Jamás las relaciones entre Georgia y Rusia habían padecido una crisis semejante, desde la segunda independencia georgiana, el 9 de abril de 1991. El pasado 27 de septiembre, Tiflis anunció la detención de cinco militares rusos sospechosos de espionaje. Cinco días después, a pesar de la liberación de los uniformados, Moscú adoptó medidas de represalia contra lo que el presidente Putin calificó de “terrorismo de Estado” apoyado por “patrocinadores extranjeros”: suspensión de las comunicaciones aéreas, ferroviarias, viales, marítimas y postales con Georgia; embargo de las importaciones provenientes de ese país, y amenazas a las transferencias financieras, que representan un 15% de su Producto Interior Bruto. A esas medidas se sumó rápidamente –según los términos empleados por Tiflis– una “caza de georgianos”, más de un millón de los cuales, según estimaciones, viven en la Federación: en diez días fueron expulsados unos 500 clandestinos.
Evidentemente, semejante crisis tiene su explicación: sus raíces hay (...)
