Al consenso sobre la extensión de la colonización y sobre el rechazo de cualquier concesión se añaden varios dispositivos legislativos destinados a acallar la protesta:
– La “Ley Boicot” (2011) prohíbe cualquier llamamiento al “boicot a una persona debido a sus vínculos con Israel o a regiones bajo el control de Israel”;
– La “Ley Nakba” (2011) sanciona económicamente la conmemoración de la expulsión de 850.000 palestinos en 1948;
– La “Ley de Segregación” (2011) prevé la creación de “comités de admisión” para decidir si una o varias personas que vayan a instalarse en una localidad o ciudad son “convenientes”;
– La ley sobre las Organizaciones No Gubernamentales (2016) obliga a las ONG a declarar las subvenciones que provengan de Gobiernos extranjeros si representan más de la mitad de su presupuesto (quedando así excluidas las asociaciones de derechas y de extrema derecha sufragadas por fundaciones judías estadounidenses extremistas);
