Pocos europeos saben que entre dos tercios y tres cuartos de los textos legales que rigen su vida de ciudadanos de países miembros de la Unión Europea (UE) no nacen en los propios Estados: son los Veintisiete o la Comisión Europea quienes los elaboran y los determinan. Cuando se trata de reglamentos y de decisiones, tanto los unos como las otras son directamente aplicables en cada país. Y cuando se trata de directivas, las cuales sólo indican objetivos a largo plazo, son los Parlamentos de cada uno de los Estados miembros los que deben trasladarlas a las leyes nacionales.
La casi totalidad de estos textos tiene como propósito unificar cada vez más un mercado interno de bienes y servicios de casi quinientos millones de consumidores. Por consiguiente, su contenido posee una importancia considerable para las empresas de todo el mundo que, al no deber preocuparse ya de las legislaciones nacionales en (...)
