“Hay que castigar a España”. En respuesta a esta consigna extendida por las redes sociales argelinas, las autoridades de Argel anunciaron el 8 de junio la suspensión inmediata del tratado de amistad y buena vecindad firmado por España y Argelia en 2002. Ese mismo día, la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros argelina (ABEF) decretaba la congelación de las domiciliaciones bancarias relacionadas con operaciones comerciales desde y hacia España. La medida está lejos de ser baladí, habida cuenta de que España es el quinto proveedor de Argelia con 2700 millones de euros en exportaciones en 2019, el año anterior a la pandemia. Madrid, por su parte, es el tercer cliente de Argel, con importaciones gasísticas que ascienden a 2300 millones de euros.
Aunque las medidas coercitivas adoptadas por Argel no atañen al comercio de hidrocarburos –al menos de momento–, ¿cómo se explica semejante escalada? Todo se debe a la cuestión del (...)
