En 1998, los representantes de los gobiernos miembro de la ONU se reunieron en Roma y aprobaron un tratado que establece una jurisdicción mundial para juzgar los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y los genocidios. Un solo gobierno importante se negó a suscribir el tratado: Estados Unidos. (...) La legislación (the American Servicemembers’ Protection Act 2001) prohíbe a los estadounidenses colaborar con el tribunal y autoriza al presidente a “recurrir a todos los medios necesarios y apropiados para obtener la liberación de funcionarios de Estados Unidos, o asimilados, detenidos contra su voluntad por la Corte Penal Internacional”. Estados Unidos privó de toda ayuda a docenas de países que se negaron a reconocer la inmunidad de los soldados estadounidenses acusados de crímenes de guerra. A la inversa, Washington firmó acuerdos bilaterales con alrededor de un centenar de gobiernos que se abstienen de iniciar acciones contra los soldados estadounidenses y (...)
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Inmunidad para los soldados estadounidenses
por Phil Rees,
mayo de 2007
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P.-S.
Dining with Terrorists, pág. 176.


