El 31 de octubre de 2017, en Kiev, Oleksandr Avakov, de 29 años, era arrestado por los investigadores de la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU). Sobre él recaían sospechas de ser cómplice en un caso de fraude vinculado a la entrega de mochilas a las Fuerzas Armadas y cuyo importe estaba valorado en unos 450.000 euros. La operación era inédita: el joven es, nada más y nada menos, el único hijo de Arsen Avakov, el poderoso ministro del Interior. Durante los minutos posteriores a la operación se enviaron unidades de la Policía y de la Guardia Nacional para impedir el registro de las oficinas y para obstaculizar el trabajo de los investigadores de la NABU –un organismo que, creado en abril de 2015 por una campaña anticorrupción llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales (ONG) y por los occidentales, es considerado como la institución más independiente en su sector–. Los obstáculos en esta investigación demostraron de forma flagrante que, cuatro años después del derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich, “el poder político aún utiliza nuestras fuerzas del orden como si fueran un brazo armado para defender sus intereses”, lamentaba el diputado Mustafa Nayyem, instigador de las primeras manifestaciones en noviembre de 2013.
Unos días más tarde, un tribunal dejaba en libertad a Oleksandr Avakov sin exigir ninguna fianza. A continuación, el 7 de noviembre, su padre superaba, sin el menor estremecimiento, una moción de censura en la Rada, el Parlamento ucraniano. Criticado por su fracaso en la reforma de la Policía Nacional –a pesar de ser una de las prioridades del programa posrevolucionario–, aseguraba que no tenía “ningún motivo para abandonar su puesto”. Desde su nombramiento, en febrero de 2014, este empresario de reputación incendiaria, en el mundo de la política desde hace mucho tiempo, se ha impuesto como el segundo personaje más importante del Estado, por detrás del presidente Petro Poroshenko, quien, multimillonario, llegó al poder tras las manifestaciones.
A Assen Avakov, muy evasivo respecto de la cuestión de los policías que acudieron al rescate de su hijo, le gusta atribuirse una imagen de reformador ilustrado. “A día de hoy hemos realizado del 25% al 30% de la reforma de la Policía”, afirmaba el 11 de noviembre mientras reiteraba su determinación por completarla (1). Para sus detractores, como Denys Kobzin, director del Instituto de Investigación Social de Járkov, es al contrario: “La reforma tal y como la esperábamos en 2014 aún no ha comenzado”. Denuncia un fracaso disimulado detrás de una serie de “elementos decorativos”, como las nuevas “patrullas policiales”, esas unidades responsables del mantenimiento del orden en la vía pública, a pie o en vehículos motorizados.
Bajo un sol radiante, en la plaza de Santa Sofía en Kiev el 4 de julio de 2015, las autoridades desvelaron el “nuevo rostro de la Policía”, según la expresión utilizada en su comunicación. Cientos de jóvenes agentes, de los cuales un 30% mujeres, prestaron juramento, alineados a lo largo de sus flamantes Toyota Prius. Un público compuesto por dignatarios ucranianos e internacionales mostraban su entusiasmo ante la mirada de la viceministra del Interior, Ekaterina Zgouladze-Glucksmann, una reformadora georgiana presentada como la persona que logró depurar y modernizar una Policía notoriamente corrupta en su país. Al igual que su expresidente, Mijaíl Saakashvili, numerosos georgianos se han involucrado en la política ucraniana desde 2014.
Los cientos de jóvenes reclutados debían reemplazar a los oficiales de la muy controvertida “administración de inspección vial” (DAI) y marcar el fin del antiguo sistema, desacreditado por décadas de mala gestión, de corrupción y de violencia. Ese día, la muchedumbre concentrada en la plaza se deshacía en abrazos y fotografías con los jóvenes que habían prestado juramento, lo que iba a valer al nuevo cuerpo el apodo mediático de “Policía selfie”. “Había un sentimiento de euforia –recuerda Kobzin–. Pero no se utilizó para cambiar la situación en profundidad”.
Un clima de confusión
En el origen del desencanto creciente de la población, un clima de confusión: los exagentes de la DAI permanecieron en activo durante mucho tiempo para asistir a los 12.000 nuevos reclutas, perpetuando así un sistema que se creía abolido. Para muchos, los policías de las patrullas parecían diluirse en el conjunto de los 128.000 empleados de la Policía Nacional. Esta reforma, centrada en los agentes en contacto directo con la población, apenas repercutió en la corrupción de las elites. Por el contrario, permitió al Gobierno mostrar cierto voluntarismo sin modificar realmente el sistema preexistente. En un contexto de crisis económica, de guerra híbrida en el este del país y de aumento consecutivo de la circulación de armas de fuego, la criminalidad aumentó anualmente un 15% entre 2014 y 2017 (2). Ahora bien, los “nuevos policías” se vieron dedicando una gran parte de su tiempo “a tratar infracciones menores, reguladas por un antiguo código soviético de 1984, en lugar de delitos más importantes”, explica Yevhen Krapyvin, experto de la organización Paquete de Reformas de Reanimación.
El descontento con respecto a la “Policía selfie” se ha ido agravando con el paso del tiempo, entre los ciudadanos pero también entre los propios agentes, de manera que en torno a un 20% de los puestos en las patrullas policiales se encuentran vacantes en la actualidad. Muchos se quejan del agotamiento, así como de la escasa cohesión con los demás departamentos de las fuerzas del orden. “No nos han proporcionado los instrumentos legislativos necesarios para ser eficaces”, acusa Andriy Kobylinsky. Como muchos de sus compañeros, este expolicía de Kiev quiso creer en la buena voluntad de quienes condujeron la reforma, en 2015. Pero dimitió en octubre de 2016. La constante devaluación de su salario con respecto a la importante inflación también le hace temer que sus excompañeros “retomen con rapidez” prácticas del pasado.
Las desilusiones provocadas por la “Policía selfie” traducen un enfriamiento más generalizado del fervor reformador del periodo posrevolucionario. Por una parte, se acusa al régimen de Poroshenko de mostrar un autoritarismo creciente; por la otra, la mayoría de los reformadores radicales, ucranianos y extranjeros, han ido desapareciendo del panorama político, desanimados por los obstáculos con los que se encontraban. Así, Zgouladze-Glucksmann dimitió en mayo de 2016, seguida en noviembre por su compatriota Khatia Dekanoidze. Esta última, tras haber pasado un año a la cabeza de la Policía Nacional, explicaba que había tomado esta decisión por “la injerencia” del Ministerio, del Parlamento y de la Presidencia en su trabajo.
La exjefa de policía sigue estando convencida de que solo unos cambios radicales pueden transformar Ucrania: “Hay que deshacerse del personal y del modo de funcionamiento del sistema antiguo, siguiendo el modelo de lo que se hizo con las patrullas policiales”. Y esto, tanto en los demás departamentos de las fuerzas del orden como en la oficina del fiscal general o en los tribunales. “Hay que permitir el surgimiento de una nueva generación, con una nueva mentalidad, como conseguimos hacerlo en Georgia”.
En el verano de 2015, comisiones mixtas para una “nueva certificación”, compuestas por representantes de la sociedad civil y miembros de la jerarquía, comenzaron a evaluar la aptitud de los agentes para seguir en el nuevo cuerpo de Policía. Fueron 68.135 agentes los que pasaron por este proceso cuyo objetivo era probar su lealtad, sus conocimientos en derecho, y establecer sus antecedentes en materia de corrupción o de violencia –incluyendo el análisis de las huellas que hubieran podido dejar en las redes sociales–. En definitiva, 5.256 fueron despedidos, es decir, un 7,7%. Se trata de un resultado nada desdeñable si se compara con otras experiencias históricas, pero apenas convenció en Ucrania. Para Kobylinsky, “era una de las señales claras de que Arsen Avakov había decidido apoyarse en la antigua guardia en lugar de inyectar nueva savia”, lo que “podría haber supuesto una amenaza para su control sobre el Ministerio del Interior”.
Dekanoidze y Ekaterina Zgouladze-Glucksmann prefieren no comentar la legitimidad de su enfoque reformador ni garantizar su continuación. Sin embargo, su política en Georgia fue criticada: se les reprochó haber reforzado los Ministerios del Interior y de Justicia hasta el punto de convertirlos en instrumentos en manos de Saakashvili, permitiéndole luchar eficazmente contra opositores y manifestantes. No obstante, en Ucrania, el “grupo de los georgianos”, muy apoyado por la Embajada de Estados Unidos, batalló para imponer su proyecto de ley sobre la Policía Nacional.
Aunque parece que hoy en día la tentación georgiana de la Ucrania posrevolucionaria se limita a las rocambolescas aventuras de Saakashvili, expulsado a Polonia el pasado mes de febrero y actualmente instalado en los Países Bajos, los occidentales, por su parte, persisten en su apoyo a la transformación del país. Su respaldo financiero, en asociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se eleva a más de 35.000 millones de euros; a esto se añade una multitud de proyectos de cooperación.
Lejos de la precipitación georgiana, la Misión Asesora de la Unión Europea para la Reforma del Sector de la Seguridad Civil (EUAM) quiere creer en los efectos de los cambios a largo plazo. “La creación de las nuevas patrullas policiales no era una estrategia de comunicación: era algo necesario”, explica Udo Moeller, su director de operaciones, a la vez que precisa que el método adoptado “dejaba prever complicaciones”. Prefiere evocar otros “avances consecuentes” y verdaderos proyectos que están por venir, como la modernización de la Policía para combatir la criminalidad en el ámbito cibernético o la refundación de la Policía Científica. Herencia de la época soviética, la estructura de esta última “plantea problemas evidentes” a su parecer, “pero está tan anclada en la mentalidad de nuestros compañeros ucranianos que no podemos esperar cambios inmediatos”.
Para hacer que la situación evolucione, el director de operaciones afirma que está negociando con “aquellos que se encuentran al otro lado de la mesa”. No cree en el escenario georgiano de la renovación radical de los efectivos “en un país tan grande como Ucrania, a fortiori en estado de guerra”. Así pues, la EUAM apuesta más bien por los cursos, los seminarios, los entrenamientos o incluso los proyectos piloto que ofrece a los representantes ucranianos de las fuerzas del orden, tanto de mayor antigüedad como recientemente incorporados: dispositivos que deben permitir el surgimiento progresivo de una nueva cultura policial.
Para el investigador Cornelius Friesendorf, la EUAM no es más que uno de los numerosos actores internacionales que promueven “prioridades y modelos diferentes”. Esta competencia, a su parecer, es una de las fuentes del “arreglo institucional” ucraniano. Los ejemplos de Moldavia, de Armenia, de Kirguistán o de Tayikistán, donde se encadenan desde hace años misiones de asistencia a la reforma policial, demuestran que, en ausencia de una voluntad política real por llegar a buen puerto, esta situación de “arreglo” puede prolongarse indefinidamente. Por su parte, el Gobierno menciona la prioridad de la lucha contra el enemigo exterior, así como la necesidad de no desestabilizar el aparato del Estado con reformas intempestivas.
La reforma policial, considerada como uno de los escaparates de la lucha anticorrupción, no ataca los fundamentos del sistema oligárquico. El Estado sigue siendo el terreno de un enfrentamiento entre clanes político-económicos que buscan controlar las instituciones clave, a la cabeza de las cuales se encuentra el Ministerio Fiscal (Prokuratura). Iniciada en 2015, la reforma que principalmente pretendía separarlo del poder ejecutivo está lejos de concluirse. La NABU, la institución ad hoc, no ha anulado el poder del fiscal general. El titular actual de este puesto, Yuri Lutsenko, se ve desacreditado por las presiones que ejerce sobre opositores políticos o porque frena las investigaciones judiciales contra aliados de Poroshenko, como el diputado y empresario Ihor Kononenko o el exjefe de la administración fiscal Roman Nasirov, suspendido por corrupción pero cuyo procedimiento se encuentra en punto muerto.
Estados Unidos y sus aliados, preocupados por garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones, ponen a prueba a Kiev. “La lucha de Ucrania contra la corrupción no es menos esencial que el combate contra la agresión rusa”, declaraba John Sullivan, secretario de Estado adjunto, durante su último desplazamiento a la capital ucraniana, el 21 de febrero, antes de abogar por la creación de un tribunal especial anticorrupción –una medida que también promueven algunas asociaciones locales–. El proyecto de ley, que actualmente se está debatiendo en el Parlamento, no garantiza la independencia de este tribunal según el FMI, que suspendió el desembolso del siguiente tramo de ayudas. Esta institución financiera considera que el papel de los expertos internacionales debería ser “crucial y no solo consultivo”. Poroshenko replicó a principios de marzo, en una entrevista concedida al Financial Times: “Imaginar que proveedores de fondos extranjeros formen tribunales ucranianos va en contra de la Constitución, puesto que solo el pueblo ucraniano puede desempeñar un papel decisivo al respecto” (3). La presión occidental, ciertamente, no llegará a desestabilizar un Gobierno al cual Washington prometió una entrega de armamento el pasado mes de diciembre.
A un año de las elecciones presidenciales, “Arsen Avakov controla actualmente uno de los Ministerios del Interior más poderosos desde la independencia ucraniana”, constata el diputado Serhiy Leshchenko, representante electo de una lista del bloque de Poroshenko, pero en la actualidad muy crítico con respecto al presidente. “Se impone como una de las figuras ineludibles de la organización vertical del poder, aliado pero también rival potencial [del presidente]”. Puesto que, para diferenciarse, Avakov mantendría también, desde su punto de vista, una “organización horizontal del poder” (4), coordinando demostraciones de fuerza de batallones nacionalistas –como las de las Escuadras Nacionales provenientes del batallón Azov, una unidad paramilitar de extrema derecha activa en el frente del Donbás– o provocaciones violentas de grupos radicales, como el ataque contra la cadena de televisión opositora Inter, en septiembre de 2016; es decir, apoyando desde redes paralelas hasta a las fuerzas del orden con fines políticos. Se trata de grupos que pueden contar con la pasividad, incluso con la indulgencia, de la “Policía selfie”.
