Nadie se hacía muchas ilusiones sobre la autonomía de los poderes políticos en su relación con las finanzas globalizadas. Pero el plan de austeridad anunciado el pasado 12 de mayo por José Luis Rodríguez Zapatero, y los anteriores, decididos en Bucarest y Atenas, permiten llamar a las cosas por su nombre: sí, en Grecia, en Rumanía o en España, hay que disminuir los salarios de los funcionarios; sí, hay que congelar las jubilaciones; sí, hay que amputar el poder adquisitivo de la mayoría de la población, etc. No en nombre de un proyecto político (sea cual fuere), es, se dice explícitamente, para “calmar” a los mercados y a las agencias de calificación.
Estamos frente a una asombrosa forma de invertir la situación: luego de haberse salvado con el dinero de los contribuyentes de una quiebra generalizada que ella misma provocó, y que llevó a una explosión de la deuda pública, las (...)
