En Brasil, los sindicatos no están autorizados a financiar las campañas electorales; las empresas, sí. De hecho, diecinueve de ellas suministraron la mitad de la suma desembolsada en la votación de octubre de 2014, que puede estimarse en 2.000 millones de euros (frente a 270 millones en 2002). Existe solo un país que gasta más que Brasil en sus campañas, en cifras absolutas: Estados Unidos, mucho más rico.
Para las empresas, no es una operación totalmente desinteresada: el instituto Kellogg Brasil calculó que cada real invertido les reportaba alrededor de 8,5 en contratos públicos. ¿Hay que asombrarse? Entre los contribuyentes más generosos se encuentran las empresas de obras públicas, que viven directamente de los pedidos del Estado: OAS, Andrade Gutierrez, UTCEngenharia, Queiroz Galvão e incluso Odebrecht, seguidos por los grandes bancos, como Bradesco o BTG Pactual, o empresas de extracción minera, como Vale.
Durante las elecciones de 2010, las últimas de las (...)
