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Privatización de la recaudación fiscal en beneficio de los “usurpadores”

Su recaudador de impuestos cotiza en Bolsa

por Christian de Brie, mayo de 2016

La filtración de documentos financieros (más de once millones) de un bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca, ha provocado “mareos, vértigo y náuseas”, según los términos de un editorial de Le Monde (5 de abril). Una difusión más bien selectiva, centrada en políticos y en dictadores, en estrellas del deporte y del espectáculo y en multimillonarios célebres; menos en empresas multinacionales y en grandes fortunas anónimas, clientes del bufete, donde su dinero se codea con el del crimen organizado y con el del terrorismo; menos aún en bancos, en despachos de abogados y de gestión de capitales, intermediarios obligatorios al servicio de aquellos que se benefician del blanqueo y del “reciclaje” anónimos.

Los “Papeles de Panamá” son la continuación de una serie de escándalos recientes: UBS en 2008, LuxLeaks en 2014, SwissLeaks en 2015… Han contribuido a levantar un poco más una esquina de la pesada alfombra bajo la cual se disimulan la evasión fiscal y la criminalidad financiera, ya que el archipiélago de los paraísos fiscales (1) cuenta con un centenar de emplazamientos; alberga de 16 a 18 billones de dólares, administrados por 4.000 bancos y por 2,4 millones de sociedades pantalla, por donde transita el 50% de los flujos financieros y del comercio mundial. Este indispensable engranaje del capitalismo globalizado, tolerado por los Estados desde hace décadas –a pesar de los recientes esfuerzos, en especial los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para limitar los excesos– no está en vías de desaparición. Es risible la baladronada de un presidente francés (Nicolas Sarkozy) que el 23 de septiembre de 2009 alardeaba en televisión: “¡Se terminaron los paraísos fiscales y el secreto bancario!”. Al escamotear la materia tributaria, lo que hubiera debido constituir los ingresos fiscales de los Estados pasa al sector privado. No es de extrañar que los cientos de miles de toneladas de plátanos consumidos en Europa se importen de… Jersey, más conocida por albergar de forma ficticia beneficios con la exención de impuestos que por su producción de frutas tropicales. O que la mayoría de las multinacionales activas en Francia paguen allí menos del 10% del impuesto sobre beneficios, beneficios que ya aminoran descaradamente las reglas y las prácticas contables que certifican las cuatro principales auditorías internacionales. Pero aunque en Francia el fraude representa de 60.000 a 80.000 millones de euros –casi dos veces la suma del impuesto de sociedades–, es inútil utilizarlo para apropiarse, en detrimento de otros contribuyentes, de una parte de lo que correspondería al fisco.

Sentado cómodamente en su sofá, comiendo patatas fritas y embutido, usted sigue por televisión la llegada de una carrera donde se enfrentan el trimarán del gigante del embutido y el del rey de la patata. ¿Sabe que la factura de la regata está en su plato? Los costes de la carrera y de las embarcaciones fletadas por las sociedades para su promoción repercuten íntegramente en el precio de los productos que venden. En realidad, le han aplicado a usted una retención pecuniaria, a través de la autoridad, con carácter definitivo y sin contrapartida directa, lo que constituye la propia definición de impuesto. Es el caso, entre otros, de todos los gastos de publicidad –en Francia, cerca de 30.000 millones de euros, es decir, las tres cuartas partes del producto del impuesto sobre beneficios–, integrados en el precio de los bienes y servicios vendidos al consumidor. Antes privilegio soberano del Estado, el poder de recaudar impuestos se comparte con la empresa, que efectúa sus propias retenciones. Hay un recaudador de impuestos privado que cotiza en Bolsa.

Más aún: usted paga dos veces. Ya que los gastos de la regata forman parte de las cargas deducibles que disminuyen otro tanto el beneficio imponible, se reduce el impuesto correspondiente y, por lo tanto, los ingresos del Estado que, para mantenerse al mismo nivel, recurrirá a usted. Si las empresas son astutas –y lo son–, situarán el acontecimiento en el marco de alguna causa humanitaria en la que revertirán una parte de los ingresos, lo que les permitirá deducir del monto de su impuesto hasta el 60% de la donación efectuada. Y ahí, una vez más, el Estado acudirá a usted para recuperar el impuesto perdido que pasó al bolsillo de las empresas. Y así, otra vez, usted habrá financiado sin quererlo la mayoría de sus buenas obras. No imagine que se lo agradecerán haciéndolo figurar en la lista de los generosos donantes. ¿Los generosos donantes? Son las empresas. Ellas se encargan de hacerlo saber con una discreción de nuevo rico.

No resulta asombroso, pues, que les encante el mecenazgo humanitario, cultural, deportivo o “verde”. ¿Ejemplos? Algunas cadenas de supermercados se han acostumbrado a donar a asociaciones caritativas sus excedentes que todavía son aptos para el consumo. Una generosidad destinada a “positivizar” su imagen. Bienvenido a la familia de los Osos Amorosos. Salvo que el 60% del valor de la donación se deduce del monto de sus impuestos. Es decir, somos nosotros, los contribuyentes, los que financiamos sin saberlo lo esencial de la ayuda alimentaria cuyo mérito se atribuye la empresa. Y lo alienta tanto más porque así evita pagar la tasa especial sobre residuos orgánicos, que recae sobre los alimentos caducados tratados con lejía. Una ley reciente en Francia hace obligatorias esas donaciones, sin por ello suprimir las ventajas fiscales que se supone que incitarán a las empresas a comportarse decentemente. De modo que seguiremos pagando para que éstas tengan a bien adecuarse a la ley y liberarse de los stocks excedentarios. Serán las asociaciones beneficiadas quienes deberán seleccionar entre los palés y entre los desechos no aptos para el consumo.

¿Otro ejemplo? La multinacional del lujo Moët Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) concibió una monumental pasión por la creación artística, tanto más meritoria cuanto que su presidente-director general, Bernard Arnault, primera fortuna de Francia, construyó su grupo sin crear nunca nada, tomando el control de prestigiosas marcas por todos los medios, como buen depredador. Pero, una vez saciados los accionistas, ¿qué hacer con los excedentes de los beneficios para que escapen del impuesto “confiscatorio”? Una solución: invertir una parte en arte y en cultura, una elegante manera de valorizar los productos de lujo vendidos en el mercado, como un buen vino acompaña un plato refinado. Para ello, constituye una fundación que controla –la Fundación Louis Vuitton–, financiada por donaciones extraídas de los beneficios, donaciones deducibles del impuesto sobre sociedades en un 60% en el límite del 0,5% de la cifra de negocios. Cuando esa cifra supera los 30.000 millones de euros, como es el caso de LVMH, el techo es entonces de 175 millones de euros anuales, de los que se recuperan 105 millones de euros, un bonus que puede trasladarse a los cinco años siguientes si no ha sido agotado. Con ello se pueden financiar hermosas realizaciones, entre ellas un soberbio museo erigido en el Bois de Boulogne, en París, en un terreno adquirido al lado del Jardin d’acclimatation, parque de atracciones de veinte hectáreas cuya explotación fue concedida a… LVMH. Una vez más, el Estado, es decir el contribuyente, financia lo esencial del presupuesto de la fundación sin ningún derecho a controlar su política.

En definitiva, todo sucede como si los poderes públicos, que se supone que en una democracia representan la voluntad ciudadana, abandonasen al sector privado los medios para financiar las políticas culturales, deportivas, medioambientales, etc., transfiriéndole indirectamente una parte de los ingresos fiscales y el poder de recaudar impuestos, con el pretexto de que el Estado… ya no tiene dinero. Está a su cargo controlar el buen uso del impuesto privatizado. Todo un desafío, según un informe público (2), visto el rápido aumento del número de fundaciones empresariales y su posibilidad de financiar actividades y operaciones fuera del territorio nacional. Esta evolución se inscribe en un movimiento más global de privatización de los medios de actuación de los Estados en beneficio de aquellos que Susan George llama los “usurpadores” (3).

El milhojas del Código de Impuestos está repleto de disposiciones púdicamente llamadas “nichos fiscales” al servicio de los más afortunados, tanto particulares como empresas. Todos saben que, en su majestuosa imparcialidad, la ley prohíbe tanto a los pobres como a los ricos dormir debajo de un puente. De la misma manera, alienta a unos y otros a invertir en una multitud de actividades que van del sector inmobiliario a la producción cinematográfica, pasando por el personal doméstico, permitiéndoles deducir de sus impuestos una parte importante de las sumas concernidas. En esa carrera fiscal donde todo vale, los más favorecidos pertenecen, a la fuerza, a ese 1%, los más ricos y los grandes grupos.

Ninguno de esos privilegios tiene elementos para conmover a las grandes cabeceras de prensa; sin duda porque está implicada: en Francia, el 66% de las donaciones que recibe no están gravadas, sin que tenga que probar que realmente sirve al interés general, mientras que sus periodistas se benefician de una reducción a tanto alzado de 7.650 euros. En cuanto a algunos privilegiados a la cabeza de los grandes grupos, éstos se alojan, se desplazan, disfrutan suntuosamente a costa de la empresa, es decir, en parte a nuestra costa. Desde el punto de vista de la globalización, eso no representa mucho, se defenderán y, en todo caso, bien se sabe que el dinero no da la felicidad. Pero, como hace un siglo escribiera Jules Renard en su Journal, “si el dinero no te da la felicidad, devuélvelo”.

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(1) Véase el dossier “El archipiélago planetario de la criminalidad financiera”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2000.

(2) Informe del asesor de Estado Gilles Bachelier, “Les règles de territorialité du régime fiscal du mécénat”, Centre français des fonds et fondations, París, febrero de 2013.

(3) Susan George, Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder, Icaria, Barcelona, 2015.

Christian de Brie

Periodista.

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