Tras dos décadas de convulsión social y política en las que se esgrimió incluso la tesis de Estado fallido, la República de Ecuador vive el periodo más estable de su historia. Este contexto político ha significado la ruptura de paradigmas y modelos hegemónicos. El rescate de lo público ha permitido que aspectos tan importantes como la educación o la salud pública volvieran al debate ciudadano.
El proceso constituyente del 2008 abrió entonces la discusión sobre la salud, desde un enfoque amplio.
Actualmente el marco jurídico del país reconoce la complejidad de la interacción de la salud, no solo desde una visión multisectorial de trabajo desde el aparato estatal, sino de incidencia directa sobre los sistemas sociales y culturales, lo que implica una transformación estructural que rebasa las instituciones y recae sobre las bases mismas del nuevo contrato social.
En efecto, el Artículo 32 estipula: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, (...)
