A comienzos de 2009, bajo el impulso de los principales países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se decidió a dar un paso, tras haberse resistido durante mucho tiempo. Amenazó con inscribir a Suiza en la lista de paraísos fiscales –lo que habría implicado graves sanciones– si Berna no revisaba rápidamente al menos doce convenios llamados “de doble imposición” (CDI) adhiriéndose al principio de ayuda mutua internacional no sólo en caso de fraude, sino también de evasión fiscal.
En efecto, la legislación helvética realiza una distinción entre el fraude fiscal –es decir, la evasión de impuestos mediante la falsificación de documentos, considerada un delito penal– y la evasión fiscal, pasible de meras sanciones administrativas, y no autoriza pues el levantamiento del secreto bancario. Así, hasta 2009, las peticiones de ayuda mutua presentadas por los Estados extranjeros a las autoridades (...)
