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Todos sospechosos, todos culpables

abril de 2005

La legislación antiterrorista británica (Anti-Terrorism Crime and Security Act), adoptada en 2000 y modificada en diciembre de 2001, permitía el encarcelamiento sin límites, sin acusación ni proceso judicial, de extranjeros sospechosos de terrorismo, que se niegan a ser expulsados o no pueden serlo. Así, 17 personas fueron encarceladas –ocho de ellas durante tres años– en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. El 16 de diciembre de 2004, los más altos magistrados británicos declararon ilegales estas medidas. En efecto, las consideraron contrarias “al instinto y a las tradiciones del pueblo del Reino Unido” y discriminatorias, ya que sólo afectaban a los extranjeros. El 26 de enero de 2005, el ministro del Interior Charles Clarke abolió la distinción entre nacionales y extranjeros, proponiendo que "todos" los individuos sospechosos para el Security Service (MI5) de estar o haber estado relacionados con actividades terroristas, pero sobre quienes no existen pruebas (...)

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