La sigla, de apariencia bárbara, casi entró en el lenguaje corriente. La RGPP (Revisión General de las Políticas Públicas), cuyas recomendaciones figuran en la Ley de Finanzas de 2009, muestra la ambición de modernizar el Estado. Para el público en general, a menudo se resume en una de las medidas estrella del quinquenio de Nicolas Sarkozy: el no reemplazo de uno de cada dos funcionarios. Es mucho menos conocida la manera en que consagró el papel de los expertos, asesores y abogados de negocios en la preparación de los proyectos de ley.
Sin embargo, según el informe parlamentario que en 2011 redactaron los diputados François Cornut-Gentille (Unión por un Movimiento Popular, UMP) y Christian Eckert (Partido Socialista, PS), se asignaron 102 millones de euros a prestaciones exteriores de auditoría en el marco de la RGPP, 20 millones de ellos sólo para la fase preparatoria. Philippe Bezes, investigador en Ciencia Política y (...)
