basada en el valor añadido y pagado por todas las empresas y administraciones. Para el conjunto de la sociedad, la diferencia con el modelo vigente representa, por lo tanto, un coste adicional de 300 millones de euros. Es el precio de una información libre: y equivale a menos de un tercio del aumento presupuestario de 1.000 millones de euros acordado por el Gobierno francés al armamentista Dassault en enero pasado para modernizar el cazabombardero Rafale…

A partir de entonces, las sociedades de prensa de interés general tendrían como único gasto el salario de los periodistas, financiado por la venta de los periódicos digitales o impresos –el excedente sería transferido al Servicio–. En cuanto a la formidable economía de escala engendrada por la mutualización, se traduciría en una bajada significativa del precio de los periódicos digitales e impresos.

Para los escépticos que considerasen irrealista la idea de un financiamiento mediante una nueva cotización, vale la pena recordar que, más allá del sistema paritario heredado de la posguerra, esta idea fue discretamente adoptada en 2010 por… Nicolas Sarkozy para reemplazar a la difunta tasa profesional. Esta retención, bautizada Cotización sobre el Valor Añadido de las Empresas (CVAE), se aplica actualmente a las sociedades con un tipo de interés que varía entre 0,5% y 1,5% en función del volumen de negocios. Su rendimiento supera los 15.000 millones de euros en 2013, asignados al financiamiento de las inversiones locales (carreteras, puentes), pero no responde a una gestión paritaria y funciona como un impuesto.

Diferenciación radical entre prensa de interés general y prensa de entretenimiento, creación para beneficio de la primera de un servicio mutualizado de infraestructuras, financiamiento mediante una cotización para la información: estos pilares descansan sobre principios jurídicos y herramientas fiscales que existen, y esbozan un sistema capaz de conjugar calidad y durabilidad, adaptado tanto al impreso como al digital, y potencialmente extensible al audiovisual y a las plataformas de difusión de vídeo digital. Este sistema limita la apropiación privada de los medios escritos de información de interés general sin transferir el control al Estado: las empresas de prensa continúan en su diversidad pero con un estatus no lucrativo, un perímetro salarial restringido a los periodistas, una prohibición de la concentración. Por otro lado, la apropiación privada de los medios de comunicación escritos surge más de la prestidigitación que del capitalismo de los inversores, porque, a fin de cuentas, las sumas desembolsadas por los industriales para comprar la prensa se revelan muy bajas en comparación con las prodigalidades públicas. Bergé, Niel y Pigasse compraron Le Monde a finales de 2009 por 60 millones de euros, mientras que entre 2009 y 2013, el Estado destinó 90 millones de euros a este grupo (sin contar las ayudas indirectas). Este año, Drahi desembolsó 14 millones de euros para adquirir la mitad del capital de Libération, pero sólo entre 2012 y 2013, el poder público gratificó con 20 millones de euros a este desmejorado diario. Si se aplicara la regla según la cual “el que financia controla”, el Estado sería propietario de un gran grupo de prensa… Nuestro modelo vuelve a poner a la economía en su lugar: la colectividad (mediante la cotización) y los usuarios (mediante la compra) financian las estructuras comunes y se benefician de la competencia de ideas.

La puesta en marcha de la estructura pone en evidencia un gran número de objeciones. ¿Cómo, por ejemplo, distinguir sin ambigüedad las publicaciones dedicadas a la información de las de entretenimiento? Aunque la renuncia obligatoria a cualquier forma de publicidad genera un orden, sigue habiendo zonas borrosas. Además, las modalidades de separación son delicadas: muchos grupos de prensa producen al mismo tiempo una prensa informativa y una prensa de ocio, y disponen de servicios comunes. El caso de los grupos de prensa regionales muestra el camino: la supresión de las ayudas públicas, el carácter no lucrativo y la desconcentración incitarán a los industriales a separarse de la información para centrarse de nuevo en el sector recreativo y especializado, el cual se verá beneficiado por la transferencia de la publicidad desterrada de los títulos de interés general (más de 1.200 millones de euros en 2013 sólo para la categoría de prensa de información política y general, una suma ampliamente suficiente para compensar la supresión de las ayudas del Estado).

¿Quién dirigiría el Servicio, este organismo mutualista que tendría al mismo tiempo miles de empleados y una gran variedad de oficios? Una gestión paritaria, como la que se experimentó en las cajas de Seguridad Social entre 1945 y 1960, se desprende con bastante lógica del modo de financiamiento por cotización. Algunos representantes elegidos de entre diversas ramas del Servicio, así como editores, periodistas, lectores, definirían en conjunto las necesidades que satisfacer, las orientaciones que seguir, las inversiones que realizar. Pero ¿cómo evitar la burocratización, cómo engendrar una misma dinámica para oficios herederos de tradiciones fuertes pero fragmentadas? Arbitrar los conflictos y regular el subsidio de los medios del Servicio a las publicaciones requiere organismos reconocidos por todos como legítimos.

El modelo aquí propuesto deja más de tres puntos en suspenso… Nadie puede pretender aislar herméticamente un sector de peso del régimen económico y de los poderes públicos, como demuestran día tras día el personal docente, el sanitario y el de investigación. Sería ingenuo, sin embargo, esperar que un cambio social propague sus ondas expansivas hasta las industrias de la comunicación para construir un modelo de información racional y deseable. Más aún si se tiene en cuenta que, debido a su actual funcionamiento, los medios de comunicación obstaculizan el cambio. Nuestro proyecto levanta este obstáculo y propone una aplicación sectorial, a la espera de algo mejor, de una economía mutualizada. Con la esperanza de desmentir finalmente al escritor austríaco Robert Musil, que hace ya casi un siglo se lamentaba: “Los diarios no son lo que podrían ser para la satisfacción general, los laboratorios y las estaciones de prueba del espíritu, sino, por lo general, monederos y tiendas” (7).

(1) Esta tesis es defendida notablemente por el historiador Patrick Eveno. Cf. Histoire du journal ‘Le Monde’. 1994-2004, Albin Michel, París 2004.

(2) Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 11.

(3) Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 19.

(4) Leer Sébastien Fontenelle, “Aides à la presse, un scandale qui dure”, Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2014.

(5) Leer “Societés de rédacteurs, un rêve de journaliste”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2007.

(6) Leer “La cotización, un impulso para la emancipación”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2012. Cf. también Bernard Friot, Puissances du salariat, nueva edición aumentada, La Dispute París, 2012, y Bernard Friot, Emanciper le travail. Entretiens avec Patrick Zech, La Dispute, 2014.

(7) Robert Musil, El hombre sin atributos, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1980.

Pierre Rimbert

Redactor jefe de Le Monde diplomatique.