“España protege a criminales de guerra”. Así de contundente se muestra el abogado palestino Raji Sourani, quien nos recibe en su casa en la ciudad de Gaza. Fue él quien inició una demanda contra el ministro de Defensa de Israel, Ben Eliezer, y otros seis mandos militares por la masacre de quince palestinos, once de ellos niños, en el barrio gazatí de Al Daraj, en 2002. Aquella demanda fue aceptada por el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu, quien procesó en 2009 a los querellados por “delitos contra la humanidad” y emitió orden de captura. “Yo estaba en aquellas fechas en España –nos cuenta Sourani– y todos coincidíamos en que era una buena noticia para la justicia internacional. Al día siguiente, el entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, hizo dos cosas: en una rueda de prensa, pidió disculpas a la ministra de Asuntos Exteriores de Israel y, a continuación, prometió cambiar la ley. Para mí fue una sorpresa ver que podía suceder algo así en España, que no es un país del Tercer Mundo. Es una locura que el ministro pida disculpas por una decisión de la principal corte de justicia del país, supone una falta de respeto a la independencia del poder judicial”.
Al día siguiente de conocerse la imputación del juez español, el periódico israelí Haaretz recogía las declaraciones de la entonces ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni. Decía que el ministro español de Exteriores le había informado de un plan del Gobierno para modificar la legislación española que permitía a un juez procesar a criminales y genocidas extranjeros (1). Según la radio militar israelí, Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación. Y así se hizo.
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de “genocidio” y “terrorismo” fuera de las fronteras españolas independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo (Argentina) y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia. Pero pretender aplicar la ley a ciudadanos de Israel fue una osadía que demostraría que la justicia internacional no es igual para todos. La complicidad del gobierno español con los acusados de “crímenes contra la humanidad” por la justicia española llegó incluso a que el Ministerio de Exteriores, en Jerusalén, pidiese a Ben Eliezer y a los militares acusados no viajar a España para evitar que fueran detenidos (2).
La masacre de Al Daraj conmocionó a la comunidad internacional, bastante acostumbrada a la muerte en Gaza. El 22 de julio de 2002 un caza de combate israelí lanzaba una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, jefe del brazo armado de Hamás. En el ataque, en pleno centro de la ciudad de Gaza, Israel no sólo mató a Shehade sino también a catorce civiles, entre ellos once niños. El ataque no fue errado. Tal y como señalan el auto de admisión de la querella, la casa de Shehadeh fue alcanzada de lleno, sin embargo ésta se encontraba situada en uno de los lugares residenciales de mayor densidad de población en el mundo. A menos de dos metros se encontraba la vivienda ocupada por la familia Matter. Como consecuencia del bombardeo, la casa fue destruida y siete miembros de esta familia murieron. En total ocho casas fueron totalmente destrozadas, otras nueve parcialmente y veinticuatro con daños moderados.
En el barrio de Al Daraj visitamos el lugar exacto donde se desencadenó la masacre. Niños, muchos niños, como en toda Gaza, nos reciben alborozados. También algunos padres salen de sus viviendas. Son los supervivientes de la tragedia. Raed Matter perdió a su mujer, tres de sus hijos, su hermana, su sobrina y su abuela: “Es injusto que, por intentar matar a una persona, por muy culpable que sea, asesinen a tantos inocentes”. Su escepticismo es total ante cualquier posibilidad de que se haga justicia en cualquier tribunal, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ahora se encuentra el caso. Y es que los palestinos no han dejado de sufrir los abusos y el desprecio de las instituciones internacionales mientras se quedaban sin tierra, sin derechos y, como en esta ocasión, sin familia. Aniwar Matter trabaja desde hace muchos años de asistente personal de Raji Sourani. Su mujer y sus hijos salieron una hora antes del ataque y gracias a ello salvaron la vida. “Fue un ataque tremendo, una bomba de cientos de libras cayó lanzada por un avión. Cuando acudí, conté quince muertos y más de ciento cincuenta heridos, seis de los heridos eran familiares míos, y siete de los muertos familia de mi primo”. “Aquello fue una de las tantas operaciones de asesinato selectivo que ahora siguen haciendo, solo que con drones y pequeños misiles y antes con bombas grandes”, añade.
A los pocos días del bombardeo los países árabes solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde criticaron duramente la masacre. El representante palestino afirmó que el acto representaba el primer delito de guerra flagrante cometido por las fuerzas israelíes desde que se estableció el Tribunal Penal Internacional. “Esta acción definitivamente queda dentro de la jurisdicción del tribunal, y como tal, se deberán adoptar medidas para que sus ejecutores sean presentados ante la justicia” dijo (3). Una vez más, la amenaza del uso de veto por Estados Unidos impidió que el Consejo de Seguridad adoptara ninguna decisión.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admite la querella y razona en su auto que el Estatuto de Roma entiende por “crímenes de guerra” las infracciones graves de los Convenios de Ginebra del tipo de “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles”, “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vida, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil” o “atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”.
En opinión del juez, el caso podía llevarse a cabo en España debido a que, en el apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecía que “será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España”. Precisamente este apartado es el que desaparece con la reforma de la ley que hace el Gobierno español con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV. Juan Moreno fue uno de los abogados de la acusación junto a Antonio Segura, Gonzalo Boye y Raúl Maillo. En su opinión, “se trata de una reforma de urgencia que se realizó en tiempo récord aprovechando la tramitación de otra ley que no tenía nada que ver con el tema, incluso rechazaron las enmiendas de Izquierda Unida en el Parlamento, al final, en un caso sin precedentes, reformaron una Ley Orgánica en mes y medio. Si no se hubiese cambiado la ley, y la presión que eso supuso hacia el sistema judicial, estoy seguro de que los jueces tendrían abierto el caso”.
El abogado palestino Raji Sourani insiste en su indignación: “Diez meses después del procesamiento, el Gobierno español cambió la ley y el caso cayó. Eso no puede ser constitucional. Sólo pasa con Israel, con ningún otro país. La sociedad civil, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo dijeron que era un escándalo. El cambio parlamentario de la legislación supone: en primer lugar, la negación de la justicia para las víctimas; en segundo, dar impunidad a quien la misma Justicia española dijo que eran ‘criminales de guerra’. España protege a criminales de guerra; tercero, están creando la ley de la jungla cuando niegan los derechos a las víctimas y protegen a los criminales. Esto me rompió el corazón y la mente. Yo fui uno de los que brindó cuando fue arrestado Pinochet y aquello me inspiró mucho”.
Sourani nos explica cómo llegó a España este caso. “Somos abogados, creemos en el Estado de Derecho y debo servir a mi cliente. Y por eso intento buscar justicia para él, he hecho esto durante los últimos 35 años de mi vida. Intenté buscar justicia a través de una documentación jurídica sobre un crimen de guerra perpetrado contra mi cliente. En primer lugar, intentamos utilizar el sistema legal israelí, aunque sé que la justicia no se puede lograr bajo ocupación y que el sistema jurídico de Israel sirve de cobertura legal para los crímenes de guerra, la tortura, los asesinatos selectivos, la detención arbitraria... Todo eso es legal para los jueces israelíes. No es una opinión personal, es lo que sé después de 35 años y miles de casos. Cuando todo esto no funciona, debo buscar la justicia fuera, es el fundamento de la jurisdicción internacional que se ha aplicado en muchos otros casos”. “No estoy especializado en el Derecho de España o del Reino Unido –añade–, sino que tenemos gente que, como nosotros, cree en el Estado de Derecho. No se trata de activistas de la causa palestina ni de ninguna otra, se trata del Estado de Derecho y de la búsqueda de la justicia”.
Los abogados lograron que la justicia británica emitiera una orden de detención contra los responsables de la masacre de Al Daraj pero los procesados lograron burlarla advertidos por los servicios del Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores británico), después también allí se reformó la ley y se anuló la orden. Fue entonces cuando decidieron recurrir a la justicia española que ya demostró con el caso Pinochet una cierta vocación de justicia internacional.
Lógicamente, Sourani es muy crítico con el ex ministro Moratinos: “Cuando era el portavoz de la Unión Europea para Oriente Medio ya se dedicaba a pedir a los palestinos que no respondiéramos a las bombas y masacres de Israel porque sufriríamos sus represalias”. Compartimos con Sourani una pregunta que flota en el ambiente. ¿A qué se debe ese poder de Israel para lograr que tanto el Reino Unido como España cambien su legislación para garantizar la impunidad de unos criminales de guerra? “Creo que Israel asesora a Estados Unidos en muchos asuntos relacionados con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, especialmente sobre terminología y práctica legal. Así, trabajan para intentar dar una justificación legal a los asesinatos selectivos, la detención administrativa o la detención incomunicada. Israel le dice a Europa, a Estados Unidos y a la OTAN: “Si nosotros somos detenidos por nuestros crímenes de guerra, a vosotros también os puede suceder porque hacéis lo mismo con los drones y los asesinatos selectivos en Irak, Afganistán, Pakistán o Somalia”. Sourani recuerda que, para desacreditarles, Israel ha organizado cuatro conferencias internacionales (en Tel Aviv, Nueva York, Londres y París) en las que acusa a las organizaciones de derechos humanos palestinas de hacer “guerra jurídica”. Afirman que los grupos terroristas utilizan a las organizaciones de derechos humanos para manipular la ley. “Pero es que una parte del conflicto es jurídico –afirma Sourani–, lo que Israel no soporta es que, a nosotros, todos los organismos de derechos humanos nos respetan y nos apoyan. No hay ningún jurista respetable que esté en contra de nuestra posición, yo voy a todas las universidades de todos los países y es lo que compruebo”.
Su siguiente reflexión es sobre el papel de la Unión Europea: “La UE se encuentra en un declive moral impresionante. El ejemplo es el informe Goldstone, que investigó y denunció los crímenes cometidos durante la operación “Plomo Fundido”. Su autor, el sudafricano Richard Goldstone, es un jurista sionista, que lo elaboró junto con otros cuatro juristas muy respetados y recoge datos, hechos y conclusiones. Todo ello lo comparten todos los organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las israelíes. El informe se vota y se aprueba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero en la UE, sólo Irlanda votó a favor. Eso muestra que la posición de Europa es la de la ley de la jungla. ¿Qué hubiera hecho Europa si las masacres que han sucedido en Palestina hubieran sido en Israel? En su interés de proteger a Israel la UE actuó como Bin Laden. Si tú no actúas conforme al Estado de Derecho y aplicas la ley de la jungla, eso es Bin laden. ¿Por qué estamos en contra de Bin Laden? Porque él quiere la ley de la jungla”.
“¿Es Gaza quien debe educar a Europa sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho? ¿Acaso la convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario son invenciones de los palestinos?”, se pregunta el abogado.
“No olvidaremos, no les justificaremos y seguiremos persiguiendo a los criminales en cualquier rincón del mundo. Esa es al misión de mi vida en defensa de las víctimas. Yo voy a un mundo donde impere el Estado de Derecho, no la ley de la jungla”, remata Sourani, que hoy dirige el Centro Palestino de Derechos Humanos.
En abril de 2010, tras el cambio de la legislación a gusto de Israel, la Global Jewish Advocacy (AJC), “la organización de activismo político judío global para salvaguardar el bienestar del pueblo judío”, concedió a Miguel Ángel Moratinos el premio Jan Karski, por “mostrar su valentía moral en la lucha contra el antisemitismo” (4).
