Un viceministro de Economía que desembarca en la sede de una de las más grandes transnacionales que operan en su país, provisto de una lista de altos ejecutivos invitados a retirarse: la escena es poco común. Sin embargo a ella asistieron los empleados de la empresa española Repsol el 16 de abril en Buenos Aires. Algunos minutos antes, la presidenta argentina Cristina Kirchner había anunciado la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Denunciada como “arbitraria” por Ana Palacios, ex Ministra de Relaciones Exteriores española, y como un acto de “piratería” por el Financial Times, la decisión contó con un fuerte apoyo popular. La noche del 3 de mayo, el Congreso argentino, poco preocupado por las amenazas de represalias económicas formuladas por el Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, aprobó la ley validando la expropiación por 207 votos contra 32 (y 6 abstenciones).
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