Los atentados que golpean a a Europa y la partida de varios miles de jóvenes hacia la zona sirio-iraquí han llevado la “radicalización” al centro del debate público. También han desencadenado una efervescencia institucional de una magnitud inusual. En un breve lapso de tiempo han surgido leyes, circulares, planes de acción, financiación específica y módulos de formación que movilizan a la Policía, la Justicia, los servicios sociales, la escuela, las prisiones, la diplomacia, a actores comunitarios y religiosos o también a las administraciones locales. En la actualidad, miles de agentes dedican toda o parte de su actividad a detectar, señalar, contabilizar, vigilar, perseguir o hacerse cargo de individuos cuyos comportamientos, actitudes o actos han sido clasificados en este registro. Hasta el punto de que un oficial de los servicios de inteligencia subrayaba, no sin cierta malicia: “Pronto habrá más gente que viva de la radicalización que radicales”.
Esta movilización, así como (...)
