El 25 de noviembre de 2018, los guardacostas rusos abordaron tres buques de guerra ucranianos que intentaban franquear el estrecho de Kerch. La flota, que había partido de Odesa, iba rumbo al mar de Azov, donde Kiev dispone de algunos centenares de kilómetros de costas. Más allá del incidente, esa escaramuza naval ocurrió en un contexto securitario regional en el que Rusia tomó el control desde que anexionó Crimea, en marzo de 2014.
La rivalidad por el acceso a un mar cerrado se añade ahora a la larga lista de tensiones que mantienen rusos y ucranianos. El incidente del 25 de noviembre es el último, y el más grave, de una serie de abordajes y de controles imprevistos de buques que han atravesado el mar de Azov desde comienzos de 2018.
En virtud de un acuerdo firmado en 2003, este mar fue por mucho tiempo, y por derecho, un condominio ruso-ucraniano. El texto jurídico acuerda una libertad de circulación total a los navíos civiles y militares de ambos países en las aguas del estrecho de Kerch. No obstante, al apoderarse de Crimea, en 2014, Rusia se convirtió de facto en la dueña del acceso al mar de Azov, en la medida en que ahora controla las dos orillas del Estrecho que a él conduce. Su superioridad militar absoluta sobre Ucrania, por otra parte, tiende a transformar el espacio marítimo de Azov en un “lago ruso”. En mayo de 2018, Rusia inauguró un puente que lo une con la Península. Su construcción, con un coste de alrededor de 3.000 millones de euros, acentuó todavía más la presión sobre el estrecho de Kerch, ya que Moscú endureció las reglas de paso instauradas unilateralmente con el fin de proteger la obra. Moscú sigue temiendo, con razón o sin ella, que los ucranianos intenten destruir el puente, como algunas voces desde Kiev ya llamaron a hacer, tal es el caso del diputado Ihor Mosiychuk (1).
Para los ucranianos, en la crisis de noviembre, se trataba de desafiar el statu quo que se estableció en su detrimento al negarse a someterse a los procedimientos de paso impuestos por los rusos. De haberlo querido, en efecto, habrían podido enviar esos pequeños navíos por tierra, como hicieron en septiembre con dos patrulleros. El 24 de septiembre, un destacamento de dos navíos de guerra ucranianos –un remolcador y un navío de salvamento– franqueó el paso de Kerch, tras haber informado su trayecto e intenciones y bajo una estrecha vigilancia rusa, sin que eso provocara ningún incidente. Al decidir esta vez no dejar que sus buques pierdan tiempo en la larga cola de espera que se extiende en las inmediaciones del Estrecho conforme a la Convención de 2003, los ucranianos no podían ignorar que los rusos recurrirían a la fuerza. Buscaban obtener una asistencia militar por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que se postula Kiev, por el momento en vano.
A finales de septiembre, Washington transfirió dos pequeñas lanchas patrulleras por 10 millones de dólares, construidas para los guardacostas estadounidenses a finales de los años 1980 (2). Más que como un refuerzo real de las capacidades navales ucranianas, conviene interpretarlo como un gesto político. Esas lanchas se entregaron desarmadas y desprovistas de material electrónico. Además, teniendo en cuenta su antigüedad, corren el riesgo sobre todo de ser blancos fáciles, y de primera elección, para las baterías costeras y la fuerza aeronaval rusas.
Las preocupaciones electorales, por otra parte, también tuvieron su peso en el intento de forzar el cerrojo de Kerch. Los ucranianos nombrarán a su presidente en marzo-abril de 2019. Su actual jefe de Estado, Petró Poroshenko, afronta este escrutinio desde una posición delicada: las encuestas le asignan apenas un 10% en la intención de voto, y lo sitúan en cuarta posición, a mucha distancia de la candidata con mayor apoyo, Yulia Timoshenko (3). Por eso algunos en Moscú, pero también en Kiev, sospechan que Poroshenko quiso instaurar la ley marcial para alterar el calendario electoral y aumentar así sus posibilidades de acceder a la segunda vuelta. No obstante, en vez de los sesenta días de ley marcial que deseaba instaurar sobre el conjunto del territorio, solo pudo obtener del Parlamento un periodo de treinta días y exclusivamente para diez oblasts (regiones) del este del país, y todo ante las críticas de los parlamentarios. La decisión de reducir a treinta días la instauración de la ley marcial no hace peligrar las elecciones del próximo marzo. Ahora bien, ha ayudado al presidente a forjarse una imagen de jefe de guerra con el fin de tratar de mejorar su decreciente popularidad.
Para Rusia, en este incidente se trataba de reafirmar la soberanía que reivindica sobre Crimea, así como sobre el estrecho de Kerch, y de recordar que sería en vano tratar de impugnar las reglas del juego que instauró. En una resolución sobre la integridad territorial de Ucrania adoptada el 27 de marzo de 2014 por cien Estados, con once votos en contra y cincuenta y ocho abstenciones, la Asamblea General de la ONU cuestionó este hecho y negó toda validez al referéndum sobre la reunificación de Crimea con Rusia celebrado diez días antes...
Iniciada a comienzos de 2018, la ruptura de los flujos marítimos procedentes o con destino a los puertos de Azov de Ucrania tiene un coste: entre 20 y 40 millones de dólares menos de ingresos al año para Mariúpol y Berdiansk. Estos dos puertos tuvieron un descenso del 27% y el 47% respectivamente de su tráfico de mercancías entre 2015 y 2017 (4). La interferencia rusa, sin embargo, no es la única responsable. El bloqueo del Donbáss decidido por Kiev ha aislado a las dos ciudades de su interior; y la caída del producto interior bruto (PIB), del 40% desde 2013, compromete su actividad. Al mantener la presión sobre la navegación ucraniana, Moscú se dota de una palanca que, llegado el momento, podría servirle para negociar contrapartidas, como la reapertura de los canales de agua dulce que alimentan Crimea. Su funcionamiento fue interrumpido por Kiev tras la anexión de la Península, que, desde entonces, debe contar con sus propios recursos.
La escaramuza del 25 de noviembre traduce el incremento de la huella militar rusa en la región del mar Negro desde la anexión de Crimea. El mar de Azov y el estrecho de Kerch forman un corredor estratégico que une el mar Caspio con el mar Negro a través del canal Volga-Don. Estas aguas son transitadas cada vez con mayor frecuencia por pequeños buques de combate rusos, algunos de los cuales, partiendo de su base en el mar Caspio, se aventuran hasta el Mediterráneo oriental, por donde navega la VI.ª Flota estadounidense, pieza maestra de las fuerzas de la OTAN, dominantes en esta zona (véase la cartografía) (5).
Desde su anexión, Crimea recuperó su papel tradicional de puesto de avanzada en los márgenes meridionales rusos. Moscú fortificó la Península desplegando allí un conjunto de defensas antiaéreas, con los sistemas S-400 y antibuques, las baterías costeras Bastion, así como medios de guerra electrónica. La combinación de estos armamentos, capaces de interceptar tanto cazabombarderos como misiles balísticos, ha hecho del mar Negro una zona de varios centenares de kilómetros cuadrados donde las fuerzas de la OTAN ven inhibido su potencial –una de esas “Anti Access/Area Denial” (A2/AD) o zonas de acceso denegado que tanto preocupan a los Estados Mayores occidentales. El despliegue, en el seno de la flota rusa, de nuevos submarinos diésel, de nuevas fragatas y de una flotilla de pequeños navíos lanzamisiles, todos capaces de lanzar misiles de crucero de tipo Kalibr –precisamente aquellos que fueron utilizados en Siria contra grupos yihadistas–, dan a Rusia los medios de infligir daños a cualquier adversario que ponga en peligro sus intereses.
Su potencia naval se expresa aquí tanto mejor cuanto que la actividad de las marinas extranjeras en el mar Negro está fuertemente coaccionada por la Convención de Montreux. Este texto, que data de 1936, hace de Turquía la dueña de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. También limita el número, el tonelaje y la duración de la presencia de los buques de los Estados no ribereños en el mar Negro (artículo 18). Si los estrechos turcos y el apoyo occidental a Ankara pudieron permitir que el curso de la historia contuviera el expansionismo de los zares, y posteriormente de los soviéticos, en dirección al Mediterráneo, la Convención de Montreux impide en la actualidad que la talasocracia estadounidense contraríe el ascenso de la flota rusa del mar Negro.
Poroshenko no se equivocó en esto: inmediatamente después del incidente de Kerch, formuló la idea de prohibir la navegación a los navíos rusos en los estrechos turcos. Esta proposición ilustra el desconcierto de Kiev, en la medida en que Turquía siempre se empeñó en que la Convención de Montreux fuera escrupulosamente aplicada; una exigencia que incluso la anexión de Crimea y el incremento del dominio militar ruso no hicieron cambiar ni un ápice. Desde el punto de vista tanto de Ankara como de Moscú, todo cuestionamiento del texto de 1936 se haría a sus expensas. Daría paso a la entrada de actores securitarios exteriores en el campo naval regional. Esa perspectiva comprometería el modus vivendi que hace del mar Negro un condominio securitario ruso-turco desde la desaparición de la URSS. Además, Turquía siempre ha cuidado de que no se transformara en un terreno de enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, manteniendo un equilibrio sutil entre su posición de miembro de la alianza y su vecindad con Moscú. La adhesión a la OTAN en 2004 de Bulgaria y Rumanía, que disponen de medios navales marginales, no cuestionó fundamentalmente este enfoque.
Más sanciones a Moscú
Turquía se encuentra en la intersección de los tres espacios de negación de acceso creados por Rusia: uno en Crimea desde 2014, otro en el Cáucaso con sus instalaciones situadas en Armenia, y el tercero desde 2015, con los medios desplegados en la región costera siria. Aunque preocupado por esa comprobación, Ankara hasta ahora no ha tomado medidas que cuestionaran su cogestión securitaria del espacio del mar Negro. Las sólidas relaciones con Moscú en el campo energético –confirmadas por el gasoducto Turkish Stream, cuyo tramo submarino se terminó de ejecutar el pasado noviembre– y la construcción de la primera central nuclear turca por la rusa Rosatom en Akkuyu, sobre las costas meridionales, frente a Chipre, le ofrecen una red de seguridad.
No obstante, lo que contribuye a la resistencia de su asociación es ante todo la capacidad de los rusos y de los turcos de concentrar sus esfuerzos en procesos comunes, más que de buscar en vano objetivos estratégicos compartidos. Moscú y Ankara son competidores en el campo geopolítico que cooperan de manera selectiva y limitada en el mar Negro, en el Cáucaso y en Oriente Próximo, a través de los escenarios que permiten canalizar esa competencia. La plataforma de Astaná en el conflicto sirio es un ejemplo de esto; la fuerza de intervención naval BlackSeaFor, con todos los países costeros, es otro. Creada en 2001, esta iniciativa ruso-turca permitió lanzar la operación “Active Endeavour”, una de las misiones de la OTAN desplegada en respuesta al 11-S, a la que Rumanía y Bulgaria querían abrir las puertas del Bósforo.
Esta tendencia debería proseguir, teniendo en cuenta los antagonismos entre Washington y Ankara, surgidos inmediatamente después de la tentativa de golpe de Estado del verano de 2016 contra Recep Tayyip Erdogan, así como de la cooperación militar entre Estados Unidos y los kurdos en Siria, que irrita profundamente a los turcos (si bien el presidente Trump ha anunciado el repliegue de sus unidades desplazadas en Siria).
¿Cuáles podrían ser las respuestas de la OTAN al incremento de las tensiones en el mar de Azov y alrededor de Kerch? Tal vez la instauración de una misión de la Policía aérea permanente, siguiendo el modelo de la establecida en el mar Báltico. La Alianza Atlántica también podría encarar la creación de una flota propia. Para compensar las débiles capacidades navales búlgaras y rumanas, también podría matricular temporalmente unidades surgidas de las marinas exteriores al mar Negro con el pabellón naval de Bulgaria o de Rumanía, lo que permitiría soslayar las restricciones de la Convención de Montreux. No obstante, una iniciativa rumana un poco similar había sido propuesta durante la Cumbre de la OTAN en Varsovia en 2016, que fue rechazada a causa de las fuertes reservas expresadas por Bulgaria. Además, una iniciativa como esta correría el riesgo de disgustar a Ankara, que vería en ello un cuestionamiento al espíritu de Montreux.
En su defecto, la única arma a disposición de la comunidad euroatlántica sigue siendo el endurecimiento de las sanciones respecto de Moscú. Sobre este tema, sin embargo, los intereses de los estadounidenses y los europeos divergen. El Consejo Europeo adoptó en diciembre una resolución no vinculante, sin ocuparse de sancionar más allá a Rusia (6). En cambio, la oposición estadounidense en el Nord Stream 2 se intensifica desde el incidente en el mar de Azov. Este gasoducto, cuya construcción ha comenzado, debe entregar gas ruso a Europa por vía del mar Báltico, bordeando a Ucrania. La resolución de la Cámara de Representantes del 11 de diciembre de 2018, invocando la excesiva dependencia energética de Europa con respecto a Moscú, prepara sin duda un cambio de rumbo para el sector del petróleo y el gas ruso. Y la Administración estadounidense de Trump evoca la posibilidad de sancionar a las empresas europeas implicadas en el proyecto.
