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Un proyecto de industria nacional torpedeado por el golpe de Estado

En Bolivia, el sector del litio a subasta

En octubre de 2019, un golpe de Estado derrocó al presidente boliviano Evo Morales. Mientras el Gobierno de facto promete elecciones para el mes de mayo, uno de los proyectos más ambiciosos del ex jefe de Estado parece estar ya enterrado: hacer que Bolivia no se contente con exportar su abundante litio, sino que también lo industrialice.

por Maëlle Mariette, enero de 2020

Por un lado, el país más pobre de América Latina. Por el otro, una tecnología puntera, que prácticamente ninguna nación del Sur controla. A priori, nada hacía prever que Bolivia se pudiera convertir algún día en uno de los actores clave en el mercado del litio, un metal alcalino esencial para la producción de baterías. El descubrimiento del yacimiento más grande del mundo de este “oro blanco” en el salar de Uyuni, el inmenso desierto salino del Oeste, podría haber desencadenado un fenómeno que este país conoce a la perfección: la explotación por terceros de una riqueza que su suelo esconde. Pero el presidente Evo Morales, elegido en 2006 y derrocado por un golpe de Estado en octubre de 2019 (1), había concebido otro escenario: una minería de litio de la que no se aprovechasen las multinacionales del Norte, sino los bolivianos…

El final del día se acerca. Un viento helado barre el salar de Uyuni. Estamos frente al complejo industrial de producción de litio y cloruro de potasio de Llipi, en el verano de 2019. Aquí está en juego el futuro del país: liderada por el Estado, sobre la unidad pionera de minería e industrialización de litio en Bolivia recae el encargo de impulsar al país al rango de la “Arabia Saudí del litio”, como le gusta repetir al vicepresidente Álvaro García Linera –ahora exiliado en Argentina–.

El planeta cuenta con pocos salares, enclaves privilegiados para la minería del litio, al tiempo que la demanda se ha disparado. El smartphone más insignificante contiene de 2 a 3 gramos de litio. Para un coche eléctrico, cuente unos veinte kilogramos. Se estima que en 2040 habrá 260 millones de coches llamados “limpios” en las carreteras, frente a los 4 millones actuales. En cuanto a la demanda mundial de litio, de aproximadamente unas 300.000 toneladas en 2018, se espera que alcance el millón de toneladas en los próximos diez años. De momento, los precios se han cuadruplicado en tres años, situándose en los 20.000 dólares (18.000 euros) por tonelada en 2018 (antes de un ligero descenso en 2019). De ahí que el emplazamiento de Llipi esté atrayendo la atención del mundo entero. Las estimaciones apuntan que habría 21 millones de toneladas (2) de litio en los 10.000 kilómetros cuadrados del salar de Uyuni. Una promesa de abundancia. ¿Pero para beneficio de quién?

Desde la colonización española, cuando millones de indígenas murieron en las minas de plata, hasta el siglo XX, cuando las minas de oro, tungsteno y estaño hicieron la fortuna de las compañías mineras extranjeras, ninguna de las riquezas del subsuelo boliviano ha beneficiado a la población local en ningún momento. “Es incuestionable que no debemos dejarnos expoliar de nuevo”, declaró Morales al comienzo de su primer mandato. Desde que asumió el cargo, en 2006, defendió el planteamiento de una extracción “100% nacional”. Su apuesta siempre fue exportar el litio no en estado bruto, sino transformado en baterías producidas en el terreno, con un mayor valor añadido. De tener éxito, Bolivia se convertiría en uno de los pocos países del Sur capaz de hacerse cargo de toda una cadena industrial: exploración y extracción de la materia prima (procesamiento de las salmueras), producción de compuestos básicos (carbonato de litio, pero también cloruro de potasio, un subproducto del proceso de extracción del litio empleado como fertilizante y destinado en gran parte al mercado brasileño), y luego la fabricación de bienes intermedios (cátodos de litio) y bienes de consumo final (baterías de iones de litio).

Por ello, el Gobierno impulsó en 2008 un plan nacional para la industrialización de los recursos conocidos como “evaporíticos” –litio, principalmente, pero también otros minerales presentes en la salmuera, como el potasio, el boro, etc.– bajo los auspicios de una empresa nacional: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). “Nuestra política consiste en asegurarnos de que las materias primas sean explotadas por empresas del Estado”, nos explicó este verano de 2019 Luis Alberto Echazú, quien todavía ostenta el cargo de viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, y que ha estado al frente del proyecto desde sus inicios. Este enfoque implica el desarrollo de una tecnología nacional, para no depender de multinacionales y de patentes extranjeras. Para lograrlo, el Estado ha destinado alrededor de 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros), una de las mayores inversiones de la historia del país.

Pero el mayor desafío no era el financiero. “En el plano tecnológico partíamos prácticamente de cero”, nos cuenta Echazú. “Sólo dos universidades disponían de laboratorios de química que investigasen un poco los recursos evaporíticos”, añade Óscar Mamani, jefe de operaciones de Llipi, quien residía en el extranjero cuando se anunció el proyecto y que regresó al país para trabajar en él, al igual que otros ingenieros bolivianos. “Revisamos con ahínco la literatura científica y fuimos avanzando a base de prueba y error, sin ayuda externa. Todos nos convertimos en investigadores, en resumen”.

En Llipi, el litio se transforma en carbonato de litio de “grado batería”. En La Palca, a doscientos kilómetros de distancia, este carbonato se emplea en la fabricación de materiales catódicos y, posteriormente, de baterías de ion de litio. Esta última etapa –la producción de bienes de consumo– resulta la más difícil. “Hay que ser consciente de la magnitud del desafío –comenta Marcelo Gonzales, director de la planta piloto de baterías–. No solo teníamos que poner en funcionamiento la primera y única planta de baterías de América Latina, ¡también tuvimos que formar a todo el personal!”. Además de adquirir el equipo necesario –fabricado en Japón, Europa o Estados Unidos– también tuvimos que desarrollar las competencias necesarias para poder utilizarlo. Al igual que el director del centro de investigaciones, Marcelo Saique, que acaba de regresar de Brasil, los trabajadores también tienen que viajar al extranjero para recibir una formación que es imposible de encontrar en Bolivia. Esto ha sido posible, en parte, gracias a un programa de becas del Gobierno que permite a los investigadores mejorar sus habilidades en sectores estratégicos, en los que se incluye el litio.

Pero Bolivia no es una isla. Paradójicamente, su proyecto de independencia debe ir acompañado de un esfuerzo por forjar vínculos con las empresas transnacionales que bloquean el acceso a determinadas tecnologías y algunos mercados. Se trataba pues de localizar a socios que no fuesen a actuar como dueños del proyecto, actitud que no suele gustar en las grandes corporaciones. Con este objetivo en mente, Echazú nos expuso las cinco condiciones que deben cumplir los socios de YLB: aceptar la participación mayoritaria del Estado boliviano (51%); asegurar la industrialización del litio derivándolo a una cadena de productos de alto valor añadido; aportar financiación; asegurar el acceso a un mercado en el extranjero; y garantizar la transferencia de tecnología y saberes, en particular mediante la formación del personal boliviano.

Si bien empresas japonesas, chinas, surcoreanas y francesas se han mostrado interesadas, las cosas a veces han resultado complicadas. Como en el caso del grupo industrial Bolloré. “Vincent Bolloré vino en 2008 –nos cuenta el economista Óscar Vargas Villazón, quien entonces fue el encargado de recibir a la delegación del industrial francés–. Conoció a Evo Morales, lo invitó a París e incluso lo llevó a dar un paseo por las orillas del Sena en uno de sus coches eléctricos. Su proyecto fue cuidadosamente estudiado, pero tenía un cariz muy ‘Françafrique’, muy condescendiente, no nos gustó”. Entre risas, Echazú nos cuenta: “La empresa Bolloré no entendió nuestra filosofía. Lo único que le interesaba eran nuestras materias primas”. El empresario francés finalmente terminó yendo a Argentina, donde las condiciones que le ofrecían eran más ventajosas para él: concesiones privadas, arreglos fiscales, bajos estándares medioambientales. Muchas multinacionales se han negado a abandonar el único marco económico que toleran, como resumía Herwing Borja Segovia, entonces director del complejo de La Palca: “Exploto, pago impuestos irrisorios, me llevo la materia prima y, con ella, el valor añadido”.

En agosto de 2019, el Gobierno boliviano alcanzó un acuerdo con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para la explotación de los salares de Coipasa y de Pastos Grandes. El acuerdo también incluye la construcción de una fábrica de baterías de ion de litio en China, con la participación de YLB. “¡El mercado del futuro es China! –afirma entusiasmado Vargas Villazón–. Ha anunciado que en el año 2025 todos los coches del país serán eléctricos”. Con el 60% del mercado de baterías, China ya es el mayor consumidor de carbonato de litio del mundo.

Se han llevado a cabo negociaciones con la India y Rusia, pero la gran esperanza fue durante mucho tiempo la firma, a finales de 2018 –tras diez largos años de negociaciones– de un acuerdo con la empresa alemana ACI Systems. De ahí surgió YLB-Acisa, la primera empresa de capital mixto del país en ese sector. Esta colaboración permitió que el litio boliviano pudiera acceder al mercado europeo y, al mismo tiempo, satisfizo una necesidad estratégica de la industria del automóvil alemana (la mayor de Europa), que no produce las baterías. El objetivo declarado: “Enviar a Alemania las primeras baterías para coches eléctricos a finales de 2023 o principios de 2024”, declaró Echazú a comienzos de 2019.

Sin embargo, cuando nos reunimos con él unos meses más tarde, su entusiasmo se había esfumado. “Estamos peleando con los alemanes porque se están retractando del contrato. Ya no quieren hacer las baterías aquí porque dicen que no les resulta rentable”. Fabricar las baterías en Bolivia implica, en efecto, tener que importar todos los insumos necesarios. Conseguir fabricarlos de forma local llevaría su tiempo, dada la pobreza de infraestructuras de donde tienen que salir las líneas de producción. Pero hay que añadir una segunda dificultad que afecta a la competitividad de la producción boliviana: el coste del transporte, en un país privado de acceso al mar. De ahí la lucha que ha mantenido Morales en diversas instancias internacionales para obtener un acceso soberano al océano Pacífico (3).

Desde hace mucho tiempo, la prensa invita a Bolivia a que abandone sus ambiciones, que estarían condenadas al fracaso, porque el país no dispondría de las capacidades necesarias y, sobre todo, no entendería el mundo de los negocios. Omnipresente en los medios de comunicación sobre esta cuestión, un tal Juan Carlos Zuleta, miembro de la Comisión Nacional chilena del Litio, que al conocerlo se presenta como “investigador independiente” con un “doctorado en economía obtenido en Estados Unidos”. Principalmente trabaja como analista bursátil y consultor para multinacionales vinculadas a la explotación del preciado metal alcalino, especialmente en Chile, segundo productor mundial. También es asesor del comité cívico de Potosí (la región donde se encuentran Llipi y La Palca), que fue particularmente activo durante el golpe de Estado de octubre de 2019 contra Morales. En su opinión, es inútil pensar que el litio se pueda explotar en Bolivia, ya que “sólo Estados Unidos cuenta con la tecnología necesaria” (4).

Morales otorgaba gran importancia a su proyecto de explotación e industrialización del litio porque lo consideraba un instrumento de conquista y defensa de la soberanía nacional. “Somos conscientes de que habrá mucha presión sobre Bolivia –nos confesó Echazú el verano pasado–. Siempre sucede lo mismo: el imperialismo está en una búsqueda continua de recursos y, cuando es necesario, no duda en atacar o invadir un país para ponerle las manos encima. Sabemos que esto puede pasarnos a nosotros. Por supuesto, si la derecha regresara al poder, las cosas serían más fáciles para las multinacionales. En Bolivia, las derechas siempre han defendido la idea de que era mejor privatizar”. No hay duda de que este será el camino elegido por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, así como por el Gobierno que surja de las elecciones de mayo, organizadas por los golpistas.

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(1) Léase Renaud Lambert, “En Bolivia, un golpe de Estado demasiado fácil”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2019.

(2) Según el estudio “Modelage numérique hydrologique” de la consultora minera estadounidense SRK, en febrero de 2019.

(3) Léase Cédric Gouverneur, “Bolivia, con la mirada puesta en el mar”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2015.

(4) Zuleta: Bolivia no sabe explotar el litio ni consiguió patentes”, Pagina Siete, La Paz, 4 novembre 2019.

Maëlle Mariette

Periodista.