El 15 de diciembre de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como “AMLO”) remitió una carta de felicitación a Joseph Biden, quien unas semanas antes había sido elegido para ocupar la Casa Blanca. Además de recurrir a las habituales fórmulas de cortesía, la misiva se aparta de la simple diplomacia de la buena vecindad: “Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución; en especial, el de no intervención y [el derecho a] la autodeterminación de los pueblos”. Convencido de que la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos están “íntimamente ligadas a la situación de México”, el Departamento de Estado tiene desde hace tiempo como “prioridad absoluta” la supervisión del vecino del sur (1). Sin preocuparse demasiado, que digamos, por su soberanía.
Un escándalo reciente ha dejado huella. Durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, concluido en 2019, se desveló que la Agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) –que en teoría debe luchar contra el tráfico de armas de fuego– se convirtió “accidentalmente” en uno de los proveedores de fusiles de asalto del cártel de Sinaloa (2). A través de su proyecto “Gunrunner” (“traficante de armas”) y de la operación “Fast and Furious” (3), la ATF permitió que contrabandistas vinculados a narcotraficantes obtuviesen armas en Estados Unidos y las pasaran de contrabando al otro lado de la frontera con la intención, fallida, de seguirles el rastro. A partir de 2006, y durante un periodo de cinco años, 2.500 armas, desde semiautomáticas hasta fusiles antitanque, terminaron en manos de los cárteles, con el consentimiento tácito de los agentes estadounidenses, que solo se preocuparon por el impacto de sus métodos cuando unos fusiles Kaláshnikov de estos programas secretos provocaron la muerte de sus compañeros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (US Border Patrol)...
Nada de esto habría sido posible sin el consentimiento de los responsables mexicanos. En 2002, mientras el presidente estadounidense George W. Bush creaba un mando militar encargado de supervisar la parte norte del continente americano –el US Northern Command (Northcom)–, su homólogo mexicano Vicente Fox practicaba una diplomacia sumisa y celebraba el establecimiento de un perímetro de seguridad norteamericano. En 2005, once años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) estrechó aún más los lazos entre las políticas de seguridad de ambos países. En 2007, el entonces presidente Felipe Calderón pidió ayuda al “Tío Sam” en su “guerra contra el narcotráfico”. De este modo, la Iniciativa Mérida pasó a convertirse en la piedra angular de la cooperación entre México y Washington.
Sobre el papel, este programa financiado por el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas inglesas) pretendía “fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad” mexicanas así como el Estado de derecho, para “frenar la violencia” y “garantizar la seguridad en la frontera”. Al mismo tiempo, debía “enfatizar los esfuerzos de Estados Unidos en su territorio para poner fin al tráfico de armas y dinero y reducir la demanda de drogas” (4). En la práctica, esta iniciativa se tradujo en una dotación de 500 millones de dólares destinada a la compra de material estadounidense por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas (vehículos blindados, aviones de patrulla marítima, helicópteros de combate...), así como un fondo de 3.000 millones de dólares dedicado a intensificar la presencia estadounidense al sur del río Bravo.
El presidente Calderón abrió las puertas de par en par a la colaboración con los servicios de inteligencia de su vecino del norte. Su Gobierno autorizó la creación del Sistema de Vigilancia Técnica de México, un programa que permite a Washington geolocalizar, interceptar y analizar la información procedente de cualquier sistema de comunicación (teléfono e Internet) en México. En noviembre de 2010, una investigación periodística reveló que nueve agencias de inteligencia estadounidenses se habían instalado en un rascacielos ubicado a pocas manzanas de la embajada de Estados Unidos en México (5). Entre las organizaciones que albergaba estaban la Agencia de Inteligencia de Defensa (Defense Intelligence Agency, DIA, inteligencia militar), la Oficina Nacional de Reconocimiento (National Reconnaissance Office, NRO, imágenes por satélite) y la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA, inteligencia de señales, tanto de comunicaciones como electrónica).
Por lo visto, Estados Unidos debió de considerar que la alfombra roja no se le había extendido lo suficiente, por lo que rebasó los términos de los acuerdos firmados con su vecino. En 2013, las filtraciones realizadas por Edward Snowden revelaron una estación clandestina del “Servicio Especial de Captación” (Special Collection Service, SCS), un programa clasificado dirigido conjuntamente por la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) y la NSA. Operando desde la capital mexicana, sus agentes tenían la misión de recabar información de carácter político y económico, llegando a interceptar comunicaciones de altos funcionarios, y en ocasiones del propio presidente de la República (6).
Nacionalista convencido, “AMLO” no acepta esta injerencia. Unos días después de su victoria electoral del 1 de julio de 2018, y mientras se preparaba para recibir, todavía en calidad de presidente electo, la visita de Michael Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump, declaró que tenía la intención de cancelar un contrato de compra de ocho helicópteros militares por valor de 1.200 millones de dólares. Al mes siguiente, su futuro ministro de Seguridad Pública declara que “la colaboración en el ámbito militar [con Estados Unidos] no es la mejor manera de afrontar los problemas de inseguridad”, antes de soltar una pequeña bomba: “Vamos a reconsiderar todos los acuerdos de cooperación que existen entre nuestros dos países” (7).
Una vez instalado en el Palacio Nacional, a principios de diciembre de 2018, López Obrador excluyó activamente de su estrategia a las agencias estadounidenses encargadas de la lucha antidroga. Pocos meses después de refundar los cuerpos policiales y abandonar la lucha frontal contra los cárteles, hizo el siguiente anuncio en una rueda de prensa el 7 de mayo de 2019: “No queremos la llamada Iniciativa Mérida”. México sostiene que, para frenar la migración que tanto preocupaba a Trump, la ayuda estadounidense debería reorientarse hacia proyectos de desarrollo económico, especialmente en el sureste del país y en Centroamérica.
Pero la nueva política de seguridad de “AMLO” está teniendo un arranque complicado. La incipiente Guardia Nacional no ha sido capaz de frenar una tasa de homicidios que se mantiene en aumento, y mucho menos de debilitar a los grupos criminales. Las fuerzas de seguridad han sufrido múltiples reveses: en una ocasión catorce policías perecen en una emboscada; en otra, un comando excesivamente armado estuvo a punto de asesinar al jefe de la policía de la Ciudad de México en el corazón mismo de la capital…
La masacre de una familia mexicano-estadounidense al noreste del estado de Sonora (fronterizo con Arizona), cometida por miembros del crimen organizado en noviembre de 2019, estuvo a punto de provocar una crisis diplomática. Esta matanza conmocionó a la sociedad estadounidense. Un editorial del Wall Street Journal criticó la “capitulación” de un Gobierno a cargo de un país “peligrosamente cercano a un Estado fallido”. “Si México no puede controlar esto [los cárteles de la droga] en su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más […]. No debemos descartar una operación militar de Estados Unidos” (8). Cuando Washington amenazó con incluir a los cárteles mexicanos en la lista de “organizaciones terroristas extranjeras” que confecciona el Departamento de Estado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard replicó que “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación de su soberanía nacional”, sabedor de que tal calificación tendría consecuencias legales propicias para posibilitar la injerencia (Twitter, 27 de noviembre de 2019).
Durante el último año del mandato del presidente republicano, México se esforzó por mantenerse dentro de unos límites frente a un socio comercial tan imprevisible como poderoso. Pero a finales de octubre de 2020, el Gobierno mexicano dio un golpe sobre la mesa al considerar intolerable que no se le hubiera informado de una investigación centrada en un exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido a su llegada a Los Ángeles, a donde había viajado junto a su familia. Determinado a exigir a la Administración estadounidense que fuesen respetados los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, “AMLO” ha pretendido crear un precedente. Reclamó la liberación del militar retirado, acusado por la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de connivencia con el narco. Prefiriendo no poner en peligro la continuidad de sus agencias federales en territorio mexicano, la Justicia estadounidense accedió –para sorpresa de todos– a desistir del proceso, invocando “sensibles e importantes consideraciones de política exterior” (9). Lo nunca visto.
Esta decisión demuestra que ambos países “son más fuertes cuando trabajan juntos y respetan la soberanía de sus naciones”, señala un comunicado conjunto presumiblemente dictado por los diplomáticos mexicanos (10). Por lo que finalmente Cienfuegos es devuelto a México para ser juzgado, y la DEA ha tenido que compartir sus pruebas, fruto de una investigación de ocho años. Pero para el Gobierno de López Obrador, “ya nada será igual”, afirman colaboradores cercanos: “Se perdió la confianza” (11).
El Ejecutivo sigue mostrándose determinado a supervisar mejor las actividades de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses. En este sentido, no ha dudado en patear nuevamente el avispero al proponer una reforma legislativa –tramitada en apenas diez días, el 15 de diciembre de 2020– de la Ley de Seguridad Nacional mexicana. Acostumbrados a operar prácticamente sin trabas, las agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la CIA o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, popularmente conocido como “La Migra”) tendrán que rendir cuentas de ahora en adelante a las autoridades locales.
El 14 de enero de 2021, la Fiscalía mexicana anunció el resultado de su investigación sobre Cienfuegos: no existen motivos sólidos para mantener las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, por lo que el general quedaba exonerado y no sería procesado. Durante una conferencia de prensa, “AMLO” fustigó a la DEA y la acusó de haber fabricado el caso contra el exsecretario de Defensa mexicano. “Nosotros no podemos dejar en entredicho al Gobierno de la República ni a sus instituciones, por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo” (12), ha justificado el presidente mexicano. Por ello, las 750 páginas de la investigación estadounidense se hicieron públicas el mismo día, una afrenta al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La oposición a López Obrador –los círculos conservadores que en su día le abrieron las puertas de par en par a Washington– ha elaborado todo tipo de teorías para explicar su actitud: el presidente está sometido al poder de los militares, o bien actúa en connivencia con el narco; otras apuntan a que estamos ante un populista en plena construcción de un relato nacionalista de cara a las elecciones federales del próximo junio… “O quizá simplemente la reacción del presidente obedece a la indignación que provoca la desafortunada actitud de una agencia extranjera excedida en un intervencionismo que había que detener de una vez por todas”, sugiere el periodista Jorge Zepeda (13).
Ahora queda por ver si el presidente mexicano será capaz de convencer a su nuevo homólogo, Joseph Biden, para que revise los términos de una cooperación que hasta la fecha ha sido marginalmente eficaz en materia de inmigración y desastrosa en el ámbito de la seguridad. Dos cuestiones que, con toda probabilidad, reaparecerán a lo largo del mandato del presidente demócrata. El Departamento de Estado podría dar un primer paso certificando la muerte de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, por el momento, el Congreso de Estados Unidos ya ha asignado una partida de 150 millones de dólares para financiar la iniciativa en 2021...
