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La Stasi digital, ¡por fin!

por Pierre Rimbert, junio de 2022

Estás en contra de los pedófilos, ¿a que sí? De modo que no verás inconveniente en que un robot abra tu correo para asegurarse de que no contiene mensajes o documentos sospechosos. Este es en pocas palabras el espíritu de un proyecto de ley presentado por la Comisión Europea el pasado 11 de mayo (1). El texto, que abarca tanto los sitios web como los servicios de mensajería encriptada tipo iMessage, WhatsApp, Telegram o Signal, introduce “una obligación para los proveedores de detectar, denunciar, bloquear y eliminar de sus servicios los contenidos relacionados con la explotación sexual infantil”. Pero la propuesta también impone “la detección de la captación pedófila”, es decir, de la invitación en línea de pequeños por parte de adultos con fines sexuales. El caso es que detectar este tipo de insidias implica un control continuo de las comunicaciones. “El proceso de detección es, en general, el más intrusivo para los usuarios”, admiten los burócratas antipedófilos de Bruselas, “porque requiere el escaneo automático de los textos en los intercambios interpersonales”. Incluyendo, dice Bruselas, los mensajes encriptados.

Resumiendo, la Comisión Europea propone que un programa escudriñe en las comunicaciones privadas de 450 millones de personas para cerciorarse de su legalidad. Es decir, el sueño incumplido de la Seguridad del Estado de Alemania Oriental. Con este fin, un “Centro Europeo para la Prevención y la Lucha contra los Abusos Sexuales a los Niños” ofrecería a las empresas programas informáticos de vigilancia gratuitos. Como señala el investigador en temas de cifrado Matthew Green, “al instituir estos sistemas obligatorios de detección en Europa, la Comisión los pondrá de hecho a disposición de todos los Gobiernos”. Sea cual sea, advierte Green, el programa “cometerá errores. Y una vez abierta la puerta a las ‘máquinas lectoras de tus mensajes’ con cualquier propósito, ya no hay límites” (Twitter, 11 de mayo de 2022).

Causa inatacable donde las haya, la lucha contra la pedofilia ha dado lugar desde hace décadas a un maremágnum de iniciativas legislativas. Los delitos excepcionales exigen medidas excepcionales, decimos a modo de consuelo. Sin embargo, la historia jurídica enseña que, en materia represiva, la excepción se convierte en regla (2). Desde el 11S hasta el estado de emergencia sanitaria, pasando por el movimiento de los “chalecos amarillos” y el de los camioneros en Canadá, los Gobiernos llamados “liberales” han recurrido sin que les tiemble el pulso a medidas que vulneran las libertades públicas. ¿Por qué no habría de ocurrir lo mismo con la confidencialidad de la correspondencia? Ante una situación de gran alarma social –un atentado, una revuelta, una epidemia–, el pretexto de la protección de la infancia se extenderá a la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la contaminación. La Comisión no se arredra ante tal perspectiva: “Las medidas contenidas en la propuesta afectan al ejercicio de los derechos fundamentales de los usuarios, en particular al derecho fundamental a la intimidad (incluido el secreto de las comunicaciones, como parte del derecho más amplio al respeto a la vida privada y familiar)”, reconocen los redactores del texto, quienes no obstante concluyen: “Aunque son de gran importancia, ninguno de estos derechos es absoluto y deben considerarse en relación con su función en la sociedad”.

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(1) “Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse”, Comisión Europea, Bruselas, 11 de mayo de 2022.

(2) Léase Raphaël Kempf, “El regreso de las leyes ‘perversas’”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2020.

Pierre Rimbert

Redactor jefe de Le Monde diplomatique.