En noviembre de 2013, el “supertifón” Haiyan se abatía sobre el archipiélago de Filipinas: más de seis mil muertos, un millón y medio de viviendas destruidas o dañadas y trece mil millones de dólares de daños materiales. Tres meses más tarde, dos compañías privadas de seguros, Munich Re y Willis Re, acompañadas por representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), presentaban a los senadores filipinos un nuevo producto financiero destinado a paliar las supuestas deficiencias del Estado en materia de gestión de los desastres climáticos: el Philippines Risk and Insurance Scheme for Municipalities (PRISM). Una especie de préstamo catástrofe de alto rendimiento que propondrían las municipalidades a inversores privados. Estos últimos percibirían altos intereses subvencionados por el Estado, pero, en caso de siniestro de una fuerza y de una gravedad predefinidas, perderían su inversión.
“Derivados climáticos” (weather (...)
