¿Podemos imaginarnos a multinacionales que llevan ante la justicia a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar las ganancias de esas empresas? ¿Es concebible que puedan reclamar –¡y obtener!– una generosa compensación por el lucro cesante ocasionado por un derecho laboral demasiado apremiante o por una legislación ambiental demasiado explotadora? Por más inverosímil que parezca, esto no pasó ayer. Ya figuraba con todas las letras en el proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) negociado en secreto entre 1995 y 1997 por los veintinueve Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Divulgada in extremis, especialmente por Le Monde diplomatique, la copia provocó en varios países una ola de protestas sin precedentes, obligando a sus promotores a guardarla en un cajón. Quince años después, hela aquí en su vuelta tan esperada bajo un nuevo atuendo.
El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas (...)
