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El capricho del príncipe

Editorial, por Serge Halimi, julio de 2018

Emmanuel Macron, después de haber sido elegido confortablemente presidente de la República francesa con la colaboración de casi todos los medios de comunicación franceses, exige que su mayoría parlamentaria le prepare una ley contra la difusión de “información falsa” en periodo electoral. Quizás esté preparando ya su próxima campaña.

El texto, que pronto debería someterse a votación, revela la ceguera de los gobernantes ante las protestas a las que se enfrentan y, al mismo tiempo, su disposición para imaginar sin cesar nuevos dispositivos coercitivos con el objetivo de remediarlas. En efecto, hay que tener poca agudeza visual para seguir creyendo que la victoria de candidatos, de partidos o de causas “antisistema” (Donald Trump, el brexit, el referéndum catalán, el Movimiento 5 Estrellas en Italia), se debería, incluso de forma marginal, a la diseminación de noticias falsas por parte de regímenes autoritarios. Desde hace más de un año, la prensa estadounidense se empeña en demostrar, sin pruebas, que el presidente de Estados Unidos debe su elección a las fake news tramadas por Vladímir Putin; parece que a Macron le invade el mismo tipo de obsesión.

Hasta el punto de esperar conjurarla mediante un dispositivo tan inútil como peligroso. Inútil porque el Consejo de Estado, consultado al respecto, recordó el pasado 19 de abril que “el derecho francés ya contiene varias disposiciones para luchar contra la difusión de información falsa”; en particular, la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa, que permite reprimir la difusión de noticias falsas, declaraciones difamatorias, injuriosas o provocadoras. Y peligroso porque la propuesta parlamentaria solicitaría a un juez actuar en 48 horas para “hacer que cese la difusión artificial y masiva de hechos que constituyen información falsa”. Sin embargo, subraya también el Consejo de Estado, “es delicado calificarlos jurídicamente, más aún cuando el juez instructor debe pronunciarse en plazos tan breves”. Finalmente, el dispositivo ideado por Macron refuerza el “deber de cooperación” con las autoridades públicas por parte de los proveedores de acceso a Internet y de las empresas de alojamiento web, ya que se extiende a cualquier tipo de “información falsa” una obligación que al principio tenía como objetivo prevenir… “la apología de los crímenes contra la humanidad, la incitación al odio y la pornografía infantil”.

La posesión de los medios de comunicación por multimillonarios amigos del presidente de la República francesa, la intoxicación publicitaria o la asfixia financiera de las cadenas de televisión públicas, por su parte, no son objeto de ninguna propuesta de ley. Y además, ¿por qué reservar una parafernalia judicial solo a los periodos electorales? Si nos ceñimos a las últimas décadas, casi cada guerra –las del Golfo, de Kosovo, de Irak, de Libia– ha visto proliferar las mentiras y las manipulaciones de la información. No por culpa de Moscú, de Facebook o de las redes sociales, sino porque los amos de la democracia y del periodismo eran sus autores: los diarios occidentales más importantes, con The New York Times a la cabeza, la Casa Blanca o las grandes capitales europeas. Sin olvidar al Gobierno ucraniano el mes pasado, que anunció la muerte falsa de un periodista ruso. Si un juez algún día tuviera que echar el guante a los criminales que han propagado todas esas noticias falsas, al menos conocería su dirección…

Serge Halimi

Director de Le Monde diplomatique.