El 30 de mayo de 2015, cerca de cien activistas se movilizaron en la isla Heirisson, en pleno centro de Perth (Australia Occidental). Estos aborígenes noongar acampaban allí desde el mes de marzo. Banderas con los colores de su nación –negro, amarillo y rojo– ondeaban sobre las casetas. La isla sagrada de Matargarup, como es denominada en lengua noongar, alberga la estatua de Yagan. En el siglo XIX, la cabeza de este jefe guerrero, considerado como un héroe de la resistencia frente a la colonización, estuvo expuesta en Liverpool como “curiosidad antropológica”. No fue repatriada hasta 1997. Mes a mes, los organizadores del campamento invitan a los ciudadanos, tanto blancos como negros, a discutir sobre los derechos de los aborígenes, convertidos en “refugiados en su propio país”.
El origen de esta movilización se remonta a noviembre de 2014. El primer ministro liberal de Australia Occidental, Colin Barnett, confirmó entonces la próxima clausura de 150 de las 274 comunidades del Estado: “El Gobierno federal es el culpable de esta decisión que recorta los fondos destinados a los servicios básicos [la electricidad, el agua o la educación]. Ciento quince comunidades cuentan con cinco residentes de media; el coste de su mantenimiento es demasiado elevado”.
Las “comunidades remotas” (remote communities) se sitúan en Kimberley, a 2.000 kilómetros al norte de Perth; son algunas “barracas” dispersas en pleno desierto, donde el Estado asegura lo mínimo. El vínculo con la tierra en el que se basa su cultura motiva a las familias a permanecer ahí. Según el censo de 2014 (1), Australia cuenta en la actualidad con 713.600 aborígenes e insulares del estrecho de Torres, es decir, el 3% de los 23 millones de habitantes del continente. Poco más de 50.000 viven en zonas “alejadas”; 90.000, en zonas muy recónditas. La extraordinaria diversidad de las “tribus” en Australia se percibe en el pluralismo lingüístico: se hablan comúnmente 120 lenguas aborígenes de las 250 reconocidas.
La evacuación de las barracas obligaría a centenares de personas a cambiar su existencia instalándose en la periferia de las ciudades o sobreviviendo en parques públicos. Esta amenaza provocó la toma de conciencia de los aborígenes, poco movilizados normalmente. A pesar de las distancias, la solidaridad renació entre la gran mayoría de ellos, de aquellos que viven en la costa este y de los de Kimberley. De pronto, una larga historia de luchas resurgió, con sus días de conmemoración, sus héroes, sus símbolos. Así, la reunión política en la isla Heirisson fue organizada a propósito a finales de mayo, durante la “semana de la reconciliación”, que conmemora el 27 de mayo de 1967. Ese día, el 90% de los australianos votó a favor de la inclusión de los aborígenes en el censo nacional y, por lo tanto, a favor de su acceso al estatus de ciudadanos de pleno derecho. Todo el mundo recuerda, igualmente, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Australia en 1992 sobre el caso “Mabo vs Queensland” –Eddie Koiki Mabo, originario del estrecho de Torres, fue el instigador del proceso judicial–. “Los aborígenes y los indígenas del estrecho de Torres tienen una relación especial con la tierra, que existía antes de la colonización y que existe todavía en la actualidad”: la sentencia rechazaba la ficción de la terra nullius; según ésta, la Australia colonizada no pertenecía “a nadie”, puesto que los aborígenes no cultivaban la tierra.
“Se realizó una lectura selectiva de la historia”
“De alguna manera se realizó una lectura selectiva de la historia –explica el escritor Bruce Pascoe, quien ha estudiado los textos de los primeros exploradores–. Lo que no servía a la reputación de los británicos fue descartado (a saber, el hecho de que habían invadido una tierra ya ocupada y bien conservada). Pretendieron alegar que los aborígenes no utilizaban la tierra o, en un principio, que ni siquiera estaban allí” (2). Ese mismo año, en 1992, el primer ministro, el laborista Paul Keating, pronunciaba en Redfern, un barrio popular de Sídney, un discurso que ha pasado a la posteridad: “Nosotros despojamos a los aborígenes. Nos apropiamos de sus tierras tradicionales y acabamos con su modo de vida. Generamos el desastre”.
- CHRISTIAN BUMBARRA THOMPSON.- "Heat", 2010. Ver vídeo
- CHRISTIAN BUMBARRA THOMPSON.- "Heat", 2010. Ver vídeo
La Native Title Act, que siguió a la sentencia del “caso Mabo”, autoriza a todas las grandes comunidades a disponer de un Consejo de Tierras, habilitado para llevar ante el National Native Title Tribunal los litigios territoriales que las oponen al Gobierno o a intereses privados. Pero los liberales, bajo la presión de las compañías mineras, enmendaron la ley en varias ocasiones con el pretexto de que otorgaba “demasiados derechos”.
Esta protección jurídica de un proletariado que rechaza no sólo la explotación asalariada sino también la de las montañas de bauxita, de hierro, de plata y de oro que esconden sus tierras constituía la base de una posible reconciliación. Esta perspectiva, cuanto menos, se aleja. En noviembre de 2014, paralelamente a una cumbre del G20, el primer ministro de entonces, Anthony Abbott (Partido Liberal), explicaba a su homólogo británico, David Cameron, que “al contemplar esta ciudad gloriosa, al ver este desarrollo extraordinario, se hace difícil imaginar que en 1788 no había nada más que arbustos” –borrando así de un plumazo un cuarto de siglo de progresos políticos y 50.000 años de historia humana demostrada por las investigaciones arqueológicas–. “Los soldados, los convictos y los marinos que desembarcaron de los doce barcos debieron pensar que habían llegado a la Luna; todo les debía parecer muy extraño”, añadió (3). A pesar de las protestas que incendiaron las redes sociales, Abbott reafirmó su visión de la situación en marzo de 2015: “No podemos subvencionar sin cesar una elección de vida que no contribuye plenamente a la sociedad australiana” (4). https://vimeo.com/16490471
¿Es posible que la clausura de comunidades esté ligada a la explotación minera?
Al mes siguiente, 4.000 personas salieron a las calles de las inmediaciones de Flinders Street, la estación principal de Melbourne, para apoyar a las comunidades aborígenes. El periódico The Herald Sun, propiedad de News Corp –el conglomerado empresarial del multimillonario Rupert Murdoch–, titulaba: “El populacho egoísta bloquea la ciudad” (“Selfish rabble shut city”, 11 de abril de 2015). En un país dominado por los conservadores, bloquear una estación durante un día representaba una afrenta intolerable.
¿Es posible que la clausura de comunidades está ligada, al menos en parte, a la explotación minera? Elizabeth Vaughan, investigadora en Arqueología y fundadora –junto al sindicalista Clayton Lewis– de la asociación de defensa del patrimonio Aboriginal Heritage Action Alliance, está convencida de ello. “Una de las cuestiones más importantes que están en juego en Australia es la defensa del patrimonio de los aborígenes en el contexto de la explotación minera. Se trata de una auténtica ofensiva contra su cultura y contra su herencia”. A finales de 2014, recuerda Lewis, el Parlamento de Australia Occidental aprobó una ley destinada a facilitar la expulsión de las poblaciones redefiniendo la noción de “sitio sagrado”, que protege los lugares de culto. De ahí en adelante, el apreciado apelativo sólo se adjudicaría a los lugares donde se lleva a cabo algún oficio religioso –una práctica que… no existe en la cultura aborigen–. De esta manera se eliminaron veintitrés lugares, como el de Murujuga, al norte de Perth, conocido por sus petroglifos milenarios. Una feliz coincidencia para Chevron, BHP Billiton y Woodside Petroleum que, hasta entonces, no podían explotar el gas natural licuado disponible a pocos kilómetros de las costas de la península donde se encuentran estas grandes piedras…
“La ley sobre sitios sagrados fue aprobada; después llegó la que restringe la libertad de manifestación (5). Finalmente, se ha previsto clausurar decenas de comunidades remotas. Es una guerra por el acceso a la tierra y por la explotación de sus recursos naturales”, analiza Lewis. Este endurecimiento remite al Queensland de los años 1970. Durante la Guerra Fría, el primer ministro de este estado, Joh Bjelke-Petersen, conjugaba su política de desarrollo con un autoritarismo y con un racismo asumidos. El día en el que el histórico activista Charles Perkins sugirió rebautizar los estados australianos con nombres aborígenes, Bjelke-Petersen le invitó a “salir de su cueva” y lo comparó con el witchetty grub, una larva gruesa que vive en el desierto y que sirve de alimento a los aborígenes (6).
Gastronomía de otra época, “elecciones de vida” no adaptadas a la modernidad o costes presupuestarios adicionales... ningún pretexto presentado para justificar la liquidación progresiva de las comunidades impacta tanto en la opinión pública como el de la protección de la infancia. En 2011, la comunidad de Oombulgurri, en Kimberley, fue clausurada como consecuencia de violaciones cometidas contra menores. Este trágico suceso, masivamente explotado por los medios de comunicación y por un sector de la clase política, alimentó la idea de que la existencia de una pedofilia endémica les fuerza a la clausura de las comunidades lejanas.
El espectro de una pedofilia endémica
Este procedimiento no es nada nuevo. Entre los comportamientos antisociales atribuidos a los boongs o a los coons (7), los abusos sexuales a niños han reemplazado desde hace tiempo a la antropofagia. Difundido por la cadena ABC el 21 de junio de 2006, un reportaje del programa “Lateline” presentaba a un “delegado juvenil” que relataba, con la cara oculta (“por razones de seguridad”), el tráfico de esclavos sexuales al cual asistía en esta región descrita como “zona de guerra”. El misterioso testigo, Gregory Andrews, trabajaba como funcionario en el Departamento de Asuntos Aborígenes. El primer ministro de entonces, el conservador John Howard, aprovechando una ola de pánico moral, consideró oportuno enviar al Ejército a Darwin para “salvar a los niños”. El ruido de botas en el outback (8) se percibió como una agresión. La antropóloga canadiense Sylvie Poirié observa que “algunos investigadores calificaron estas medidas de emergencia como ‘caballo de Troya’; desde su punto de vista, el Estado retomaba por esa vía el control de las comunidades y de las tierras aborígenes” (9).
Desde entonces se vuelve a utilizar esa artimaña con regularidad. En 2007, el ministro de Asuntos Aborígenes, Malcolm Brough, denunciaba “la existencia de bandas pedófilas en proporciones inimaginables” en el Territorio del Norte. El Gobierno revocó la vigilancia, por parte de los aborígenes, de sus propias tierras e impuso un examen médico obligatorio para los niños. Este episodio hizo eco en la memoria colectiva de las “generaciones robadas”, esos cerca de 50.000 niños trasladados a la fuerza tanto a orfanatos, “por su bien” (10) –entre finales del siglo XIX y principios de los años 1960–, como a esos internados autóctonos de Canadá que tenían como objetivo “acabar con el indio desde su nacimiento”. Aunque nadie niega la existencia de casos de pedofilia ni la prevalencia del alcoholismo en algunas comunidades remotas, el racismo y los intereses industriales facilitaron la transformación del suceso al rasgo social, como es el caso entre las comunidades autóctonas de Canadá o de Estados Unidos.
Sin dejar de preocuparse por los jóvenes, los dirigentes políticos habrían podido preguntarse por otras “proporciones inimaginables”. En Australia Occidental, en 2013, los jóvenes aborígenes representaban tan sólo el 6% de la población de entre 10 y 17 años, pero suponían el 78% de los menores encarcelados. A nivel nacional, tienen 26 veces más probabilidades que los blancos de acabar en prisión (11).
¿Cómo explicar semejante representación excesiva en el ámbito carcelario? ¿Pueden esperar las personas que acampaban en la isla Heirisson una mejoría en sus condiciones de vida? El 18 de junio de 2015, la policía de Perth expulsó manu militari a los “refugiados” de Heirisson (12); los activistas prometieron, por su parte, “volver una y otra vez”, lo que hicieron obstinadamente durante todo el año 2016. Robin Chapple, miembro ecologista del Consejo Legislativo en Perth, presentó en mayo de 2016 un proyecto de ley que tenía como objetivo impedir “la evicción forzada de las comunidades”. Después de un año de consultas, el Gobierno de Australia Occidental detalló en julio de 2016 su política respecto de las comunidades remotas (13): diez de ellas debían ser identificadas desde esa fecha hasta principios del año 2017 y transformadas en ciudades; otras 110, aproximadamente, ya no se benefician de ningún tipo de ayuda gubernamental.
En enero de 1988, doscientos años después de la fundación de Sídney, el activista Burnum Burnum plantaba simbólicamente una bandera aborigen en Douvres: “Yo, Burnum Burnum, noble de la antigua Australia, tomo aquí posesión de Inglaterra en nombre del pueblo aborigen. (…) Hemos venido a aportaros buenos modales, refinamiento y la posibilidad de un Koompartoo, un nuevo comienzo. Para los más inteligentes de entre vosotros, traemos la lengua compleja de los pitjantjatjara; os enseñaremos cómo establecer una relación espiritual con la tierra y cómo encontrar alimento en el arbusto”. Esta inversión simbólica aún sigue esperando su traducción política.
