A comienzos de febrero, el primer ministro francés Édouard Philippe hizo públicas las primeras decisiones del Gobierno relativas a la función pública: planes de reducción voluntaria de plantilla, incorporación acelerada de personal por contrato, multiplicación de los indicadores individuales de rendimiento, las llamadas remuneraciones “por méritos”… Philippe inauguraba así una cruzada contra los estatutos: en primer lugar, el de los trabajadores ferroviarios y después, el del resto, en particular el “estatuto general de los funcionarios”, una pieza clave que concierne a unos 5,5 millones de empleados, es decir, a un 20% de la población activa.
En este ámbito, como en otros, el presidente Emmanuel Macron pretende avanzar rápido. El joven dirigente sabe que el tiempo no está de su lado y obedece a los poderes dominantes –el mundo de las finanzas internacionales del que procede, los círculos dirigentes de la Unión Europea, la patronal, la tecnocracia administrativa, los aduladores del show-business (...)
