En junio de 2007, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, elegido algunos meses antes, anunciaba el lanzamiento de una iniciativa calificada de “revolucionaria”: el proyecto Yasuní-ITT. Éste preveía la renuncia de Ecuador a la explotación petrolera en el corazón del parque natural de Yasuní –donde ya se han realizado excavaciones para tres pozos exploratorios (Ishpingo, Tambococha y Tiputini, de donde proviene la abreviatura “ITT”)– si la “comunidad internacional” aceptaba pagar al país una compensación correspondiente a la mitad de los ingresos calculados, estimados en más de 7.000 millones de dólares en trece años. Los fondos así obtenidos permitirían a Quito desarrollar las energías renovables, preservar y reparar los ecosistemas protegiendo al mismo tiempo a las poblaciones indígenas (algunas de las cuales viven en total aislamiento), llevar a cabo investigaciones sobre la valorización de la biodiversidad, e incluso instaurar programas sociales destinados prioritariamente a las poblaciones de las zonas en cuestión.
A primera (...)
