Desde los grupos que arrancan las plantas de maíz transgénico, hasta las asociaciones que –como Droit Au Logement (DAL, Derecho a la vivienda)– ocupan pisos vacíos, la desobediencia a la ley se ha convertido en Francia en una forma frecuente de acción política y social. Para justificarla se invocan razones imperiosas, como el principio de precaución –dado que se ignoran las consecuencias que pueden tener sobre la salud las plantas transgénicas– o la falta de dignidad social que afecta a las personas sin una vivienda digna. Esas justificaciones, evidentemente nobles, pueden lograr fácilmente adhesión. Sin embargo, cabe preguntarse qué responder a quienes oponen otros principios fundamentales, como la libertad de la investigación científica o el derecho a la propiedad (reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano).
Subjetiva y variable, la conciencia que cada uno tiene del bien y del mal no basta, en efecto, para justificar (...)
