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Historia de una jurisdicción que rara vez ha sido defensora de las libertades civiles

En Estados Unidos, un Tribunal supremamente político

Al dimitir del Tribunal Supremo, el juez Stephen Breyer le ha permitido al presidente Joseph Biden nombrar a su sustituto, que debe ser confirmado por el Senado. En esta ocasión, se tratará de una sustituta, ya que Biden ha prometido elegir a una afroamericana. No obstante, el equilibrio político del Tribunal no se verá modificado: la corte continuará favoreciendo políticas conservadoras.

por Alan Audi, marzo de 2022
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Selçuk

Washington, 9 de abril de 2021. Un camión recorre las calles del distrito del Capitolio y se ­detiene frente a la escalinata del Tribunal Supremo. Lleva carteles con un mensaje bastante contundente para el decano del Tribunal Supremo: “Breyer, jubílate”. Financiada por un grupo cercano al Partido Demócrata, la campaña pretende convencer al octogenario juez Stephen Breyer, de sensibilidad de centro-izquierda, de que deje paso a alguien más joven. Los activistas no han perdonado a la jueza feminista Ruth Badger Ginsburg la mala idea de morirse durante el mandato del presidente Trump, quien rápidamente la sustituyó por la jueza conservadora Amy Coney Barrett y blindó todavía más la mayoría reaccionaria en la corte suprema. La historia no nos dice lo que el juez Breyer pensó del episodio del camión, cuando precisamente acababa de argumentar que el Tribunal Supremo sacaba su legitimidad de su independencia política (1). En cualquier caso, Breyer entendió lo que tenía que hacer. El 27 de enero de 2022 anunció que se jubilaría en junio.

Esto no cambiará el equilibrio ideológico del Tribunal, algo que los conservadores sí consiguieron en su beneficio. Cuando un periodista le preguntó por el mayor logro de su mandato, el líder republicano del ­Senado, Mitch McConnell, no eligió un proyecto legislativo relevante. Su verdadera hazaña, dijo, fue remodelar el Tribunal Supremo de tal ­forma que quedara controlado por jueces cercanos a su partido.

¿Existe algún otro país en el mundo donde los políticos tengan tanta obsesión con la inclinación ideológica de sus jueces, y donde la opinión informada conozca y siga con atención los principales casos presentados ante su más alto tribunal? Incluso en un momento en el que, también en Estados Unidos, las redacciones de los medios de comunicación se han visto diezmadas, en el que la cobertura televisiva de las ­noticias internacionales resulta tan ­raquítica como mediocre, ningún medio de comunicación estadounidense importante prescindiría de un corresponsal en el Tribunal Supremo. Las sentencias del Tribunal siempre son noticia, y también los alegatos que las preceden, cuando los abogados de cada parte presentan su causa ante los nueve jueces. Las preguntas y reacciones de estos alimentan todo tipo de predicciones y cábalas, ya que cada juez puede dar a conocer una opinión disidente o explicar su desacuerdo con una decisión de la mayoría.

El debate sobre el alcance del poder del Tribunal Supremo coincide con los albores de la república americana. Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la sacralizada Constitución de 1787, abogaba por un sistema de poderes que permitiera a los jueces ir en contra de la voluntad de los representantes electos del país. Su propuesta no llegó a plasmarse en el texto final. Thomas Jefferson, otro de los padres fundadores y tercer presidente del país (1801-1809), consideraba que el “control por parte de los jueces” sería una “doctrina muy peligrosa que nos sometería al despotismo de una oligarquía”. “Nuestros jueces –proseguía– son tan honestos como los demás hombres, pero no más. Sienten, al igual que los demás, el mismo apasionamiento por el partido, por el poder y por los privilegios de su cuerpo” (2). En 1803, el propio Tribunal Supremo resolvió el debate a su favor, invalidando por primera vez una ley federal (sentencia Marbury contra Madison) y ­consagrando así su supremacía en materia constitucional (algo que recuerda al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea], que se otorgó a sí mismo este poder en varias sentencias en la década de 1960, por más que el Tratado de Roma nada dijera al respecto).

Unas décadas más tarde, en 1857, el Tribunal Supremo tuvo que considerar el caso de Dred Scott, un esclavo negro que argumentaba que, toda vez que su dueño lo había llevado a un territorio estadounidense donde la esclavitud era ilegal, él quedaba automáticamente convertido en un hombre libre. El tribunal falló a favor de sus propietarios, argumentando que los derechos establecidos en la Constitución no se extendían a los afrodescendientes, libres o esclavos. El clamor por esta sentencia contribuyó al estallido de la guerra civil en 1860 y a la posterior adopción de la “Cláusula sobre protección igualitaria”, integrada en la Constitución. En su primer discurso de investidura (4 de marzo de 1861), el presidente Abraham Lincoln rechazó cualquier forma de tiranía judicial: “Si la política del gobierno en cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo debe ser fijada irrevocablemente por el Tribunal Supremo, [...] el pueblo habrá dejado de ser su propio amo, pues entonces prácticamente habrá puesto su gobierno en manos de ese distinguido tribunal”.

Aumentar el número de jueces

La advertencia de Lincoln fue ignorada. En 1883, el Tribunal anuló la Civil Rights Act de posguerra. El abolicionista Frederick Douglas observó entonces que la corte había creado “una nación totalmente carente de poder para proteger los derechos de sus propios ciudadanos dentro de su propio territorio”. En 1895, pese a la disconformidad de cuatro de sus nueve miembros, eliminó el impuesto federal sobre la renta sujetándolo a condiciones que lo hacían inviable (uno de los jueces explicó su disentimiento considerando que la decisión del Tribunal ­representaba “nada menos que renunciar a la facultad de someter a impuestos a la clase acomodada”); la Constitución fue modificada en 1913 para anular estas restricciones. En el ámbito social, el Tribunal se opuso en 1905 al intento del estado de Nueva York de fijar un número máximo de horas de trabajo para los panaderos (10 horas al día, 60 horas a la semana), provocando la ira de Theodore Roosevelt y su partido progresista. Durante la Gran Depresión, invalidó varias de las leyes constitutivas del New Deal de Franklin ­Roosevelt. El presidente demócrata respondió con un intento de transformar la institución para añadirle seis jueces afines a su agenda. El clamor por este proyecto lo llevó a abandonarlo. El conflicto se fue apaciguando a medida que los jueces conservadores fueron sustituidos por otros que no lo eran.

En 1954, el Tribunal desagradó, esta vez, a los círculos más conservadores. En el caso Brown contra el Board of Education (1954), el Tribunal dictaminó por unanimidad que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional. Los antiguos estados confederados se sintieron indignados por la sentencia y alegaron que el poder judicial se había excedido en sus prerrogativas, vulnerando el “derecho de los estados” a organizar sus sistemas escolares como considerasen oportuno (una responsabilidad que escapaba al ámbito federal). Pero el argumento no prosperó. Esta decisión abrió un periodo de dos décadas durante el que el Tribunal, presidido entonces por Earl Warren (1891-1974), se posicionó no solo a favor de la desegregación escolar, sino también de los derechos de los acusados y de la libertad de prensa. La discrepancia fundamental no cambió mucho a partir de entonces: los conservadores se oponen al “activismo judicial” en áreas que consideran competencia de los parlamentos (Congreso y asambleas locales), mientras que los progresistas consideran que el Tribunal debe velar por los derechos civiles y sociales de todos los justiciables, con independencia del estado en el que residan. Y así lo ha hecho en ocasiones, incluso con una mayoría conservadora, cuando uno o varios de los jueces nombrados por un presidente republicano se unían a la minoría ­“demócrata”: en 1989, prohibió las sanciones penales contra un joven ­activista por quemar una bandera estadounidense, invalidando así leyes vigentes en 48 de los 50 estados. En 2003, anuló una ley de Texas que criminalizaba la homosexualidad, revocando así una anterior sentencia que avalaba dicha discriminación. Doce años después, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados.

Estas pocas sonadas sentencias y este (presunto) papel de protector de las minorías permiten al Tribunal Supremo gozar de un gran crédito ante actores políticos de los que más bien se esperaría que trataran de limitar su influencia. Porque, en su historia, rara vez ha sido un decidido defensor de las libertades civiles, excepto quizás en los tiempos del juez ­Warren: avaló el despojo de los nativos americanos, aprobó el internamiento de los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial y, después, los procedimientos que criminalizaban al Partido Comunista de Estados Unidos y a sus miembros durante la era del macartismo. Más recientemente, respaldó la decisión del presidente Trump de prohibir a los musulmanes la entrada a Estados Unidos. En otro ámbito, el Tribunal aceptó que una “presidencia imperial” pudiera prescindir de la aprobación del Congreso para lanzar operaciones militares en el extranjero. Por último, en 1976, el Tribunal interpretó la famosa cláusula de la Primera Enmienda de la Constitución –“El Congreso no hará ninguna ley [...] que coarte la libertad de expresión o de prensa”– de tal manera que los candidatos a las elecciones ahora prácticamente no tienen tope de gastos de campaña, con el pretexto de que el dinero es una forma de expresión...

Un sistema político maniatado

Con todo, una sentencia de hace casi cincuenta años, la del caso Roe contra Wade, es la que sigue generando más controversia. En 1973, el Tribunal dictaminó que una enmienda a la Constitución posterior a la guerra civil implicaba el derecho al aborto en todos los estados del país. Hoy, la mayoría de los jueces, entre ellos los tres nombrados por el presidente Trump, parecen dispuestos a revertir esa sentencia que impide a los estados que así lo desean prohibir el aborto. El plan para borrar esa decisión, considerada intocable durante mucho tiempo, ha permitido a toda una generación de candidatos republicanos cortejar al electorado evangélico. Pero, de producirse tal reversión, los estados interesados tendrían que dar el segundo paso y prohibir el aborto. Los conservadores correrían entonces el riesgo de movilizar a las mujeres que quieren seguir decidiendo sobre su maternidad. Y a la izquierda, que persiste en ver al Tribunal ­como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses, no le quedaría más remedio que reconsiderar su posición.

Llegados a este punto, imaginemos el desconcierto de un parlamentario estadounidense preocupado por extender la democracia en su país. ¿Una ley para limitar los gastos de campaña? Probablemente se declararía inconstitucional en virtud de la sentencia de 1976, ampliada en 2010. ¿Regulación nacional de armas de fuego? El Tribunal ha sugerido que no la consentiría. ¿Un impuesto sobre el patrimonio? Los nueve magistrados se inclinarían por invalidar la medida. ¿Una ley demócrata para acabar con el diseño de circunscripciones electorales que favorece a los republicanos? Cuesta imaginar que el actual Tribunal la acepte. ¿Qué espacio queda para una acción política ambiciosa en un sistema político tan maniatado?

El papel del Partido Demócrata

Cualquier cambio en este ámbito requeriría una modificación constitucional de muy incierto recorrido (3): una votación para enmendar la Constitución por una mayoría de dos tercios en cada cámara del Congreso, posteriormente ratificada por las tres cuartas partes de los estados... Y el caso es que atacar el exorbitante poder de los jueces resulta poco tentador para un Partido Demócrata dominado por las clases profesionales y urbanas, especialmente los abogados. Porque estas coinciden más bien con la posición de Hamilton sobre la necesidad de un poder judicial fuerte. En consecuencia, la oposición al control judicial absoluto de la que Jefferson, Lincoln y los dos Roosevelt fueron los voceros más famosos no dispone de conexiones políticas muy eficaces.

El pulso de Roosevelt con el Tribunal Supremo en la década de 1930 dejó claro, sin embargo, que los jueces tienen en cuenta la presión popular. Un magistrado confesó entonces que había revisado su oposición al programa del presidente al considerar “la tremenda tensión y la amenaza para el Tribunal existente” si persistía en su intransigencia. También hoy, el Tribunal sabe que su legitimidad será cuestionada si va demasiado lejos. Una parte de la izquierda estadounidense ha instado al presidente Biden a seguir el ejemplo de su ilustre predecesor demócrata aumentando el número de miembros del Tribunal Supremo, cifra que no está especificada en la Constitución. De momento no se contempla tal remodelación. Pero, dando un vuelco a la historia, ahora es el ala conservadora del Tribunal Supremo la que, al aumentar el número de sentencias impugnadas, podría provocar una reacción contra una institución hostil al sentimiento popular.

Quizá deba entenderse así la reciente sucesión de discursos y libros de jueces del Tribunal Supremo que aseguran al público estadounidense que ellos solo son intérpretes objetivos de la Constitución. “No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump... tenemos a un grupo extraordinario de jueces totalmente entregados y que dan lo mejor de sí mismos”, afirmó en 2018 el actual chief justice John Roberts (nombrado por George W. Bush), cuando el presidente Trump arremetía contra un juez nombrado por Obama que le había disgustado. Y, el pasado mes de septiembre, la jueza Amy Coney Barrett (recién aupada al Tribunal) anunció en un discurso que su objetivo era “convencer[les] de que el Tribunal no está compuesto por una pandilla de jueces partidistas”. ¿Quién era el público? Estudiantes del McConnell Center de la Universidad de Louisville, un centro que lleva el nombre del líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Este asistía al acto para aplaudir a la jueza nombrada en los últimos días del mandato del presidente Trump, cuya confirmación para el Tribunal Supremo había conseguido sin el apoyo de ningún senador demócrata.

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(1) Stephen Breyer, The Authority of the Court and the Peril of Politics, Harvard University Press, 2021.

(2) “From Thomas Jefferson to William Charles Jarvis, 28 September 1820”, Archivo Nacional de Estados Unidos, https://founders.
archives.gov

(3) Véase Daniel Lazar, “Cette pesante Constitution américaine”, Le Monde diplomatique, febrero de 2000.

Alan Audi

Abogado.

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