Durante la noche de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas del pasado 11 de junio, el primer ministro Édouard Philippe interpretaba la victoria de su partido de adopción. Los franceses, explicaba, habrían manifestado “sin ambigüedad” su apoyo a “la adaptación de nuestro derecho a las nuevas exigencias de seguridad ligadas al riesgo terrorista”. Estas declaraciones hacían referencia al proyecto de ley francés “que refuerza la lucha contra el terrorismo y la seguridad interior” presentado el 7 de junio en el Consejo de Defensa por parte del Gobierno. Este texto posee la ambición de trasferir al derecho común medidas de excepción posibilitadas por la declaración del estado de emergencia durante la noche de los atentados del 13 de noviembre de 2015: sobre la base de una simple sospecha, el prefecto y el ministro del Interior pueden ordenar restricciones domiciliarias, registros administrativos, colocación de brazaletes electrónicos...
Los miembros del Ejecutivo repitieron (...)
