Una de las principales reformas estructurales que se pusieron en marcha durante la revolución neoliberal en Ecuador fue la liberalización financiera: los mercados, aseguraban, se autorregularían a través de la competencia. En 1998, en pleno auge neoliberal, la nueva Constitución instauró la autonomía del Banco Central. Su único objetivo: garantizar la estabilidad monetaria.
Nuestro país había elevado al rango de norma constitucional el mandato legal que le prohibía al Banco Central otorgar garantías y créditos a instituciones financieras privadas (artículo 265 de la Constitución de 1998). Pero ante la inminencia de la crisis, los poderes financiero y político introdujeron una disposición transitoria según la cual “hasta que el Estado disponga de los instrumentos legales adecuados para afrontar las crisis financieras y por un periodo de dos años o más a partir de la entrada en vigor de esta Constitución, el Banco Central de Ecuador podrá conceder préstamos de estabilidad y solvencia (...)