Desde principios del siglo XX, el deseo de apoyar la iniciativa ciudadana ha inspirado diversos mecanismos legales. Estos permiten a los electores imponer a las instituciones la apertura de un debate, la revisión de una ley o la organización de una votación. De ese modo, los ciudadanos pueden contribuir, en teoría, a definir el orden y la naturaleza de las políticas a implantar. Aunque es difícil extraer enseñanzas generales de experimentos tan dispares como los referéndums de iniciativa popular de Colorado o la ley de participación de la Toscana, sí se observan dos elementos recurrentes: la iniciativa ciudadana está muy controlada, y esta corre el riesgo de dar lugar a una reinvención de las reglas del juego cuando se refiere a temas que las elites políticas no desean someter a debate.
De hecho, podemos recordar una obviedad: como muchas reformas “participativas” de la democracia representativa, la introducción del principio de iniciativa (...)
