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Las mujeres, las primeras víctimas del ultracapitalismo andino

Marea feminista, también en Chile

La izquierda chilena busca su unidad. Los estudiantes allanaron el camino en 2011 recuperando la herencia de Salvador Allende; algunos recién llegados a la política trataron de transformar el intento durante las elecciones de 2013, antes de que las organizaciones sindicales salieran de su letargo. A su vez, el movimiento feminista, al conseguir organizar una de las movilizaciones más importantes desde el final de la dictadura, reaviva la esperanza.

por Franck Gaudichaud, mayo de 2019

El 8 de marzo de 2019, bajo un sol radiante y… la mirada torva de muchos carabineros (la policía chilena), un colorido tsunami, y no una solitaria ola, inundó las calles de Santiago. Para festejar esta primera huelga feminista de la historia de Chile, más de 350.000 personas coreaban consignas, cantaban, bailaban y armaban alboroto en el centro de la capital. Mujeres, principalmente, y jóvenes en su mayoría. Algunas de ellas, con el cuerpo pintado, se manifestaban en familia, con sus parejas, sus hijos. Perros callejeros acompañaban esta marcha alegre y furiosa, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Tampoco faltaron las abuelas que habían sobrevivido a la represión de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989) ni las militantes en defensa de los derechos humanos. Al igual que Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, marchaban con las fotografías de sus desaparecidas. “Las razones por las cuales la dictadura las asesinó son exactamente las mismas por las cuales marchamos hoy: querían construir una sociedad de personas libres e iguales”.

Las consignas eran tan diversas como los colectivos que se manifestaban: contra la violencia hacia las mujeres, la discriminación que sufren las homosexuales y las transgénero, las condiciones deplorables de acogida de las inmigrantes, por la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Junto a organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones y sindicatos, mujeres mapuches, con sus vestidos tradicionales, denunciaban la opresión que sufre su pueblo, mientras que una estudiante agitaba una pancarta donde podía leerse: “Libertad para mis ovarios. ¡Aborto libre, seguro y gratuito!”. Habitantes de los barrios populares organizadas en el seno de la red Ukamau reclamaban sin cesar el derecho a la vivienda. Un poco más lejos, la organización Pan y Rosas, próxima al minoritario Partido de Trabajadores Revolucionarios, entonaba cánticos de lucha bajo un mar de banderas. Algunos parlamentarios de izquierda también acudieron a las movilizaciones. Abría la manifestación una imponente columna compuesta únicamente por mujeres que marchaba detrás de una inmensa pancarta: “Mujeres trabajadoras de la calle, contra la precarización de la vida”.

“Es típico de los grupos de izquierda y los marxistas” –sentencia sonriente Javiera Rodríguez, estudiante de periodismo y militante conservadora–. Pretenden unir a la gente y terminan mezclando todo. Al principio, militan por del día de la mujer. Y luego se convierte en una manifestación por la mujer ‘oprimida’, la mujer ‘trabajadora’... Finalmente, los que van a la manifestación se encuentran marchando por la reforma de las jubilaciones y contra los fondos de pensión [privados], por el aborto libre o por el matrimonio homosexual...”.

Rodríguez fue portada de periódicos y abrió los telediarios chilenos en 2018 por lo que ella considera como un “acto de resistencia” durante la ocupación de su universidad por parte de feministas, descolgó una pancarta que denunciaba la violencia sexual: “No a los acosadores de la Universidad Católica”. “¡No podía aceptar la imagen que ese eslogan daba de nuestra universidad! Fue una reacción visceral: la arranqué y luego me enfrenté a las ocupantes. Dije lo que pensaba frente a las cámaras de televisión. Fue por respeto al orden y las instituciones que lo hice. Algunos dirán seguramente que soy ‘facha’: pero no me importa lo que piensen de mí”.

A diferencia de Rodríguez, las organizadoras consideran que la jornada del pasado 8 de marzo fue un éxito “histórico” que superó todas sus expectativas de participación: se trató de una las movilizaciones callejeras más importantes desde el comienzo de la transición democrática, en 1990. A nivel nacional, se registraron 800.000 manifestantes en más de 60 ciudades, incluyendo pequeños centros urbanos de provincia que no habían visto una concentración de ese nivel en los últimos treinta años...

¿Cómo se puede explicar semejante éxito en una nación conocida por su conservadurismo, con el Código Civil que se remonta a 1855, donde la ley de divorcio fue aprobada en 2004 (una de las fechas más tardías del mundo) y en el que se ha despenalizado –muy parcialmente (1)– la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace pocos años, en 2015, y después de décadas de obstrucción por parte de los principales partidos políticos y la Iglesia Católica?

Unos días antes de la movilización, la cúpula del Estado ya dejaba entrever algunos signos de preocupación. En una de los numerosas cadenas de televisión privadas favorables a su causa, el presidente Sebastián Piñera, un empresario multimillonario elegido en 2018 tras haber gobernado el país entre 2010 y 2014, trataba de calmar los ánimos: “Es un error querer instrumentalizar la noble causa de la igualdad plena de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. En mi opinión, creo que una huelga es innecesaria, ya que nuestro Gobierno hizo suya la causa de las mujeres”.

El nerviosismo del poder tiene su explicación de ser en el recuerdo de la impresionante movilización estudiantil de 2018 contra el acoso sexual y en favor de una educación no sexista. Ese “mayo feminista” había conducido a la ocupación de decenas de universidades, obligando a las instituciones a reaccionar y reconocer a regañadientes un malestar que estaba creciendo desde hacía mucho tiempo. Profesores renombrados fueron cuestionados, y otros suspendidos, entre ellos el expresidente del Tribunal Constitucional. Incluso la venerable Universidad Católica de Santiago, cuna de los “Chicago boys” que aconsejaban al general Pinochet durante la dictadura, fue ocupada –provocando la ira de la estudiante Javiera Rodríguez–. Habría que retroceder hasta 1986 para ver algo similar.

Este primer terremoto feminista solo fue una réplica de la intensa movilización estudiantil de 2011, durante el primer mandato de Piñera (2). Para los jóvenes que en ese momento tomaron las calles, así como para las personas que respondieron al llamamiento a la huelga feminista del 8 de marzo, Chile debía acabar con la pesada herencia de los años del autoritarismo. Una ruptura que los sucesivos gobiernos de la “concertación” (coalición entre la centroizquierda y la democracia cristiana) demostraron ser incapaces de realizar durante sus veinte años de gobierno (1990-2010).

Pero las demandas de las feministas contemporáneas ahondan sus raíces en una historia aún más antigua. “El movimiento feminista nunca ha desaparecido del todo, ha tenido altibajos en términos de visibilidad –nos explica la historiadora Luna Follegati–. En vez de ‘olas’, pueden distinguirse tres grandes épocas. Desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1950, en torno a las demandas políticas y civiles (especialmente el derecho al voto, obtenido en 1949). El periodo de la década de 1980, con la intensa resistencia de las mujeres de las clases populares contra la dictadura. Y por último, la tercera época vendría marcado por las luchas que emergen desde hace algunos años, que ponen de relieve las problemáticas de la diversidad sexual, la teoría queer, etc.”.

El poderoso Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), activo de 1935 a 1953, exigía también el derecho a métodos anticonceptivos y al aborto, la legalización del divorcio, la igualdad salarial. Blandía –ya– el arma de la huelga. Además, sus precursoras, como Elena Caffarena y Olga Poblete, participaron en 1983 de la refundación de esta organización para luchar contra el régimen militar. A su lado, las intelectuales Julieta Kirkwood y Margarita Pisano, quienes imaginaron a lo largo de esos años negros una consigna que se volvió famosa: “¡Democracia en el país y en la casa!”.

La transición democrática de 1989-1990 no solo conservó el modelo económico de la dictadura, así como la Constitución impulsada por el general Pinochet. La “democracia del consenso”, tan alabada por la patronal del “jaguar chileno”, se forjó también gracias a la desmovilización de los actores sociales críticos. Un claro ejemplo es el movimiento feminista. Perdiendo poco a poco su fuerza, derivó hacia políticas públicas de género: reformas compatibles con la ideología del “mercado omnipresente”, y que abrazaron numerosos progresistas. En las altas esferas del Estado, algunas mujeres han logrado abrirse camino (siempre y cuando no cuestionen el statu quo). Al mismo tiempo, en los sectores más empobrecidos de la sociedad, otras, aquellas mujeres que provienen de las clases populares y las poblaciones indígenas, no han experimentado ninguna mejora de su situación.

La socialista Michelle Bachelet, víctima de la dictadura, agnóstica y soltera, fue ministra en los años 2000, y posteriormente se convirtió en la primera presidenta en la historia de la República, en 2006 y 2014, haciendo uso de su imagen de “madre de todos los chilenos” (3). Pero no hizo que la causa de las mujeres avanzara más de lo que rompió con el social-liberalismo de su familia política. “Durante su primer mandato, no se hizo prácticamente nada”, exclama Gael Yeomans en su pequeño local de la comuna popular de San Miguel. Esta joven abogada encarna el ala izquierda del Frente Amplio, una coalición nacida a comienzos de 2017 que agrupa varios movimientos políticos (desde el centro hasta la izquierda radical), algunos de los cuales surgieron a raíz del movimiento estudiantil de 2011. “Durante su segundo mandato, una medida positiva fue la creación –¡finalmente!– del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Pero no recibió ni la partida presupuestaria ni la atención política que necesitaba para intervenir realmente en todos los terrenos sociales. Incluso el proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres fue abandonado, dejando finalmente esta iniciativa en manos de la derecha”.

La “Agenda Mujer”, un paquete de medidas legislativas lanzado por Piñera en mayo de 2018, mezcla una visión conservadora (siendo las mujeres reducidas a menudo al papel de madres) con el liberalismo económico. Tiene prevista promover la paridad en los órganos de dirección de las empresas, o incluso el derecho “universal” a una plaza de guardería para las mujeres con un contrato de trabajo estable, lo que limita considerablemente el alcance de la medida en un país donde, a menudo, la precariedad es la norma, y más aun en el caso de las mujeres. Mientras que menos de la mitad de ellas tiene acceso a una actividad remunerada, el 31% trabaja sin contrato, ni protección social o de salud (sin siquiera mencionar la posibilidad de afiliarse a un sindicato) (4). Ahora bien, aunque el presidente Piñera repita de forma insistente su compromiso con los “derechos de la mujer” (un singular que tiende a esencializar a las mujeres), nadie se deja engañar: entre la ciudadanía, el actual inquilino del Palacio de La Moneda [sede de la Presidencia] es conocido por sus comentarios misóginos, difundidos en la prensa a lo largo de su carrera. Por otra parte, sigue actuando bajo la influencia de una coalición (hoy minoritaria en el Parlamento) donde participan miembros del Opus Dei, militantes antiabortistas y antiguos apoyos del general Pinochet.

Durante la actual presidencia, los diputados de derechas han logrado, mediante una treta, que el Tribunal Constitucional acepte el concepto de objeción de conciencia “institucional” (y no solo individual) respecto de la IVE: esta decisión es de suma trascendencia, ya que en un país donde la salud se encuentra en gran medida privatizada y en manos de diversas órdenes religiosas, una clínica puede actualmente acogerse a esta objeción y decidir que en su centro no se practique ningún aborto, eximiéndose de la ley vigente, así como del derecho internacional.

Pero la marea feminista chilena va más allá del contexto nacional. Apoyándose en movilizaciones callejeras y “desde abajo”, se identificó con la convocatoria a la huelga de las mujeres en Polonia en octubre de 2016, con las imágenes de las manifestaciones masivas en España en la primavera de 2018 tras la puesta en libertad provisional de “la Manada”, en espera de los recursos presentados por sus defensas y condenados por un “delito continuado de abuso sexual”, una violación a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, así como con la histórica huelga feminista de 2018 [que también tuvo lugar en 2019, con una gran participación] o con los textos de intelectuales como Silvia Federici, Cinzia Arruzza, Nancy Fraser o Tithi Bhattacharya.

Ahora bien, el principal caldo de cultivo sigue siendo, sin embargo, latinoamericano: el pañuelo verde, símbolo de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, atraviesa la Cordillera de los Andes, así como el grito “¡Ni una menos!” que denuncia los feminicidios. Este feminismo, que tiene su origen en el sur del continente, goza además de una larga experiencia de encuentros continentales que se han ido organizando desde la década de 1980, aunque marcados por crecientes divisiones. Está también muy presente la resistencia frente a los asesinatos y la violencia sexual contra las mujeres en Ciudad Juárez (México), El Salvador, Guatemala...

Es a comienzos de 2018 cuando la coordinadora del 8 de marzo empieza a tomar forma, primero en Santiago, y posteriormente en colaboración con otras organizaciones de la región. Las asambleas locales de mujeres fijaron los programas de movilización. Un año más tarde, la coordinadora aún no dispone de una sede, se autofinancia día a día, pero cuenta con la adhesión de más de sesenta organizaciones.

A lo largo de todo un año, se crean comisiones de trabajo (articulación social, comunicación, logística, etc.), se eligieron voceras mediante un sistema de rotación, en un esfuerzo tendiente a alternar generaciones, orientaciones sexuales, orígenes y puntos de vista. “Quisimos romper con la forma patriarcal y masculina de organización que existe en la política, incluyendo a la izquierda”, señala una joven militante con la que conversamos. Gracias a los comités de huelga en los barrios, las intervenciones en las redes sociales y las acciones en la calle de las “brigadas feministas”, el éxito del 8 de marzo se fue fraguando lentamente.

Así, surgió la idea de huelga feminista, “precisamente porque el derecho a huelga no está garantizado para nadie –nos explica Alondra Carrillo, líder de la organización–. Nuestro proyecto apuntaba al bloqueo de la economía como herramienta política”. Con el nuevo Código del Trabajo promulgado por la dictadura, en 1979, la posibilidad de interrumpir el trabajo se redujo a su mínima expresión para todos los trabajadores, al mismo tiempo que las libertades sindicales. Producto de una legislación restrictiva totalmente arcaica, las huelgas de la inmensa mayoría de los asalariados que aún se atreven a movilizarse son declaradas ilegales, y los empleados del sector público siguen desconociendo por completo ese derecho fundamental. “Pero la idea de huelga, agrega la vocera, implicaba también que deseáramos convocar tanto a mujeres como a hombres, aun cuando, en este caso, las mujeres debían tener el papel principal, con el apoyo de los hombres, que, por ejemplo, se encargarían de la organización de puntos de alimentación y el cuidado de los niños”.

A lo largo de las semanas, decenas y más tarde cientos de mujeres se comprometieron en cuerpo y alma, a pesar de sus diferencias. Algunas, por ejemplo, estaban a favor de militar exclusivamente en espacios no mixtos (es decir, sin hombres), mientras que otras se oponían a ello. Algunas se mostraban favorables a los contactos con los partidos políticos, el Estado o los medios de comunicación; otras consideraban que podría acarrear demasiados riesgos...

El Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, en diciembre de 2018, significó un momento clave de este trabajo de hormiga. Reunió a 1.200 mujeres de todas las regiones, hizo el llamamiento a la huelga del 8 de marzo y elaboró un programa de diez puntos (5). Según Carrillo, apuntaba a actuar de manera que la cuestión feminista impregnara al conjunto del movimiento social y todas las temáticas que lo impulsaban. Así, las demandas de las inmigrantes convivían en el documento con la exigencia de una “educación desmercantilizada no sexista, anticolonial y laica”; el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos autóctonos con la defensa del aborto “libre, legal, seguro y gratuito” y el “fin de la violencia política, sexual y económica contra las mujeres”.

Según cifras oficiales, casi un tercio de las chilenas será víctima de violencia sexual al menos una vez a lo largo de su vida. Y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres denuncia desde hace varios años el asesinato de una mujer por semana, de promedio, como consecuencia de la violencia ejercida por un hombre (sin que eso sea sistemáticamente considerado por la ley como un feminicidio) (6). Para las militantes, esta violencia contra el cuerpo de las mujeres es consustancial a la violencia del modelo capitalista neoliberal. Al rechazar un feminismo elitista y liberal, Carrillo y sus compañeras no dejan de señalar los puntos de conexión que hay entre las dominaciones de género, raza y clase, expresando así su oposición al Gobierno y las políticas vigentes. En efecto, las mujeres figuran entre las principales perdedoras del ultracapitalismo andino. En un país donde la semana legal de trabajo es de cuarenta y cinco horas y donde el 70% de los asalariados gana menos de 730 euros por mes, la remuneración de las mujeres es un 30% inferior a la de los hombres (7). En el acceso a la salud, sufren la discriminación de los seguros privados debido a los potenciales embarazos, considerados un “riesgo”. Lo mismo ocurre en lo que respecta a las jubilaciones, totalmente en manos de fondos de pensión desde la década de 1980 (bajo el impulso de José Piñera, hermano del actual presidente, ministro de Trabajo durante la dictadura).

Pero la coordinadora también recibió numerosas críticas, tanto internas como externas, que hicieron peligrar su voluntad de unidad. “El movimiento feminista hegemónico actual está muy ligado al movimiento estudiantil y a las temáticas de lucha contra el acoso sexual en el seno de las universidades”, señala Daniela Catrileo, joven poeta de origen mapuche y miembro del colectivo decolonial Rangiñtulewfu. Sin buscar la conciliación, agrega: “No eran demasiado visibles ni tenidas en cuenta las mujeres racializadas, las reclamaciones del pueblo mapuche, el colonialismo interno. Éramos también críticas con la convocatoria a una ‘huelga’ feminista, en el sentido de que esa consigna, proveniente sobre todo del Norte y de los movimientos europeos, puede excluir a muchas mujeres precarias o inmigrantes”. Carrillo responde a la objeción: “Impulsamos una huelga bajo cuatro formas posibles: en el lugar de trabajo, siempre que la situación de las trabajadoras se lo permitiera; huelga de cuidados y de trabajo no remunerado en los hogares; interrupción del consumo; y, finalmente, manifestación en el espacio público”.

Esta última modalidad estuvo en el corazón de la jornada del pasado 8 de marzo. En el terreno sindical, el hecho de que la principal organización nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), no secundara la convocatoria feminista no facilitó la ampliación del movimiento. Y esto, teniendo en cuenta que la CUT está presidida por una mujer, la dirigente comunista Bárbara Figueroa. Pero a la dirección del sindicato no es partidaria de acompañar aquellas movilizaciones que no controla. A pesar de todo, en algunas ciudades, como el puerto de Valparaíso, organizaciones sindicales combativas hicieron decididamente acto de presencia, sufriendo además una fuerte represión policial. Otras organizaciones de empleados del sector público, como el Colegio de Profesores y la Confederación Nacional de la Salud Municipal, estuvieron también muy comprometidas.

Comentando el éxito de la jornada del 8 de marzo, Karina Nohales, especialista en derecho laboral y militante feminista, se alegra de los gigantescos avances obtenidos en algunos meses. Confiesa que son constantes las dificultades para llegar a las habitantes de los numerosos barrios pobres de Santiago (las poblaciones), a las inmigrantes o incluso a las trabajadoras de los sectores más bajos. Más aún cuando la imagen de las feministas y ligada a todo el movimiento es de mujeres blancas provenientes de la clase media, lo que genera algunas reticencias. “Sin embargo, comenta, avanzamos mucho en el sentido de una mejor integración de la lucha feminista en el seno de las poblaciones y algunos sindicatos, particularmente en los sectores (educación, salud, administración) donde existe una marcada presencia femenina. El objetivo de la coordinadora es precisamente lograr un enfoque que llegue al conjunto de las mujeres, que aborde tanto las expectativas de aquellas que pertenecen a los sectores populares, las inmigrantes, como de aquellas llamadas a veces de ‘clase media’, pero que, en el Chile neoliberal, son en realidad –especialmente las jóvenes– profesionales, pero están endeudadas hasta el cuello”.

A pesar de algunos matices, esta primera huelga feminista fue vivida como un inmenso paso adelante, y la coordinación del movimiento pretende continuar con su impulso: completar el programa fundacional sometiéndolo nuevamente a discusión; reforzar el trabajo unitario, desde el gran Norte hasta la Patagonia, pero también internacional. Objetivo buscado: establecer puentes más sólidos en dirección a las inmigrantes, ancianas y menores, e incluso crearlos en lo que respecta a las detenidas. Según Carrillo, “se trata de mostrar que el feminismo es una solución real, particularmente en un momento de crecimiento de la extrema derecha y las corrientes reaccionarias en toda la región”.

En Chile, las encuestas demuestran que la Iglesia Católica sigue perdiendo terreno, y la multiplicación en su seno de escándalos de pedofilia, ocultados por la jerarquía eclesiástica, no hace más que profundizar ese descrédito. Sin embargo, diversas sectas evangélicas avanzan en los barrios, sin ser todas ellas integristas (dos pastoras participaron incluso en los encuentros feministas). Algunos grupúsculos fascistoides atacan regular –y violentamente– a las feministas, a las lesbianas y a las transgénero. Al mismo tiempo, las recomposiciones políticas han favorecido el surgimiento mediático y electoral de personalidades de extrema derecha, como el diputado José Antonio Kast (Acción Republicana), que denuncia la “ideología de género”. Ferviente opositor al aborto y a quienes califica de “feministas de cartón”, alaba a la “verdadera mujer chilena”, necesariamente católica, nacionalista y... dentro del hogar.

(1) En Chile, la IVE solo se autoriza en caso de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto.

(2) Véase Hervé Kempf, “Au Chili, le printemps des étudiants”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 2011.

(3) Nicole Forstenzer, Politiques de genre et féminisme dans le Chili de la postdictature, 1990-2010, L’Harmattan, col. “Anthropologie critique”, París, 2012.

(4) Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Santiago, octubre-diciembre de 2017.

(7) Los verdaderos sueldos de Chile” (PDF), Fundación SOL, Santiago, 2018.

Franck Gaudichaud

Profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Grenoble-Alpes. Presidente de la Asociación France Amérique Latine. Coordinó, entre otras obras, Chili actuel. Gouverner et résister dans une société néolibérale, L’Harmattan, París, 2016..