La disolución el pasado 2 de diciembre del Comité Contra la Islamofobia en Francia (CCIF) por orden del Ministerio del Interior francés, decretada tras el asesinato, el 16 octubre de 2020, del profesor Samuel Paty por un fanático islamista, apenas ha generado contestación. Sin embargo, la prohibición de esta organización, que no guarda relación con el terrorismo, plantea de nuevo la cuestión de la legitimidad de una medida de excepción inicialmente concebida para defender la República contra un peligro inminente. ¿Se habrá convertido en un arma política con la que silenciar a grupos de la oposición o satisfacer al propio electorado?
El origen de la ley que permite la disolución administrativa se remonta a los hechos del 6 de febrero de 1934. Ese día, las ligas de extrema derecha (Acción Francesa, las Juventudes Patrióticas, Croix-de-Feu…), entre otros, organizan una gran manifestación en París. Protestan contra la destitución del prefecto de policía Jean (...)
