Desde las elecciones de 1977, los partidos españoles con representación parlamentaria se financian con subvenciones de los presupuestos públicos, con préstamos de entidades financieras privadas cuyos intereses cautelan y con donaciones en gran medida opacas (las cuotas de los afiliados representan un porcentaje irrelevante de su presupuesto). En el año 2006, los principales partidos recibieron 193,1 millones de euros en subvenciones públicas y reconocían acumular, con entidades bancarias, deudas por un total de 155,8 millones.
Los favores gubernamentales a las entidades financieras exteriorizan la continuada dependencia de los principales grupos políticos. En paralelo, mientras los partidos mayoritarios bloquean, en el Congreso de los Diputados, legislar que las formaciones políticas no puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas o fundaciones que presten servicios o contraten con las administraciones públicas, los bancos condonan de manera opaca y sin explicación conocida préstamos a los partidos después de que los gobiernos (...)
