Dos disposiciones del proyecto de tratado constitucional europeo ponen en peligro los principios laicos: el reconocimiento –en el preámbulo– de la “herencia religiosa” de Europa, y el artículo 51, que reconoce a las religiones el papel de interlocutores de las instituciones europeas.
Esas innovaciones –que despiertan la oposición de parlamentarios europeos y dividen a los Estados miembros– son en parte fruto de la presión de las asociaciones religiosas, fundamentalmente católicas, en el seno de las instituciones europeas. Se trata de que se reconozca la dimensión religiosa de la construcción europea y de esa forma conceder a las Iglesias un derecho a opinar sobre las grandes orientaciones de la UE. Esa presión aumentó particularmente después de las conferencias de Naciones Unidas (ONU) sobre población y desarrollo, en El Cairo, en 1994, y sobre los derechos de la mujer, en Pekín, en 1995, dos temas que preocupan mucho a las Iglesias.
El Vaticano está (...)
