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De Buenos Aires a Bogotá, los conservadores a la ofensiva

El regreso de los medios de comunicación tentaculares

Argentina, Ecuador, Brasil: se repite el mismo guion por todas partes. Dirigentes conservadores llegan al poder tras un largo periodo con Gobiernos de izquierdas. En cuanto resultan elegidos, les mueve una urgencia: desarticular las medidas de regulación de la prensa que instauraron sus predecesores para controlar el poder político de los medios de comunicación privados.

por Anne-Dominique Correa, julio de 2019

En mayo de 2017, después de menos de un año de su investidura, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno firmó la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión. Este texto emana de una conferencia regional organizada en 1994 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización no gubernamental que reúne a los principales propietarios de los medios de comunicación de América Latina. Ratificada por más de setenta jefes de Estado, establece diez principios “indispensables” para una prensa libre. ¿Su consigna? “Ninguna ley, ningún poder debe limitar la libertad de expresión”. La SIP ha destacado que se haya logrado la “reconciliación” tan esperada entre los medios de comunicación ecuatorianos y el Gobierno de Quito, tras un largo periodo de confrontación bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).

La ceremonia oficial organizada por Moreno celebraba igualmente una medida mucho más concreta: el abandono de la Ley orgánica de la comunicación de 2013, una de las primeras que el nuevo presidente se esforzó en vaciar de sentido. El mismo fenómeno se produjo un poco más al sur: tan solo unas semanas después del comienzo de su mandato, en diciembre de 2015, el presidente conservador argentino Mauricio Macri modificó la Ley sobre los servicios de comunicación audiovisuales, concebida en 2009 por el equipo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Estos textos de ley, que ahora ambos presidentes conservadores consideran polémicos, entraron en vigor en 2013 con el fin de sustituir normas obsoletas y embrionarias, establecidas durante los años de las dictaduras militares. Se concibieron para redistribuir el espacio mediático: un tercio del espectro radioeléctrico para el sector privado, un tercio para el sector público y un tercio para el sector con fines no lucrativos.

En Argentina, el grupo Clarín poseía cerca de 250 sociedades de prensa, es decir, un 60% del sector mediático. Algo similar sucedía en Ecuador, donde aproximadamente el 90% (1) de los medios audiovisuales pertenecían a un puñado de familias. Estos textos de ley iban acompañados de otros dispositivos antimonopolio: limitación del número de licencias audiovisuales concedidas; limitación de la duración de las concesiones a diez años (frente a los quince de antes) para Argentina y a quince años en Ecuador (donde anteriormente no existía regulación alguna); y prohibición de renovarlas más de una vez. La principal diferencia entre los dos textos se encuentra en que mientras la ley argentina concierne únicamente a la radio y la televisión, la ecuatoriana se aplica igualmente a la prensa escrita.

Estos textos de ley definen la comunicación como una actividad de “interés público” (en Argentina) o de “servicio público” (en Ecuador). De ahí la necesidad para los medios de comunicación de emanciparse de su tutela económica: “La información ya no es una mercancía, sino un derecho”, proclamó el presidente Correa durante la inauguración de la primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos, organizada el 19 de junio de 2013 en Guayaquil. El grupo Egas tuvo que deshacerse del canal de televisión Teleamazonas para conservar el banco que poseía (Banco del Pichincha), ya que la ley ecuatoriana prohibía también que una entidad financiera tuviese más del 6% del capital de una sociedad de prensa (2).

Los empresarios del sector entienden la sacrosanta “libertad de prensa” principalmente como la libertad, para ellos, de hacer y de decir lo que consideren oportuno. Hasta tal punto que, frente a las victorias sucesivas de la izquierda en las urnas, los medios de comunicación privados se convirtieron en “una maquinaria que ha remplazado a los debilitados partidos políticos tradicionales y que dirige la oposición con el objetivo de desestabilizar los gobiernos”, en opinión del intelectual brasileño Emir Sader (3).

En Argentina, la sabiduría popular dice que nadie en el poder resiste más de cinco portadas negativas del periódico Clarín. Tras un periodo de relativa calma después de la elección, en 2003, de Néstor Kirchner, este medio se quitó la careta cuando su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, decidió gravar las exportaciones de soja para poder aplicar una política redistributiva (4). El periódico tomó una posición ferozmente a favor de los grandes terratenientes e inició una violenta campaña antikirchnerista. La presidenta trató de contrarrestarla mostrándose junto a carteles donde se podía leer “Clarín miente”, pero su popularidad finalmente se hundió, pasando del 56% al 20% de opiniones favorables en cinco meses.

Correa y los medios privados nunca fingieron estar en sintonía. El periódico El Universo sugirió, por ejemplo, que el expresidente habría ordenado disparar sobre un hospital lleno de civiles durante un intento de golpe de Estado contra su presidencia, el 30 de septiembre de 2010 –una mentira probada–. Por otra parte, que Correa rompiera periódicos en público no contribuyó a que se apaciguara la situación, y ello a pesar de haber indultado sistemáticamente a los propietarios de medios de comunicación condenados por la Justicia. A su juicio, “si los medios se comportan como militantes políticos, se exponen a recibir respuestas de naturaleza política”.

En ambos lados de la cordillera de los Andes corren ríos de tinta en los medios de comunicación dominantes para denunciar leyes calificadas de “mordaza”. También aparecen otras críticas. Según el profesor universitario argentino Martín Becerra, algunas resoluciones del Gobierno de Argentina generan dudas sobre su imparcialidad. Por ejemplo, señala el rechazo al plan de reestructuración presentado por Clarín para responder a las exigencias de la ley… mientras que la propuesta del grupo Telefe, kirchnerista, fue aprobada siendo mucho más polémica. Según Becerra, esta política de “doble rasero” genera sospechas: ¿habría primado la vendetta contra Clarín sobre el deseo de un mayor pluralismo?

En Ecuador, la controversia gira alrededor de la noción de “linchamiento mediático” establecido en el artículo 26 de la ley. Erica Guevara, investigadora de la Universidad de París 8, reconoce su preocupación por las “formulaciones demasiado difusas que dejan mucho margen a la interpretación”. El artículo en cuestión prohíbe “la difusión de información (…) con el objetivo de denigrar a una persona física o jurídica para minar su credibilidad política”. En opinión de Becerra, “la diferencia entre información y opinión constituye una zona gris”. De ahí un riesgo de deriva.

De hecho, las autoridades ecuatorianas han rechazado varias acusaciones de “linchamiento mediático” contra medios privados, que consideraron infundadas. Pero no en el caso de la cadena Teleamazonas, que durante seis meses en 2016, acusó al Servicio Nacional de Contratos Públicos de adquirir medicamentos genéricos sin certificación sanitaria. Esa información era falsa. Teleamazonas se vio obligada a retractarse públicamente, ya que la ley solo prevé multas en caso de reincidencia.

Las “mordazas” argentinas y ecuatorianas resultan mucho más relativas por el hecho de que las reformas previstas han permanecido a menudo inacabadas. Un pulso jurídico iniciado por el grupo Clarín, que cuestionó la constitucionalidad de la ley, retrasó su entrada en vigor durante cuatro años.

Por otro lado, el Gobierno carece de voluntad cuando finalmente podía aplicarla: por ejemplo, nunca se organizó el concurso necesario para redistribuir las frecuencias. En Ecuador sí que se llevó a cabo, pero tuvo una organización tan pésima que el procurador de la República lo invalidó. “Fue un gran fiasco”, lamenta Carlos Ochoa, último director de la Superintendencia de la Información y de la Comunicación (Supercom) –una autoridad administrativa creada por la ley para garantizar su aplicación–. Ante nosotros, lo califica como “papel mojado”. Por su parte, Lenín Moreno se ha apresurado a modificar el reparto del espectro radioeléctrico: 56% para el sector privado, 10% para el sector público, y el resto se ha concedido a los medios de comunicación sin ánimo de lucro. Un único logro ha sobrevivido en ambos países: al menos el 60% del contenido de los medios tiene que ser de producción nacional. Ahora bien, la estructura que debía velar por el cumplimiento de la ley ha sido desmantelada.

Un mayor progreso se observa en el ámbito de las medios de comunicación públicos, aunque estos no han conseguido ejercer una influencia decisiva. En 2007, Correa creó por decreto EcuadorTV, la primera cadena de televisión pública de la historia del país. En 2008, expandió el sector audiovisual público a partir de los medios de comunicación que embargó tras la bancarrota de sus propietarios (poderosos banqueros endeudados con el Estado e implicados en la crisis financiera que golpeó el país violentamente en 1999). En Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) lanzó en 2007 la Empresa Brasil de Comunicação (EBC), una sociedad que reagrupaba a los nuevos medios de comunicación públicos.

En ambos casos, los medios de comunicación públicos están financiados por el Estado y por la publicidad proveniente de este. La EBC establece un órgano, el Conselho Curador, en el que quince de sus veintidós miembros no son profesionales del sector y representan al conjunto de la sociedad. Su misión: proteger la autonomía del canal. En Argentina y en Ecuador, han creado también la función del defensor del público (5), encargado de “recibir y canalizar las preguntas, reclamaciones y denuncias” de los ciudadanos (Argentina) y de “promover el diálogo entre el público y los medios de comunicación” (Ecuador).

Los medios de comunicación públicos son percibidos como lacayos del poder y solo consiguen obtener una audiencia limitada. A TV Brasil se le apoda en Brasil como “TV Lula”. Únicamente los medios públicos de Argentina –un país pionero en su creación, en 1953– logran obtener índices de audiencia importantes. Principalmente gracias a la emisión de “Fútbol para todos”, una colaboración entre los gobiernos Kirchner-Fernández y la Asociación del Fútbol Argentino para retransmitir en abierto los partidos del campeonato de primera división en la cadena pública Canal 7 (6).

Xavier Lasso, exdirector editorial de EcuadorTV y destituido de sus funciones por el Gobierno de Moreno, considera que “lo más importante es que, gracias a los medios de comunicación públicos, pudo existir un relato diferente al de la prensa privada”. “¡Insuficiente!”, declara Becerra, para quien esta concepción de las cosas ha perjudicado a los recién llegados. Según él, los medios de comunicación públicos se contentaron con “responder a las agresiones de los medios privados”, bajo el pretexto de querer alcanzar una “posición sin conflictos” para promover el pluralismo: una condición utópica que todos sabían que no se conseguiría nunca. Para Lasso, los medios públicos son como “niños que acaban de aprender a mantenerse en pie y a los que ya se les está pidiendo que corran”.

¿Son sus carencias lo que hace que el desmantelamiento de los medios de comunicación públicos suscite tan pocas reacciones? Lo cierto es que, mortinatos, no han tenido la oportunidad de madurar…

Desde el interior, los nuevos representantes electos conservadores organizan una caza de brujas que pretende “liberar” a las redacciones de una influencia “de izquierdas”. Al igual que sus homólogos argentinos y ecuatorianos, el expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) no perdió ni un minuto en reemplazar a los directores de los medios de comunicación públicos por personalidades del sector privado, abiertamente enfrentadas a los gobiernos progresistas del periodo precedente.

Se ha implementado también una estrategia de asfixia financiera. “Los liberales presentan la comunicación pública como un ‘elefante blanco’ (7) de sus predecesores”, nos explica Pedro Brieger, expresentador de la cadena pública argentina Canal 7, de la que se vio obligado a irse. Macri despidió al 40% del personal de Telam, la agencia de noticias argentina, al tiempo que Moreno privaba a los medios de comunicación públicos de doscientos funcionarios. “En la práctica, los medios públicos han desaparecido”, sentencia Brieger.

El 29 de junio de 2018, Macri aprobaba la fusión de Clarín con Telecom, una empresa de telefonía. El pulpo mediático consigue finalmente aquello que el kirchnerismo le había impedido: extender sus tentáculos a las telecomunicaciones ofertando paquetes “quadruple play” (telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable). “La última fase hacia la concentración”, según Becerra.

(1) “Resumen Ejecutivo”, Superintendencia de la Comunicación, Quito, 2018.

(2) Más adelante se descubrirá que se había simulado la venta a través de varias acrobacias financieras. En 2019, Fidel Egas todavía dirige la cadena.

(3) Emir Sader, O Brasil que queremos, Laboratório de Políticas Públicas, Río de Janeiro, 2016.

(4) Véase Renaud Lambert, "¿Quién será capaz de detener el péndulo argentino?”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2019.

(5) En Argentina se designa un cargo único. En Ecuador, donde se selecciona un defensor por cada medio de comunicación nacional, se realiza por concurso.

(6) El presidente Macri finalizó esta colaboración el 20 de julio de 2016.

(7) Un “elefante blanco” es una obra ambiciosa que nunca se finaliza o que resulta ser un pozo sin fondo financiero.

Anne-Dominique Correa

Periodista. Hija del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.