- STEVE BANDOMA. – “Treasure” (Tesoro), de la serie “Lost Tribe” (Tribu perdida), 2020
El juicio contra los presuntos asesinos del presidente burkinés Thomas Sankara y sus compañeros durante el golpe de Estado del 15 de octubre de 1987 comienza el 11 de octubre de 2021 en Uagadugú. El jefe del comando, Hyacinthe Kafando, todavía huido, y el acusado más esperado, el expresidente Blaise Compaoré, no figuran en el banquillo de los acusados. Evacuado por las tropas francesas durante la insurrección popular de octubre de 2014 (1), este último se refugió en Costa de Marfil. En cambio, el general Gilbert Diendéré, que dirigió las operaciones, así como Jean-Pierre Palm, por entonces jefe del Estado Mayor de la Gendarmería, sí estarán presentes junto con otros once acusados.
El capitán Sankara, en el poder entre 1985 y 1987, promovió un desarrollo económico centrado en el país, luchó drásticamente contra la corrupción, defendió la educación universal y la liberación femenina. Su orientación revolucionaria y social –en particular su denuncia de la deuda y de los diktats de las instituciones financieras internacionales en julio de 1987 en la tribuna de la Organización para la Unidad Africana (OUA)– le convirtieron en un símbolo de emancipación todavía vivo en África (2). Su capacidad para movilizar a la población burkinesa y su proyección internacional, sobre todo por su postura a favor de Palestina, provocaron la irritación de las cancillerías occidentales y de los dirigentes africanos “amigos de Francia”.
Durante años, la Justicia del régimen de Compaoré (1987-2014) multiplicó las maniobras para bloquear la investigación, a pesar de las acciones emprendidas desde el extranjero por abogados y activistas burkineses, como la campaña “Justice pour Thomas Sankara, justice pour l’Afrique”. Contra toda evidencia, el certificado de defunción del expresidente llevó la mención de “muerte natural” hasta abril de 2008. Fue necesaria la insurrección de los burkineses para que la situación se desbloqueara. En febrero de 2015, bajo la presión popular, el gobierno de transición reabrió el caso; las autoridades nombraron a un juez instructor, François Yaméogo, que demostró su independencia y compromiso (3).
La instrucción –y esta fue su primera aportación de importancia– permitió reconstruir el desarrollo de los acontecimientos del 15 de octubre. La investigación judicial confirmó la identidad de las víctimas enterradas de manera rudimentaria en Uagadugú. Al probar la presencia de soldados de la guardia próxima a Compaoré entre los miembros del comando, la instrucción demostró la responsabilidad directa de este, por entonces ministro de Justicia. Los asesinos salieron del domicilio de Compaoré, incluso tomaron prestado alguno de sus vehículos; irrumpieron en una sala de la organización regional del Consejo de la Entente (4) donde Sankara estaba reunido con seis miembros de su Secretaría y dispararon sin previo aviso, lo que demuestra su intención de asesinar y no de detener. Asimismo, la instrucción confirmó que el adjunto de Compaoré, Diendéré –que por entonces solo era teniente–, señaló a las personas que debían ser eliminadas entre los allegados del capitán y los oficiales leales detenidos en sus cuarteles.
Ramificaciones internacionales
Ante la falta de voluntad de los Estados concernidos, el juez Yaméogo cerró la pieza “interna” del caso dejando abiertas sus probables ramificaciones internacionales. Está por dilucidar el papel de la Costa de Marfil de Félix Houphouët-Boigny, indefectible apoyo de París, al igual que el rol de Francia, antigua potencia colonial y por entonces en plena cohabitación entre el presidente François Mitterrand y el primer ministro Jacques Chirac. Otros países podrían estar implicados. En octubre de 1987, cuando la Guerra Fría llegaba a su fin, París apoyó a Chad en su conflicto con la Libia de Muamar el Gadafi, antiguo aliado de Sankara, por el control de la franja de Auzú. También en esa época, el liberiano Charles Taylor –que gozaba de importantes apoyos en Trípoli, Abiyán y Washington– organizó la rebelión armada que ensangrentaría su país y desestabilizaría la vecina Sierra Leona durante siete años. Desentrañar el papel de unos y otros en el golpe de Estado contra Sankara, muy apegado a la estabilidad regional, tropieza siempre con secretos bien guardados.
Durante un viaje a Burkina Faso, en noviembre de 2017, el presidente francés Emmanuel Macron se comprometió a desclasificar información secreta, tal y como oficialmente había pedido el juez Yaméogo. No ha mantenido su promesa. Los dos primeros lotes de documentos desclasificados llegados a Uagadugú solo incluyen documentos secundarios. “El contenido comprende no solo notas diplomáticas, sino sobre todo análisis, notas informativas o incluso documentos locales (panfletos)”, se cuidó de precisar el embajador de Francia Luc Hallade, añadiendo que el tercer lote, entregado el 17 de abril de 2021, está constituido por “archivos del Ministerio del Interior […] relacionados con el contexto del asesinato de Thomas Sankara” (5). En resumidas cuentas, la entrega no incluye ningún documento proveniente de los gabinetes de Chirac y Mitterrand.
Fue la investigación judicial burkinesa la que reveló la presencia de agentes franceses en Uagadugú el 16 de octubre de 1987, el día siguiente del golpe de Estado. A raíz de esto, se rompió el silencio. “Cogimos los archivos de escucha concernientes a Blaise Compaoré y Jean-Pierre Palm, nos los repartimos y procedimos a su destrucción”, cuenta preservando el anonimato un miembro de los servicios de inteligencia burkineses. “Palm en persona vino a nuestro servicio, acompañado de franceses, […] en busca de pruebas de que estaba bajo escucha” (6). Otro alude a la presencia del mercenario francés Paul Barril. Esta es la segunda aportación clave de la instrucción, una de las primeras pruebas de la implicación francesa en el crimen.
Noticias falsas
Hasta entonces, pocos datos corroboraban una eventual complicidad de las autoridades francesas. Las reacciones hostiles de París a determinadas iniciativas de Sankara –como su apoyo a la inclusión de Nueva Caledonia en la lista de Naciones Unidas de territorios por descolonizar– son conocidas. En una carta dirigida a su ministro de Cooperación, Michel Aurillac, el primer ministro Jacques Chirac pedía, en represalia, reducir la ayuda francesa a Burkina Faso (7). Partidario de la revolución burkinesa, el periodista Elio Comarin, ya fallecido, refirió este apóstrofe del jefe del Gobierno francés: “Dígale a su ‘pequeño’ capitán que ponga en orden sus menudillos [vísceras de ave], de aquí a seis meses nos habremos ocupado de él” (8).
Otras maniobras provinieron del entorno del presidente Mitterrand tras una acalorada conversación con Sankara durante una cena oficial el 17 de noviembre de 1986 en Uadagugú. El joven capitán denunció especialmente las entregas de armas francesas a países en guerra y la invitación a París del sudafricano Pieter Willem Botha, figura emblemática del apartheid. Guy Penne, asesor para asuntos africanos del jefe del Estado francés, organizó entonces una campaña de desprestigio contra la revolución burkinesa. Puso en contacto a François Hauter, por entonces gran reportero de Le Figaro, con el almirante Pierre Lacoste, exdirector de la Dirección General de Servicios Exteriores (DGSE). La agencia de inteligencia exterior francesa suministró al periodista documentos destinados a alimentar una serie de artículos injuriosos que describían supuestas atrocidades cometidas por el capitán revolucionario. Se publicaron en 1986. “Tengo el horrible sentimiento de haber sido utilizado”, dice hoy Hauter (9).
El historiador estadounidense Brian Peterson, que pudo consultar archivos del Departamento de Estado, refiere un intento de desestabilización de Burkina Faso organizado por los regímenes africanos en buena sintonía con París: la llamada “guerra de Navidad” entre Malí y Burkina Faso en diciembre de 1985. Esta crisis se fabricó a partir de falsas acusaciones contra Uagadugú según las cuales sujetos armados habían cruzado ilegalmente la frontera con Malí. Bamako, pero también Costa de Marfil y Togo, sostuvieron contra toda evidencia esas acusaciones. Los esfuerzos de Sankara por aportar pruebas de buena fe fueron sistemáticamente ignorados. “Cuesta creer que las autoridades malienses desconozcan que los rumores que circulan son falsos”, afirmó el embajador estadounidense del momento, Leonardo Neher, según recoge Peterson. Un cable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) confirma la manipulación: “La guerra nació de la esperanza de Bamako de que el conflicto desencadenase un golpe de Estado en Burkina Faso” (10).
La investigación judicial esclareció otro punto decisivo: pese a lo que afirmaban algunos testigos, la presencia en el lugar del asesinato de liberianos, compañeros de Charles Taylor, no se confirmó (11). Sin embargo, ¿hay que descartar su implicación? Algunos de ellos se encontraban en Uagadugú. Se sabe que el propio Taylor fue a Burkina Faso en enero de 1987 a pedir la ayuda de Uagadugú para hacerse con el poder en Liberia. Según varios testigos, Sankara se la denegó; y según el exmercenario liberiano Prince Johnson, Compaoré le concedió su respaldo a cambio del apoyo al golpe de Estado del 15 de octubre de 1987 (12). Pero la instrucción no pudo verificar este punto, ya que el juez burkinés no obtuvo la colaboración de la justicia de Sierra Leona y Liberia. Costa de Marfil, por su parte, se negó a extraditar a Compaoré.
Inquieto por la proyección de la revolución burkinesa, el presidente marfileño Félix Houphouët-Boigny, pilar de la influencia francesa en la región, acogió y financió de buen grado a sus oponentes (13). Por su parte, el presidente libio Muamar el Gadafi reprochaba a Sankara que no le hubiese apoyado en su conflicto con Chad por el control de la franja de Auzú y que se hubiese negado al establecimiento de una de sus legiones islámicas en Uagadugú. Numerosos documentos de los archivos estadounidenses confirman esas tiranteces (14). La sangrienta guerra civil de Liberia acercó al marfileño Houphouët-Boigny, al burkinés Compaoré y al libio Gadafi, que apoyaban a Taylor. François-Xavier Verschave, especialista de la “Françafrique”, califica el asesinato de Sankara de “sacrificio fundacional” (15) que selló la inesperada alianza de los tres hombres. También era la opinión de Mousbila Sankara, por entonces embajador de Burkina Faso en Libia, según refiere su homólogo francés Michel Lévêque en un telegrama diplomático del 9 de noviembre de 1987.
El historiador Brian Peterson rechaza toda implicación estadounidense directa en el golpe de Estado del 15 de octubre de 1987, reflejada sin embargo en los testimonios de diversos actores liberianos (16). Sin embargo, desvela la participación de Michel Kafando (17), líder junto a Jean-Claude Kamboulé de la oposición burkinesa exilada en Costa de Marfil, en una reunión de la Liga Mundial Anticomunista (WACL, por sus siglas en inglés). Las relaciones entre Uagadugú y Washington eran distendidas hasta que Burkina Faso rompió las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en julio de 1987. El historiador también subraya que muchos oficiales burkineses participaron en el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional de Estados Unidos. Durante un encuentro con el presidente Houphouët-Boigny, en abril de 1978, Herman Cohen, subsecretario de Estado para asuntos africanos, habría insistido en que lo “desembarazara de la influencia de Sankara en la región” (18).
Los indicios que confirman la hipótesis de una conjura internacional siguen siendo limitados, pero existen. ¿Dispondrá la investigación judicial de medios para ir más allá?; las autoridades de los países sospechosos, ¿cooperarán sinceramente abriendo sus archivos? Queda mucho camino por recorrer para arrojar verdadera luz sobre la eliminación de Sankara, que continúa inspirando a muchos jóvenes africanos.