En 1970, un joven dentista del municipio francés de Autun inmerso en pleno torbellino de Mayo del 68 se embarca en un proyecto audaz: abrir en el departamento francés de Saône-et-Loire una clínica dental dirigida a los pobres. Bernard Jeault consigue un préstamo bancario y recluta a cuatro compañeros dispuestos como él a traicionar los dos dogmas de su gremio: el ejercicio liberal de la profesión y el éxito económico. Trabajarían como colectivo con equipo mutualizado y por un salario modesto. Adiós a la vida de notable invitado a la alcoba del alcalde: ¡socialización de los tratamientos y dientes sanos para todos!
Pero el Colegio Nacional de Cirujanos-Dentistas estaba ojo avizor. Opuestos a la idea de una clínica con vocación social y temerosos de que tal afrenta al sacrosanto modelo del pequeño empresario-dentista pudiera provocar una grieta que acabara por echar abajo todo el sistema, los grandes sabios iniciaron una larga e implacable guerra de desgaste contra Jeault. Arruinado, y después inhabilitado como represalia por un libro en el que relataba sus sinsabores con los “sacamuelas” (1), el “dentista de los pobres” experimentó en sus carnes el paro, la dependencia a las ayudas del Estado y siguió luchando ya en la vejez, antes de morir en julio de 2019.
Cincuenta años después de que su proyecto fuera torpedeado, las desigualdades en el acceso a la salud dental con las que quería acabar siguen siendo enormes. Sus estragos son observables desde la más tierna edad. Según los estudios de salud escolar, ya en el último curso de preescolar, un cuarto de los hijos de obreros sufre caries sin tratar, frente al escaso 4% de los hijos de padres titulados (2): una disparidad que se recrudece en la edad adulta. Se estima que más de una cuarta parte de las familias con ingresos bajos evitan acudir al dentista por falta de medios. Como confesaba el Ministerio de Sanidad francés en 2011, “las desigualdades constatadas se explican, por una parte, por una exposición desigual a los riesgos: los hábitos favorables de salud bucodental (cepillado dos veces al día, enjuagues con flúor, alimentación variada) están más extendidos entre la población con un mayor nivel educativo y de ingresos; por otra parte, el recurso a los tratamientos es desigual también: los titulados acuden con mayor frecuencia a un especialista que las categorías sociales menos cualificadas” (3). Un pobre consuelo para los menos afortunados del sistema francés, condenados a sufrir dolores atroces, masticar con dificultades y a lucir una sonrisa quebrada que sabotea su vida sentimental, social y profesional: el mal que les aqueja es compartido por muchos en el mundo.
Aunque afecten a millones de personas y conlleven un sufrimiento considerable, a menudo estas desigualdades son ignoradas, cuando no directamente negadas. Los propios dentistas repiten incansablemente la consigna propagada en las campañas de prevención, según la cual la salud dental es principalmente una cuestión de responsabilidad individual. Para disfrutar de una dentadura sana, depende de cada uno respetar las reglas de higiene que se aprenden desde la cuna: seguir una dieta equilibrada, evitar los dulces, el alcohol, el tabaco y las drogas, no exponerse demasiado a la porra del señor policía o a los puñetazos del marido violento, vamos, seguir una existencia virtuosa y cautelosa. En caso contrario, ya sabes a quién culpar si se te caen los dientes: a ti mismo y a nadie más.
El sistema francés de salud dental se basa en dos principios: por una parte, la primacía del modelo liberal, que impone al dentista la obligación de rentabilizar al precio que sea su inversión, y por la otra, la organización de una oferta de atención a dos velocidades en la que los tratamientos por la Seguridad Social a disposición de los pacientes modestos rivalizan con los tratamientos a precio de mercado, infinitamente más lucrativos, como la colocación de implantes y prótesis dentales. Entre el juramento que pronuncia el primer día de su carrera –“Ofreceré mis cuidados al indigente y a quienquiera que me los pida”– y la tentación de priorizar a los clientes más rentables, el dentista se enfrenta a un dilema que no suele inclinarse del lado del interés de la salud pública.
La culpable seguramente sea la irresistible atracción ejercida por los beneficios cuantiosos. No es casualidad que, en la jerga de los especialistas europeos en evasión fiscal, al “inversor particular que cruza la frontera con dinero negro para colocarlo en un entorno más favorable se le conozca como ‘the Belgian dentist’” (4), siendo lo importante aquí la profesión por encima de la nacionalidad. La pasión por el dinero acentúa la repugnancia hacia los que carecen de este. A finales de 2018, el defensor de los derechos del consumidor instigaba a las plataformas en línea de solicitud de cita previa, como Doctolib (5), a borrar de sus páginas las indicaciones abiertamente discriminatorias dadas por muchos dentistas tales como “los beneficiarios de la CMU [cobertura sanitaria universal] no serán atendidos”. La negativa a atender –a, por ejemplo, los mentados beneficiarios de la CMU, pero también a los pobres en general, niños, personas mayores o discapacitados– es moneda de cambio corriente en la profesión, aunque generalmente de forma más velada.
Aunque los dentistas jueguen el papel principal en este sistema de cribado, no son ellos quienes lo han creado. La nomenclatura de reembolsos dictada por los poderes públicos es la que, al poner a competir la atención gratuita con la lucrativa, los incita a descuidar la primera en favor de la segunda. “Si vienes a verme para un chequeo bucodental, la tarifa es de 23 euros, es decir, calderilla –nos explica un dentista descontento con su profesión–. Ante esto, puedo despacharte en un cuarto de hora o puedo decidir tomarme mi trabajo en serio y pasarme tres cuartos de hora contigo. Si hago esto último varias veces al día, no tardaré mucho en verme con el agua al cuello”. Trabajador y comprometido con su misión, lucha por cubrir sus gastos fijos y ganarse la vida. Por el contrario, un compañero menos escrupuloso, de los que se ventilan una limpieza bucal en diez minutos de reloj –cuando se necesitan como mínimo treinta–, se gana la vida cómodamente. En palabras de nuestro interlocutor: “Le va mejor al que te atiende con los pies o directamente inventa un pretexto para no hacerlo”.
A este respecto, la llamada reforma del “canon cero” (“reste à charge zéro” en francés), en vigor desde enero de 2020, no ha provocado cambios fundamentales en el sistema. Aunque permite que las mutuas cubran totalmente algunas prótesis de gama baja (circunstancia que estas entidades aprovecharon para subir inmediatamente sus tarifas), deja intacta la lógica de negligencia y rentabilidad que rige el sistema. Es cierto que existen profesionales heroicos que no escatiman esfuerzos para atender a todo el que se presente, a riesgo de acabar quemados, pero no parece que, de entre los cuarenta y dos mil dentistas en activo en Francia –de los cuales treinta y cinco mil ejercen por libre–, estos sean mayoría.
Reconocer el derecho de todos a unos dientes sanos, mutualizar el equipo y las herramientas para reducir costes, pagar a los dentistas de forma que les sea posible ejercer su oficio sin tener que preocuparse por los números o por financiar el jacuzzi de su segunda residencia: el proyecto imaginado por Bernard Jeault hace medio siglo merece una segunda oportunidad. Por ahora, la única utopía que parece capaz de hacer tambalear el sacrosanto modelo liberal ha resultado ser más mercantilista que este último. De hecho, gracias a una ley de desregulación adoptada en 2009 al amparo de la entonces ministra francesa de Sanidad Roselyne Bachelot, las clínicas dentales de bajo coste han proliferado como setas. Dentego, Dentimad, Dentifree, Dentalvie, Dentymed, Dentasmile… Pese a la ensalada de nombres digna de una maratón de publicistas, se trata de “asociaciones sin ánimo de lucro” que, supuestamente, no generan beneficios. Aunque es verdad que las liberalidades ofrecidas por la ley les permiten superar ese escollo.
Un ejemplo: el escándalo Dentexia, llamado así por la cadena de clínicas dentales que se declaró en bancarrota en 2016, tras arruinar y mutilar en diversos grados a casi tres mil pacientes. Su fundador, Pascal Steichen, fue el primero en aprovechar el caramelito ofrecido por la legislación. Diplomado en una Escuela de Negocios y autor de un manual de “marketing práctico del agente inmobiliario”, este aventurero con maletín no sabía nada de odontología, pero qué importaba, la ley autorizaba al primer emprendedor que apareciera a lanzarse. Para esquivar la prohibición de obtener beneficios, montó compañías-pantalla que remitían a la empresa matriz facturas infladas por servicios más o menos ficticios, así como las prótesis e implantes adquiridos en Turquía (6). Estajanovistas de sillón de dentista, perseguían objetivos insostenibles pasando por la picadora boca tras boca. La religión de los números absuelve todos los actos, incluso cuando implican arrancar dientes sanos para sustituirlos por prótesis mal hechas e implantadas a toda prisa. Sus desdentadas víctimas vivieron un infierno que duró dos años, durante los cuales los más desesperados lograron organizarse colectivamente y remover cielo y tierra para que alguien se hiciera cargo de los costes de sus tratamientos de reconstrucción (7).
Los actores que actualmente se disputan el mercado low cost aseguran que no tienen nada que ver con Dentexia. El escaso número de denuncias presentadas contra ellos parece darles la razón, pero en Francia, la explotación comercial bajo la etiqueta “sin ánimo de lucro” sigue siendo la piedra angular de esta industria. Los dos fundadores de Dentego, líder del mercado, encontraron su vocación en la Paris School of Business, donde por 30.000 euros uno puede “convertirse en el mánager del futuro”. Actualmente en prisión a la espera de juicio, Steichen será recordado como el pionero de un sistema que ha creado escuela, a diferencia del de Bernard Jeault.
