El pasado 17 de marzo, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitía una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por un crimen de guerra: la deportación de niños ucranianos. Como el TPI no dispone de ningún medio para ejecutarla, su decisión carecerá de consecuencias a corto plazo para el interesado. Ahora bien, está muy lejos de ser intrascendente, ya que se trata de la primera vez que la institución inculpa al jefe de un Estado dotado de armas termonucleares, que además está en guerra.
A partir de ahora se abren diversos escenarios. El primero sería el de un refuerzo de (...)


