Orgullosa de sus modernos bloques de viviendas y de antenas de telefonía separados por vastas zonas verdes, Puerto Ordaz es una de las ciudades más modernas e industriosas de Venezuela. En la salida sur de su “hermana pequeña pobre”, San Félix (ciudad dormitorio con la que forma el conjunto de Ciudad Guyana), desde el amanecer, grupos de hombres se apiñan a un lado de la carretera y se abren paso a codazos para subir a los buses, camiones o camionetas que pasan rugiendo sus motores.
Al cabo de 165 kilómetros, la “Troncal 10” atraviesa la primera de las ciudades de siniestra reputación hacia las que se dirige esta agitada multitud con la esperanza de un posible sueldo: Guasipati. Siguen, más adelante, la inquietante El Callao, después la pústula urbana de Tumeremo. Por lo que parece, las hay todavía peores. “A partir de aquí –hace una mueca el venezolano que nos acompaña–, es la anarquía. El punto más negro es la mina de oro a cielo abierto de La Cristina”.
Nos encontramos al norte del Estado Bolívar, en pleno corazón del muy polémico Arco Minero del Orinoco (AMO). El 24 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro lo convirtió en una “zona de desarrollo estratégico nacional” de 112.000 km2, con el fin de explotar importantes yacimientos –oro, diamantes, coltán, caolín, dolomía, otros metales raros y estratégicos– y diversificar la economía, demasiado dependiente del petróleo –lo que le ha sido permanentemente reprochado a la Venezuela “bolivariana”.
El anuncio provocó virulentas críticas de la derecha y la extrema derecha, de partidos políticos considerados “progresistas” (como Marea Socialista), de “defensores del medio ambiente” nacionales y extranjeros, de organizaciones indígenas y de personalidades presentadas como “disidentes” del chavismo –un puñado de exministros del fallecido presidente Hugo Chávez (Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Gustavo Márquez Marín, Olly Millán), el general retirado Cliver Alcalá Cordones y el intelectual Edgardo Lander, por citar solo a algunos.
“El presidente se ha pasado a la derecha al ignorar el hecho irrefutable de que los movimientos de izquierda, en todo el mundo, han incorporado a su corpus doctrinal la preservación del medio ambiente (…)”, declarará así Freddy Gutiérrez, el 15 de agosto de 2016, en una conferencia de prensa conjunta de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Bolivariana y de los impulsores del “recurso de nulidad” contra el AMO presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “[El jefe del Estado] decidió amputar 112.000 km2 del territorio nacional, espacio que es más grande que Cuba, Irlanda o Croacia. Se trata de la creación de un Estado dentro de otro Estado”. Para la exministra de Medio Ambiente Ana Elisa Osorio, “esta iniciativa comportará destrozos medioambientales irreversibles, con graves consecuencias para los recursos hídricos, y volverá más aguda la descomposición social en importantes zonas del territorio hoy casi despobladas”.
Son argumentos a tener en cuenta. Pero también cuestionables… A lo largo del recorrido que lleva de Ciudad Guyana a Upata y Guasipati, y después a El Callao y Tumeremo, las prolongadas rectas de la carretera solo atraviesan zonas deforestadas, áreas desoladas y campos salpicados de unos pocos rebaños. ¿Dónde demonios ha ido a parar el intocado bosque virgen, la inmensa jungla de enormes lianas, de cursos de agua sin hollar, de pueblos indígenas que viven en armonía con la Madre Tierra y de innumerables especies de pájaros que supuestamente está destruyendo Maduro?
“Hay desconocimiento y desinformación malintencionada”, responde Luis Alberto Vásquez, técnico (de tendencia “ecologista y anarquista”, precisa) que, con el Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ), colabora con el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero y Ecológico (MPPDME). “Se presenta al Arco como el responsable de la situación, cuando lo que pretende es arreglarla. En esta región hay una herencia muy negativa a la que el Gobierno intenta dar solución”.
El Callao cambió para siempre en 1853 –y no en 2016– con el descubrimiento de oro. En 1881, en un lugar hoy a 20 minutos en helicóptero de Tumeremo, una compañía inglesa excavó el primer pozo. Era finales del siglo XIX, época en la que firmas europeas se precipitan sobre “el Dorado”. Cuando, más tarde, el precio del oro se hundió, estas empresas se retiraron. Pero la explotación de los filones nunca se ha interrumpido.
En 1970 nació la venezolana Minerven, nacionalizada cuatro años más tarde. Al mismo tiempo, multinacionales y compañías propiedad de la clase dominante recibían importantes concesiones que explotaban de manera totalmente incontrolada. En los peores casos, no producían un solo gramo del preciado metal. Haciendo “certificar” su mineral (1), jugaban en Bolsa con las fluctuaciones del precio del oro y acumulaban importantes beneficios sin aportar en forma de impuestos ninguna contribución al Estado. Otros, que gozaban de derechos de explotación de veinte e incluso cincuenta años, terminaban rápidamente con el filón más fácil de arrancar del subsuelo –el “filete de solomillo”, dice divertido un actor sobre el terreno– y reclamaban otra concesión, dejando al Estado el mineral más difícil y menos rentable de explotar.
Toda una población desarraigada se instalaba en barriadas de miseria, y, haciendo retroceder la selva y a veces a los indios, transformaba Bolívar en un gruyère tropical agujereado con incontables pozos. Por mucho que les pese a los soñadores mal informados, hace mucho tiempo que el paraíso en la tierra dejó de existir.
Entre mineros y compradores de oro más o menos corruptos, proveedores de material, vendedores de baratijas y comida, camioneros, mototaxistas, compañeras y prostitutas, alrededor de 250.000 personas viven de una extracción que con el paso del tiempo se ha vuelto salvaje. Entre ellas, una proporción notable de extranjeros –colombianos, brasileños, guyaneses, dominicanos–. Con excepción de algunos yacimientos a cielo abierto, los más terribles para el medio ambiente, la explotación se lleva a cabo en las “verticales”, pozos con galerías muy estrechas y oscuras de una profundidad de entre 25 y más de 80 metros. Los trabajadores, precariamente sentados sobre un corto palo fijado perpendicularmente al extremo de la cuerda que sujetan con ambas manos, descienden o vuelven a salir, al cabo de varias horas de trabajo agotador, gracias a un cabrestante de lo más rudimentario que dos hombres fornidos de rudas facciones accionan con la fuerza de sus brazos. A medida que la profundidad aumenta, y el esfuerzo físico se vuelve imposible, un winch eléctrico moderniza un poco la instalación. De estas minas, a lo largo de todo el día, salen a la superficie los sacos de tierra de 50 kilos de los que, en las plantas vecinas, se extraerá, mediante un tratamiento de mercurio muy tóxico, el metal precioso.
Entre descensos, los trabajadores descansan en sus hamacas. En el “barranco” (el frente de trabajo), un hormiguero humano aumenta su actividad. Ocho hombres y una cocinera componen por lo general el equipo que explota las minas más modestas, la inmensa mayoría. Incapaces de costearse un alojamiento o siquiera una habitación de hotel, todos viven en campamentos insalubres de casuchas hechas con telas de plástico negras tendidas sobre estacas. No obstante, no están necesariamente interesados en una habitación de verdad. Su precariedad les permite desplazarse a gran velocidad en cuanto surge el menor rumor de una bulla, alboroto provocado por el descubrimiento inesperado de un nuevo y supuestamente rico filón. “Cuando se encuentra oro, te olvidas de todo –comenta, muerto de risa, un interesado–, ¡hasta del nombre de tu mamá! Recuperas toda tu energía”. Allí, en un caos inhumano, a golpe de pico y pala, a base de explosivos y conflictos, nace una nueva comunidad.
Aproximadamente un gramo de oro por cada 200 kilos de material bruto: con el barro adherido a sus ropas, los afortunados del momento se amontonan delante de las oficinas que, de Guasipati a Tumeremo, a lo largo de calles ruidosas y atestadas, compran, con dinero en efectivo (que ha desaparecido en el resto del país) el metal precioso. La cerveza y el ron corren a raudales. Las “chicas” de las “currutelas” arquean la espalda y tienden la mano. “El burdel es el centro social de la mina”, suspira un habitante desengañado.
¿Dónde demonios
ha ido a parar el intocado
bosque virgen?
En periodos de crisis económica, como la que atraviesa actualmente Venezuela, muchedumbres en busca de sustento llegan de todas partes. Alrededor de las aglomeraciones, surgen barriadas en medio de una total anarquía. “Esto tiene un gran impacto”, nos dice José Alejandro Martínez, el alcalde chavista de Guasipati. “En materia de agua, electricidad, equipamientos, esta ciudad no está preparada para recibir a tanta gente. Además, esta afluencia repercute en la inseguridad”.
En los alrededores merodean “malandros” (delincuentes), “pranes” (cabecillas), bandas llamadas “sindicatos” o “bases”, que luchan por el control de ciertos territorios, armados con fusiles R-15, FAL y AK-47. Practican la extorsión: “la vacuna” (un término colombiano). Cada mes, se necesitan cuatro o cinco gramos de oro para evitar ser llevado silenciosamente a las colinas y ser apaleado, o incluso ejecutado –a veces, descuartizado con motosierra–. En El Callao (25.000 habitantes, 80.000 con la población flotante), en 2015 tuvieron lugar 90 asesinatos. De tanto en tanto, se produce un pico espectacular de violencia, y es difundida por los medios de comunicación. El 4 de marzo de 2016, en Tumeremo, los cuerpos de catorce personas, ejecutadas por la banda de Ulloa Suárez, alias “El Topo” (posteriormente abatido por las fuerzas del orden), fueron encontrados en una fosa común. El 5 de abril de 2017, se producen cinco muertos en El Callao, cuando sujetos armados atacan una patrulla militar. El 11 de septiembre de 2017, once malhechores quedan fuera de combate, en Tumeremo, en un enfrentamiento entre soldados y el “sindicato” del mafioso “Fausto”. Ese 15 de noviembre, otros nueve muertos, en El Callao, en el sector de San Luis, y posteriormente, el 11 de febrero de 2018, dieciocho malhechores portadores de armas de gran calibre caen en la mina Cicapra de Guasipati.
Desde hace algunos años, la violencia ha cambiado de naturaleza. “El minero es un hombre pacífico, esta barbarie es importada”, analiza Sergio Milano, profesor en la Universidad Nacional Experimental de Guyana y especialista en la actividad minera. “Las técnicas de asesinato empleadas estos últimos tiempos vienen de Colombia”. La “fiebre del oro” no ha atraído solo a monaguillos; paramilitares provenientes del país vecino, en efecto, han importado sus métodos. ¿Con qué fin? Por sí sola, la actividad minera informal –la “pequeña minería”– produce dos toneladas de oro al mes. Paradójicamente, en 2015, el Banco Central de Venezuela (BCV) solo recibió en todo el año 700 kilos –500 kg en 2016– cuando, según una directiva de 2009, los mineros deben venderle el 60% de su producción. Por el contrario, la isla de Curazao, frente a las costas venezolanas, exportó más de 18 toneladas. Esta dependencia holandesa del Caribe obtuvo de ese modo 2.300 millones de dólares entre 2010 y 2015… ¡sin poseer una sola mina en su territorio!
En el asfixiante epicentro
de Bolívar, oro y diamantes
escapan por oscuros caminos
En el asfixiante epicentro de Bolívar, oro y diamantes escapan por oscuros caminos –“los caminos verdes”– o por discretas pistas de aviación clandestinas hacia Brasil, Colombia, Guyana, Aruba y Curazao… que, sin reparos, “legalizan” la riqueza que saben robada a su vecino, gracias a la plaga endémica que padece: “Un guardia nacional, un policía, un funcionario público tienen salarios modestos”, explica Milano. “Les ofrecen algunos gramos. Valen millones. Es difícil resistir”.
Durante mucho tiempo, el Estado consideró la posibilidad de explotar racionalmente esta riqueza. Sin pasar de las ideas a los hechos. No es hasta agosto de 2011 cuando Chávez expone en el consejo de ministros la idea que tiene en la cabeza desde hace tiempo. “En el sur del país –afirma–, tenemos una de las reservas de oro más importantes del mundo y os informo de que pronto aprobaré una ley que nos permitirá hacernos con el control de la región aurífera, ya que las mafias y el contrabando hacen reinar la anarquía”. Sin resistencia, “inventa” el Arco Minero. Cuando el “comandante” habla, los cortesanos callan. Ninguno de los que hoy se escudan en este tema para crucificar a Maduro alza la voz.
“No vamos a intentar tapar el sol con un dedo pretendiendo que no hay daños medioambientales”, admite encogiéndose de hombros José Ortiz. “¡Evidentemente que los hay! Por lo tanto, no se trata de producir ‘más oro’, sino ‘más y en mejores condiciones’. Esto supone que debemos estar acompañados del pueblo minero para transformar las relaciones sociales de producción”. Ortiz, nacido en Guasipati, abogado sin traje ni corbata, pero de energía desbordante y comunicativa, preside desde hace un año la Misión Piar (2), surgida en 2005 para poner fin a este Salvaje Oeste “contaminante y generador de vicios” mediante una “reconversión minera” llena de buenas intenciones. Un fracaso. Porque hay tres tipos de mineros. Aquellos que, llegados en tiempos de crisis, no se quedarán si la situación mejora; los inversores de medianas empresas, presentes por interés; y, sobre todo, la masa de “históricos”, cuyos padres, abuelos y antepasados, a veces durante cinco o seis generaciones, ya practicaban esta actividad. “A esas personas no las conviertes en peluqueros, campesinos o tenderos de la noche a la mañana. Chocas con todo un sustrato cultural. Nunca se moverán, y menos todavía por decreto. El Gobierno tuvo que recular”.
- MAURICE LEMOINE. – Mina de Oro, El Callao (sector Perú), estado Bolívar, Venezuela.
- MAURICE LEMOINE. – Mina de Oro, El Callao (sector Perú), estado Bolívar, Venezuela.
Cuando Chávez nacionaliza las minas en 2011, el Estado se hace con el control de las multinacionales –Crystallex, Rusoro Mining, Mineria MS Ca, Promotora Minera de Guyana, Gold Reserve Inc.–, pero, en cierto modo, parece dudar sobre qué papel atribuir a la “pequeña minería”.
“El oro, hasta entonces, no dejaba nada, a excepción de la malaria, de un saqueo medioambiental y de una desastrosa situación social”, resume el actual ministro del MPPDME, Víctor Cano. “Había dos posibles formas de proceder. A sangre y fuego, enviando al Ejército a limpiar el sector de una parte de su población, o trabajar con los mineros, que es lo que hacemos. Aunque es difícil y, somos conscientes de ello, llevará tiempo”. En 2016, tomando el testigo del fallecido Chávez, Maduro y sus colaboradores establecieron las bases “reales” del proyecto de desarrollo. De la “potencial” zona de producción de 112.000 km2 anunciada, solo el 5% dará lugar a una explotación “controlada”.
Con esto en mente, el 5 de diciembre de 2017, un decreto demarcó las veintitrés zonas (3.400 km2), definidas con el Ministerio de Ecosocialismo, en las que se podrá practicar la extracción minera. Cualquier persona que ejerza fuera de esas zonas debe migrar inmediatamente a las autorizadas. Dos para el diamante, veintiuna para el oro. Algunas destinadas a la gran industria –Faoz (Venezuela, por el coltán)– y a algunas multinacionales –Afridiam (República Democrática del Congo, por el diamante), Bedeschi (Italia) por el oro, así como Yankuang Group (China), Barrick Gold Corporation, MEP International Inc. y Gold Reserve (Canadá)–. Como en el caso del petróleo, se trata de empresas obligatoriamente “mixtas”, de las cuales el Estado poseerá el 55%, velando por el “respeto de las normas salariales y ambientales”, como hacen constar desde el Ministerio.
Sin embargo, la mayoría de las zonas se reservarán para la mediana y pequeña minería, en condiciones también impuestas por el Estado. “Un plan construido en el territorio –comenta Ortiz– con la participación de gente y el pleno conocimiento de su realidad, su cultura, sus tradiciones; no planeado en Caracas en una estación de metro”.
En 2017, se organizaron más de setecientas reuniones a través del Consejo Popular Minero (CPM), una entidad creada por mineros informales en las últimas décadas para luchar, algunas veces con éxito (y con ayuda de Chávez) contra la gran industria, que trataba de expulsarlos. “Hay zonas –explica Víctor Cano–, donde ni siquiera sabíamos cuántas personas hay...”. Durante tres meses, un equipo de técnicos y profesionales, acompañados de cincuenta chicos y chicas de 17 a 35 años de edad dirigidos por la Misión Piar y el “capítulo minería” del Plan de Trabajo para Jóvenes –Chamba Juvenil– se sumergió en estos veintitrés enclaves salvajes para hacer un recuento de sus habitantes. “El minero nunca sale de su mina”, continúa el ministro. “Hace vida en la mina, come en la mina, se queda en la mina. Imposible decirle ‘regístrate en El Callao o Ciudad Bolívar’, no lo hará. Tenemos que acudir al lugar para identificarlo”. Al final de esta intervención se formalizó un Registro Único de Mineros (RUM) que permite conocer más de cerca la realidad. “El recibimiento varió dependiendo del lugar –nos dice una joven de Puerto Ordaz que participó en esta toma de contacto que describe como “emocionante”–. Solo una vez los mineros se negaron a recibirnos, aunque con cordialidad. En otros sitios, todo transcurrió con calma. Únicamente encontramos reticencias en aproximadamente el 10% de los casos”. Y es que, por primera vez, nos cuentan algunos ancianos, el Gobierno tiene en cuenta a los mineros para formalizar su actividad.
Por primera vez, el Gobierno
tiene en cuenta a los mineros
para formalizar su actividad
En unos pocos meses, el Gobierno ha firmado cuarenta y seis “alianzas estratégicas” con estos últimos –entre cien y ciento cincuenta más están pendientes de ser formalizadas–. “Se organizan en cooperativas, en empresas dotadas de un estatus legal, se asocian con el Estado, tienen que pagar impuestos, pero, a cambio, vuelven a la legalidad; el beneficio es mutuo”. Hasta entonces dependientes de un ejército de parásitos y traficantes a la hora de proveerse de equipos y combustible a precios exorbitantes, ahora pueden adquirirlos legalmente, a un precio subvencionado, reduciendo así sus costes de producción. A cambio, se comprometen a vender su oro a través de la empresa nacionalizada Minerven, que, en nombre del Estado, se lo compra pagando a toca teja, al precio internacional de mercado. Y deben “imperativamente” respetar cierto número de normas.
El principal desafío es el tratamiento del material aurífero sacado de los pozos. “Es nuevo en el país –dice con satisfacción Alberto Vásquez, nuestro “ecologista anarquista” del CNTQ–. Hasta ahora, la extracción se había hecho exclusivamente con mercurio, del que se necesitan dos toneladas para obtener una tonelada de oro. No es muy efectivo, por tanto, y terriblemente contaminante...”. Este metal, muy tóxico, en efecto, liberado en las aguas residuales, destruye la fauna y la flora, y contamina la cadena alimentaria por bioacumulación; antes, calentado al aire libre para separar el oro que ha amalgamado, ha producido gases devastadores para el minero que lleva a cabo la operación y para su entorno inmediato (3).
Ahora se trata de empujar a los mineros organizados hacia las plantas ya existentes que emplean cianuro, o de reemplazar sus dañinas instalaciones. De connotaciones negativas –a causa de suicidios y homicidios por envenenamiento–, el cianuro, menos contaminante que el mercurio, se degrada mucho más fácilmente. Si, en su fase inicial, el proceso de lixiviación que permite resulta más caro, una vez preparado, recupera el 92% del oro contenido en el material extraído, mientras que el mercurio capta solo entre un 38% y un 40%. Sin embargo, sigue siendo peligroso en caso de rotura de los diques que retienen los lodos líquidos generados por la cianuración. “El Ministerio nos ha solicitado que encontremos tecnologías alternativas y continuemos trabajando en la sustitución”.
A menudo en pie a las cuatro de la mañana para recorrer caminos y pistas de tierra roja, los miembros de la Misión Piar despliegan una actividad tan apasionada como incesante. Funcionarios militantes, constituyen la pieza central de la “gran transformación” buscada. Doscientos treinta estudiantes y profesionales –geólogos, ingenieros de minas, trabajadores sociales, graduados en estudios secundarios, etc.– del Plan de Trabajo para Jóvenes les ayudan al grito entusiasta y lúdico de “¡Pico, pico, pala, pala, manea, manea la batea!”, para, según José Ortiz, “emprender una humanización de las minas”.
Así, alientan el abandono del mercurio, ya prohibido, pero que disfruta de un periodo de “tolerancia”: “No enviamos el Ejército, hacemos las cosas gradualmente. Cuando el periodo de gracia haya terminado, todo el mundo tendrá que atenerse a la ley”. Acompañan técnicamente los cambios. Promueven el surgimiento de proyectos socioproductivos –piscicultura, agricultura, fábricas de ladrillos, pequeñas empresas– “porque no se trata de reemplazar la renta petrolera por la renta minera”. Toman medidas para una “salud integral, sexual y reproductiva”. Promueven la seguridad de las minas, que a menudo están sin apuntalar, donde no se usan cascos, máscaras ni guantes. E incluso animan a los mineros a crear equipos de fútbol, “a tomarse unos días de vacaciones en lugar de gastar su dinero en prostitutas...”.
“Dirán que estoy loco –se ríe Ortiz–, ¡pero esa es nuestra misión! La mina debe dejar de ser un espacio de producción con violencia para convertirse en un espacio de producción humano”.
Existen resistencias. Los grupos irregulares, las mafias y la industria del contrabando no ven con buenos ojos este nuevo control por parte del Estado de su zona de actuación. Pero el mensaje comienza a tener efectos, se observan ya resultados muy positivos. Durante una visita a San Rafael de la Camora, Ortiz está en el séptimo cielo: la alzadora, un auténtico montacargas, protege a los tres hombres con casco que transporta a 85 metros de profundidad gracias a unas muy inusuales cinchas de seguridad. La mayoría de mineros parece aprobar el cambio: “Antes teníamos problemas, confiscaban nuestras máquinas, nos maltrataban y expulsaban”, recuerda Catalina Gómez, joven y simpática accionista de una modesta mina –nueve personas en el fondo del barranco, cinco en la superficie– en el sector Perú de El Callao. “En este momento, desde la firma de la alianza, el Estado nos protege, eso nos permite trabajar”. Un Estado que cosecha los frutos de su política: mientras que el Banco Central (BCV) solo recibió 500 kilos de oro en 2016, acumuló 8,5 toneladas en 2017 y anunciaba ya 8 toneladas a principios de marzo de 2018 –con un objetivo razonable de 24 toneladas a finales de año–. Un duro golpe para las mafias extranjeras que, durante años, se han enriquecido a costa del país. Y un motivo para alimentar el furor de Washington y de la oposición… Gracias a este oro, Venezuela, sometida a sanciones económicas cada vez más penalizadoras de Estados Unidos, pudo financiar sus importaciones en enero y febrero.
Descolonizar la minería, volverla menos predadora para el medio ambiente, mejorar la situación de decenas de miles de trabajadores retribuyendo al mismo tiempo al país… Podemos discutir este planteamiento, pero, en cualquier caso, estamos lejos de la planificación cínica del “saqueo a gran escala” regularmente denunciado. El 20 de marzo pasado se celebró el primer aniversario de la creación del Parque Nacional Indígena Popular Caura. Este espacio virgen de 7,5 millones de hectáreas (20% del Estado Bolívar), en el que viven siete etnias –Yekwana, Sanema Hoti, Pemón, Hivi (Guajibo), Eñepa y Kariñas–, fue reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como la zona forestal húmeda protegida más grande del planeta. Sí… ¡en Venezuela!
