“Usted acusó al Primer ministro de corrupción, por lo que se le imputa el cargo de incitación al odio contra el régimen y difusión de informaciones falsas. A partir de ahora queda detenido”. Cuando oyó a los oficiales de policía –que lo habían convocado en plena noche a una comisaría muy custodiada– enumerar esas acusaciones, el vicepresidente y director general del Centro de Derechos Humanos de Bahrein (CDHB), Abdulhadi Al-Khawaja, comprendió que corría el riesgo de pasar varios años de su vida en la cárcel.
Todo había comenzado dos días antes, el 24 de septiembre de 2004, durante un discurso pronunciado por Al-Khawaja en un simposio sobre “Pobreza y derechos económicos”. En esa intervención había relacionado directamente el “desastre económico” del país, con la “creciente desigualdad en el reparto de las riquezas”, la corrupción del gobierno y la situación de cerca de 80.000 ciudadanos de Bahrein que viven bajo el nivel (...)
